Escribe Marcelo Ramal
Tiempo de lectura: 2 minutos
El gobierno celebró el “descenso” del índice de inflación de noviembre con un entusiasmo similar al que se emplea en estos días para festejar los goles de la escuadra albiceleste. Pero en el caso de la carestía, los informes del gobierno no pasan el filtro del VAR. Como ocurría en los tiempos del inefable Guillermo Moreno, los índices nacionales empiezan a diferir de los provinciales. Algunos especialistas atribuyen esas discrepancias al modo cómo se “ponderan” los precios justos o las tarifas reguladas. Los primeros rigen en los grandes supermercados, pero casi nada en el pequeño comercio. En cuanto a las tarifas, entre el 40-50% de los hogares quedó fuera de la segmentación. No se conoce la gravitación de los valores libres y de los regulados en el IPC. El director del INDEC, el massista Marco Lavagna, responde directamente al superministro del FMI.
En cualquier caso, la pretensión de una inflación “autopercibida” tiene un horizonte muy corto: el régimen de la deuda pública está sometido a la indexación, y los acreedores no tardarían en poner el grito en el cielo si ven afectados sus intereses. Los funcionarios omiten la otra razón del desinfle de precios: la retracción económica, a caballo de la degradación constante del salario.
Nadie apuesta un centavo por la desaceleración de precios, porque el programa oficial es inflacionario hasta los tuétanos: para fines de enero, están convocadas audiencias públicas para aumentos de tarifas en el mes siguiente. En marzo, vencen los “precios justos”. Las consultoras privadas anticipan un 6-7% mensual para diciembre y marzo, y una inflación 2023 que no bajaría del 100-110%.
Todos los anuncios bajistas de Massa, en este cuadro, son una gran venta de humo. Ha ´previsto´, por ejemplo, un menor ritmo de devaluación del dólar oficial, algo que choca con las exigencias de acumulación de reservas internacionales. El dólar oficial es un gigantesco subsidio a las patronales industriales, que importan insumos a ese dólar “cuidado” mientras aplican precios equivalentes a los dólares paralelos o financieros. Los precios justos son un “vuelto” de los monopolios alimentarios, deducido de esos beneficios extraordinarios. El régimen de múltiples valores del dólar es un rescate de los grupos capitalistas, a costa de la población trabajadora y de una carestía del 5% mensual como piso. El índice de precios, en ese cuadro, no pasa de ser una gran ficción.
Pero ¿adónde apunta entonces la operación política de presentar una supuesta inflación a la baja? El propósito del gobierno es preparar el terreno para revisiones paritarias a la baja – lo que los economistas llaman diplomáticamente ´desarmar las expectativas inflacionarias´. El primer blanco de esa operación son los trabajadores que dependen del presupuesto público. Del desfasaje entre la inflación real -y la recaudación de impuestos resultante-, por un lado, y los salarios, jubilaciones y gastos sociales, del otro, depende decisivamente el ajuste pactado con el FMI para el 2023. La burocracia sindical y todo el kirchnerismo se ha sumado a la celebración fraudulenta de un índice de precios con piso del 5% mensual. Ocultan a los trabajadores que ese nivel inflacionario comporta una colosal confiscación de los salarios incluso con ajustes bimestrales o trimestrales –como ocurre con las actuales negociaciones paritarias. Una revisión salarial, digamos, trimestral, ocurre después que la inflación ha corroído al 15-18% de los salarios reales. En oposición a las mentirosas “actualizaciones” que discute la burocracia sindical, cualquier revisión debe partir de un aumento de emergencia del 100%, que recupere la pérdida inflacionaria de, al menos, los últimos dos años, y la indexación mensual de los salarios. Los controles de precios “oficiales” son un arma fraudulenta para disimular la carestía, que exige, por el contrario, la apertura de los libros de los grandes grupos capitalistas, la clarificación de los subsidios escandalosos recibidos y el control obrero general.