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La deuda pública y semipública emitida en pesos alcanza al 20% del PBI y podría llegar al 26% si es remunerada, como ocurre, a tasas de interés por encima de la inflación. Estos porcentajes equivalen a 110 mil millones de dólares, que adeudan por mitades el Banco Central y el Tesoro nacional. No incluyen la deuda en dólares del Estado nacional, ni la deuda en pesos y dólares de provincias ni municipios. Tampoco la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI y otra relativamente menor con el Club de París y diversos organismos internacionales. La Corte, los K y el macrismo han armado, sin embargo, una disputa ‘de poderes’ por 125 mil millones de pesos anuales. Representa el 0.1% de la deuda nacional por todo concepto. Los Fernández, luego de despotricar contra el fallo judicial acerca de la coparticipación de impuestos para CABA, han hecho lo de siempre: recular en chancletas. Han decidido pagar de inmediato con la emisión de un bono, el TX, que vence en 2031, seguido de una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para aprobar un nuevo impuesto o una disminución de gastos (sociales), para recaudar fondos que le permitan pagar en efectivo. El saldo de la “crisis de poder” es un nuevo golpe contra los contribuyentes.
Rodríguez Larreta ha recurrido a la Justicia contra el pago en bonos de lo establecido por la sentencia de la Corte. El monto de ese pago cubre 90 días, con el inconveniente de que su valor de mercado equivale al 60% del nominal. Mientras se tramita esta nueva disputa judicial, que deberá esperar, por lo menos, a que termine la feria de enero, el intendente de CABA seguirá cobrando dos gravámenes que hizo votar a la Legislatura porteña, por el mismo valor de la suma reclamada. El ‘defensor de los porteños’ le cargó el fardo de la crisis judicial a los contribuyentes de la Ciudad, con impuestos que afectan el consumo –tarjetas e ingresos brutos- no a las ganancias capitalistas. La salida al bardo, unos y otros se la cargan al contribuyente. Es que responden a un mismo imperativo que es cumplir con las imposiciones del FMI. Los K no tienen ningún empacho, sin embargo, en denunciar al ‘poder económico’ y asegurar que defienden ‘políticas públicas’. El Presupuesto 2023, acordado con el FMI y el Tesoro norteamericano (que domina en el FMI) prevé un ajuste sin precedente de los gastos sociales.
Sergio Massa, el embajador del Tesoro de EEUU en el ministerio de Economía, no ha visto en la ‘crisis’ ningún impedimento para enviar el proyecto de ley de blanqueo de capitales, que permite a los evasores de impuestos lavar sus activos a la módica multa del 2.5%. Macri había hecho lo mismo en 2017, incluyendo a sus familiares, lo que no evitó la fuga de capitales que arrancó en abril del año siguiente. Lo único que podría lograr Massa, en medio de una inflación del ciento por ciento anual y una desmedida emisión de bonos, es que esos capitales se acojan al lavado mientras dejan la plata en el exterior. La pugna por la coparticipación porteña es un fuego de artificio de dos coaliciones políticas que necesitan disimular el distanciamiento del electorado, incluido el que supieron tener. No fue necesario el ‘clamor’ de las entidades patronales a favor del ‘estado de derecho’, encabezada por las norteamericanas (AmCham), para que el profesor Alberto Fernández ‘redescubriera’, según sus propias palabras, que “los fallos son de cumplimiento obligatorio”. Los K, con los Capitanich y Zamora, se metieron, otra vez, en una reyerta que sabían de antemano que no iban a sostener. Estas bravatas nacionales y populares se proponen acentuar un perfil ‘opositor’, sin abandonar el gobierno, aun a riesgo de provocar su disolución anticipada. El proyecto de ley que se enviará al Congreso, en las extraordinarias, para pagar a CABA por medio de un mayor ajuste fiscal, probablemente no logre los votos necesarios, lo que obligaría a gobernar con DNUs por todo un año.
La Corte se ha tomado dos años para dictar una medida “cautelar”; un verdadero despropósito. Se guarda para ella, como una extorsión, la futura decisión de fondo acerca de la coparticipación. Es probable que espere hasta después de las elecciones de octubre. El modo de dominación política armado a partir de la Reforma constitucional de 1994 está completamente desahuciado. La gran burguesía busca reunificar el sistema político para una política de devaluación y de poda legal gigantesca de los derechos laborales y previsionales. El defaul económico tiene su correlato en el default institucional.
