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A poco de cumplirse el tercer aniversario de su muerte, este lunes comenzó el juicio oral contra ocho de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, de 18 años, en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020.
Los acusados (Máximo Thomsen, de 23 años; Luciano Pertossi, de 21; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23 y Blas Cinalli, de 21) están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, lo que prevé la condena de prisión perpetua. La querella de la familia de Fernando es liderada por el ´mediático´ abogado Fernando Burlando. Los primeros testimonios presentados por la acusación -entre ellos, el de la mamá de la víctima- fueron demoledores.
Por su parte, la defensa de los imputados reiteró planteos de nulidad que ya habían sido rechazados en instancias previas. Su estrategia está centrada en el pacto de silencio que sellaron los rugbiers ante a las pruebas abrumadoras en su contra, incluidos numerosos testigos y videos registrados tanto por los propios rugbiers como por las cámaras de seguridad.
Hijos del poder
Todos los imputados se criaron en la ciudad de Zárate. Compartieron colegios y club -Club Náutico Arsenal de Zárate- desde los ocho años. Son todos hijos de personas ´influyentes´ de la pequeñoburguesía de la ciudad. Máximo Thomsen es hijo de la ex secretaria de Obras Públicas del municipio, la arquitecta Rosalía Zárate. Los hermanos Pertossi son hijos de Mauro Pertossi, supervisor de producción de la transnacional automotriz Toyota. También están detenidos los primos Lucas Fidel Pertossi y Alejo Milanesi.
Según diferentes testimonios divulgados luego de que se hiciera público el asesinato -que ahora nuevamente se repiten en el estrado judicial-, este grupo de jóvenes eran conocidos en la zona por protagonizar en forma corriente peleas y ataques en patota, sin haber sido molestados ni una vez. “Negro de mierda” era el insulto que, según los primeros testigos de la masacre de Fernando, repetían los asesinos. La impunidad de los hijos del poder.
Frente a las movilizaciones de amigos y vecinos exigiendo justicia por Fernando, cinco días después del asesinato, las autoridades policiales de Villa Gesell, bajo la supervisión del inefable Sergio Berni, clausuraron el boliche Le Brique, el lugar donde se iniciaron las agresiones. La razón de la clausura fue "por infracción al artículo 5 de la Ley de nocturnidad N°14.050 que prohíbe la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas en vasos, copas o similar, que superen los trescientos cincuenta (350) mililitros de capacidad" (Clarín, 23/01/20). Una payasada, para descomprimir la bronca. En cambio, los policías y Berni no tuvieron el ´recaudo´ de analizar el comportamiento del personal de seguridad y establecer las posibles responsabilidades penales y civiles que les competen. Al día de hoy, sin embargo, las puertas de Le Brique siguen cerradas.
Justicia por Fernando
A Fernando lo mató una patota que actuó con la impunidad a la que estaba acostumbrada, al amparo de bolicheros y autoridades de una ciudad turística que alienta la degradación de la juventud como sinónimo de diversión.
Los primeros testimonios fueron estremecedores. Los padres y amigos de Fernando mostraron una enorme entereza.
El capitalismo reduce las relaciones humanas a lazos mercantilizados. Las personas se convierten en una “cosa”, despojada de subjetividad. Las relaciones de opresión que el capitalismo impone no pueden ser difuminadas en conceptos abstractos del tipo "masculinidades tóxicas", como las que pusieron a rodar ´analistas´ de diferentes palos. El asesinato de Fernando es el emergente de esta estructura material y moral descompuesta; se impone ofrecer una salida revolucionaria y socialista a la juventud y los trabajadores.
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