La disputa por la coparticipación se fue de mambo

Han pasado seis meses desde que la Corte modificó la estructura del Consejo de la Magistratura, cuatro meses del atentado contra Cristina Kirchner y dos de la condena en el juicio por Vialidad. En ese mismo espacio de tiempo, CFK alteró la representación del Senado en la Magistratura, Luis Juez apeló ese cambio en la Corte, la Corte lo designó Consejero y el Senado ignoró esa sentencia. Enseguida después la Corte cambió el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández desoyó el fallo y luego de este amague reculó depositando el dinero en bonos y no en dinero, con perjuicio evidente para la administración porteña. En este marco de “guerra entre poderes”, que siempre dejó de lado a Sergio Massa, cuyas referencias son Nueva York y el FMI, aparecieron los ‘chats’ de los visitantes a Lago Escondido, que ponían de manifiesto un contubernio ‘sottoterra’ entre macristas, jueces, funcionarios de Larreta y hasta un asesor de Fernández – todos cobijados por el grupo Clarín. Cuando la copa se encontraba llena, otro ‘hackeo’ descubrió las comunicaciones ‘non sanctas’ entre el vocero del presidente de la Corte y los cortesanos porteños de Larreta para orientarlos en la disputa parlamentaria por la mencionada coparticipación y por la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura. De pasó volvió a estallar la estafa del acarreo de autos en la Ciudad y el monopolio de las playas de estacionamiento, seguida de una crisis de gabinete local. Por cuerda separada, los representantes judiciales de CFK exigían a la jueza Capuchetti la unificación de causas por el atentado y aseguraban poder demostrar la responsabilidad que les correspondían a Gerardo Millman, un acompañante de Patricia Bullrich, y a Caputo, un negociante macrista en lo ocurrido en la noche del 1 de septiembre. Como Marcelo D’Alessandro, el funcionario más ‘chateado’ en los ‘hackeos’, es ministro de Seguridad de Larreta, los K no dudaron en demandar que sea investigado por el atentado ocurrido en la jurisdicción de la policía de la Ciudad.

JxC y el diario Clarín no perdieron el tiempo en denunciar que todo este trapisondeo era el resultado de una “mesa militar” en la AFI, bajo la jefatura del ex jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani. Esto desató una disputa entre Milani y el jefe de la AFI, Agustin Rossi. El ex militar reprocha al albertista no haber salido en su defensa frente a los ataques. El intercambio de fogueos permitió que la opinión pública se enterara de que, bajo el gobierno de los derechos humanos, centenares de militares retirados operan desde el ministerio de Defensa y en la AFI – antiguos carapintadas de Seineldin y acusados de masacres en la represión al asalto al cuartel de Tablada en febrero de 1989. A fuerza de ‘hackear’ adversarios, los operadores del kirchnerismo se encontraron ellos mismo hackeados. Carlos Pagni no tuvo reparos en citar a un investigador norteamericano para denunciar que el gobernador de Santiago del Estero y su mujer, vicepresidenta del Senado, están involucrados en el narcotráfico y en el ingreso del Primer Comando Capital en Argentina, una organización que opera desde cárceles brasileñas. Tampoco se ha privado de mencionar que Rosatti, el presidente de la Corte, tiene al narco, o sea a Zamora, en su mira. En la contraofensiva de JxC reapareció el histórico espía ‘Jaime’ Stiuso, que pasó la información de la existencia de una ‘mesa militar’ en la AFI al Pro. La división en el frente oficial -peronismo, FdT- encontró su réplica en el bloque contrario. El vapuleado D’Alessandro tuvo que pedir ‘licencia’ para que no lo echen; el procurador de la Ciudad se encuentra en una situación similar. La relación mafiosa de funcionarios porteños con la Corte desató, además, una serie de choques y escisiones, tanto en el Pro como en la UCR. La política de los oficialismos -kirchneristas y macristas- se ha convertido en una operación de espionaje. La división es general.

En este contexto, a Alberto Fernández se le ocurrió plantear el juicio político a la Corte – en gran parte, advertimos, para madrugar al macrismo, ya listo para pedir lo mismo contra él, por tanto celular pinchado. Sergio Massa, que todos los días debe emitir billones de pesos para pagar intereses de Leliqs o comprar bonos de la deuda pública por medio del Banco Central, ha vuelto a pedir que lo dejen fuera del balurdo. Es también lo que más desean los dos Fernández, para que no les estalle en vacaciones una corrida cambiaria. El juicio político no puede prosperar en el Congreso, porque el oficialismo no tiene la posibilidad de reunir los dos tercios de los votos en Diputados. No es, tampoco, lo que importa al gobierno: el propósito es legitimar los ‘hackeos’, o sea probar su veracidad mediante la investigación que encarará la comisión parlamentaria para reclamar el Juicio Político. Todo esto podría ser una extorsión para mejorar la situación judicial de CFK, tanto en la apelación por Vialidad como en otros procesos que enfrenta. Arriesga convertir a la campaña electoral en el escenario de una disgregación política.

En este aquelarre hay algo que es verdaderamente real. Las instituciones del Estado y los partidos que responden a los intereses del capitalismo se han convertido, como nunca, en antros de conspiración política. Rosatti y la Corte son culpables; lo es la mafia de Lago Escondido; lo es el kirchnerismo y su cortejo de militares reaccionarios; lo son las estafas económicas de CFK, Macri, Larreta, De Vido, los contratistas de obras públicas, los Sturzenneger y los Massa – pagadores de una deuda usuraria con el sacrificio del pueblo.

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