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“El mercado financiero no se estremece tras actos terroristas en Brasilia”, tituló el diario brasileño O Globo. Se trata de la reacción contraria a la que tuvieron para recibir la reciente asunción de Lula a la presidencia, el pasado 1 de enero.
Lula realizó un encuentro “en defensa de la democracia” en el Palacio del Planalto con los representantes de todos los bloques políticos, incluyendo a los bolsonaristas. Entre ellos, estuvieron Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, y Celina Leão, gobernadora interina del Distrito Federal luego de la destitución de Ibaneis Rocha por su complicidad con el golpe.
Para Lula, los asaltantes “posiblemente sean víctimas, sean masas de maniobra”. A renglón seguido aseguró que no serán “autoritarios con nadie en nombre de la defensa de la democracia” y apuntó contra quienes financiaron los campamentos en las puertas de los cuarteles y los viajes de los de los amotinados. El señalamiento de la complicidad de la Policía y el Ejército no fue acompañado de nombres concretos.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, mitigó la responsabilidad del ministro de Defensa, José Múcio, en la liberación del terreno para la asonada. Exculpándose a sí mismo en su calidad de ministro de Seguridad señalo: “quiero hacer una defensa vehemente de la sinceridad del ministro Múcio al comandar una de las áreas más difíciles del gobierno, dadas las circunstancias y la historia brasileña. Él optó por el camino del diálogo y no puede ser condenado por eso”. A los golpistas que fueron arrestados “in situ”, el ministro los calificó de “vándalos”, no de golpistas, y se preocupó para que paguen los daños económicos que hayan generado los destrozos dentro de los edificios públicos. Dino felicitó a las Fuerzas Armadas por “no embarcarse en el canto demoníaco del golpe de Estado”, como si la tarea del ejército sea mantenerse neutral ante un golpe “contra la Constitución”. Entre los involucrados fueron señalados numerosos bolsonaristas de tercera línea. Entre ellos un sobrino de Bolsonaro, los presidentes de los directorios municipales de Monte Azul y Montes Claro (Minas Gerais), una diputada del Partido Liberal, un ex asesor del ministerio de Defensa, concejales de diversos distritos, así como militares retirados y ex funcionarios de rango menor del gobierno de Bolsonaro. Acerca de las figuras de primera y segunda línea, nada.
El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, anunció que los afiliados que participaron en las protestas serán expulsados. El rechazo al golpe es moneda común de los golpistas, desde Bolsonaro hacia abajo, para evitar un proceso judicial.
La intervención federal no resuelve, sino que deja planteado con más fuerza, el problema del Ejército. Hasta el momento no se emitió ninguna declaración de condena al golpe de parte de los altos mandos de la fuerza. El diario Valor Económico señaló que “la invasión de los tres poderes no sólo contó con la connivencia del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sino también del Ejército brasileño”, y agregó: “si la inacción de la Policía Militar del Distrito Federal puede resolverse con una intervención del Distrito Federal (…), la inacción de las fuerzas del Ejército depende de la acción del comandante del Ejército”.
Según Globo, “los comandantes Júlio Cesar de Arruda (Ejército), Marcos Sampaio Olsen (Marina) y Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) buscaron presentar justificaciones al ministro de Defensa, José Múcio. El principal argumento fue que tenían información de que la policía del Distrito Federal actuaría con prontitud para contener a los golpistas, lo que no sucedió”.
El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó el levantamiento de los campamentos golpistas de todos los cuarteles. En todo el país se desmovilizaron 34 campamentos golpistas, pero no se realizó ni un solo arresto. Los golpistas tuvieron tiempo de juntar sus cosas ordenadamente y retirarse del lugar sin inconvenientes. En diversos distritos, el desmantelamiento de los campamentos se produjo mediante la negociación entre la Policía y los acampantes. Fue el caso del Estado de São Paulo y de la Amazonía. El gobernador de São Paulo ordenó el desalojo pacífico. Moraes, había determinado la “detención en flagrancia” de los acampantes. Funcionarios de São Paulo dijeron que “cumpliremos con la orden judicial. Ahora, la forma en que se cumplirá será el diferencial aquí en São Paulo. Es una orientación de nuestro gobernador (Tarcísio de Freitas) para que esto se haga de manera pacífica y así se hará”. En la Amazonía, la seguridad de la gobernación debió levantar los campamentos sin ningún tipo de apoyo del Ejército.
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