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Los primeros decretos de Lula, a poco de asumir, derogaron las medidas más resonantes del bolsonarismo, como son las facilidades para la compra de armas, el restablecimiento del Fondo Amazonia y el retiro del programa de privatizaciones de empresas como Petrobras, Correios y la Empresa Brasileña de Comunicación. La exención de impuestos federales sobre los combustibles se ha extendido por 60 días y una posible extensión semestral o anual. También se viabiliza el pago de $600 reales del Bolsa Família.
La ceremonia de asunción, en el Palacio de Planalto, reflejó el amplio apoyo internacional con que cuenta el nuevo mandatario. Participaron alrededor de 160 delegaciones de todo el mundo, 19 presidentes, la ministra del Interior de Estados Unidos y el vicepresidente de China. A nivel local, unas 300.000 personas viajaron a la capital desde alejadas regiones del país para acompañar la toma de posesión. El discurso de Lula fue vitoreado por la multitud y replicado modestamente puertas adentro. La bolsa de Sao Paulo, al día siguiente, abrió con una caída del 3% y el real se depreció un 1.5 %. El cambio de frente de Bolsonaro a Lula, operado por la burguesía local y los gobiernos de Biden y de la UE, no se manifestó en los ‘mercados’. Lula pasó de una cárcel en Curitiba al Palacio Planalto cuando las grandes patronales advirtieron que Bolsonaro había llevado a Brasil a una catástrofe. En la larga mesa que Lula compartió durante su discurso a la sesión conjunta del Congreso, se encontraba la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosa Weber, con cuyo voto Lula fue a prisión, y su propio vice, figura clave en el golpe que derrocó a Dilma Roussef. Mientras Lula cumplía con la obligación de discursear ante el Parlamento, seguían en el lugar los ‘piquetes’ bolsonaristas instalados frente a diversas sedes de las fuerzas armadas, para pedir que ejecuten un golpe.
El discurso de Lula tradujo, con relativa fidelidad, la ilusión política del nuevo gobierno. Lula denunció al gobierno de Bolsonaro como pocas veces lo había hecho con anterioridad ante una platea que había dado su respaldo al fascista nonato y que ahora se ha concertado para apoyar las medidas que reclama la nueva administración. El abrazo de una destacada ministra de Bolsonaro, que enseguida presentó la renuncia al partido del ex mandatario, fue correspondido por Lula. Lula ha aumentado de 25 a 37 los ministerios de su gabinete, con el propósito de dar cabida a un frente que va del Psol, la izquierda arribista, a gran parte de la bancada de la triple B -Bala, Biblia, Buey- y aceptado el régimen de “presupuesto secreto” que goza cada parlamentario para financiar iniciativas propias, algo que fue validado por el Tribunal Superior. Hay que concluir de todo esto que Lula piensa que la derecha brasileña, luego de la experiencia con Bolsonaro, se ha convertido, como un acto evangélico, a la democracia. Esta es la ilusión que Lula necesita para gobernar, y la ilusión que marcará el derrumbe de su gobierno.
Contra lo que reitera el macrismo endógeno, para los ‘gurúes’ brasileños la situación del país es comprometida. “Las condiciones financieras externas no son tan buenas, las materias primas están cayendo y el desempleo, aunque alto, está por debajo del nivel de equilibrio”, señala la Folha de Sao Paulo. El gobierno de Bolsonaro ha dejado un déficit fiscal encubierto y la contrapartida de un gran endeudamiento. Es en lo que insiste el FMI. Del otro lado, los años bolsonaristas han aumentado escandalosamente los índices de pobreza. La inflación no es mayor debido a una política de altísimas tasas de interés que hace las delicias del capital financiero. Gran parte de los 350 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central tienen como contrapartida una deuda pública que supera el ciento por ciento del PBI, o sea que es cuatro veces mayor, y una fuerte presencia del capital extranjero en la Bolsa de Sao Paulo. Cualquier paso en falso del mercado mundial o del gobierno brasileño tiene la capacidad de crear las condiciones de un default en tiempo récord. Hace algunos meses, Henrique Meirelles, ex presidente de Banco de Boston y ex presidente del BC de Brasil, bajo Lula, denunció que la gestión bolsonarista ha dejado un déficit fiscal de 400 mil millones de reales (ochenta mil millones de dólares); más de 4 puntos del PBI brasilero.
Paulo Vieira da Cunha, quien fuera vicepresidente del Banco Central de Brasil en el gobierno de Lula 2006-2008, ofreció un pronóstico severo: “el eje del problema es la deuda doméstica en reales. En ese caso, como es una deuda doméstica, esa deuda se puede inflacionar. Eso resultaría en una crisis macroeconómica y del mercado financiero brasileño, como el de la Argentina (...). Todo eso crearía una crisis institucional muy grande.”
Lula tiene que enfrentar, y lo dice, algo mucho más grave: 36 millones de personas en situación de hambre. No ha insinuado siquiera que pretenda encarar esta crisis afectando las ganancias o prerrogativas del gran capital o de los grandes acreedores del Estado. Tampoco una consagración de derechos sociales y laborales, sino a las “políticas públicas”, como el aumento del gasto social y, en primer lugar, la elevación del Bolsa Familia y del salario mínimo. Es un planteo frágil, que será sacrificado a término, como ya ocurrió a partir del gobierno de Dilma Roussef, como consecuencia de la crisis fiscal. “Para el próximo año, hay cerca de un 2% del PBI, en gasto, que no está en el presupuesto”, señaló un economista. Antes de asumir, Lula había logrado la aprobación de una enmienda constitucional con las fuerzas parlamentarias que gobernaron con Bolsonaro, para que la “Bolsa Familia” no se encuentre limitada por el tope del gasto público que había colocado el gobierno anterior –lo mismo incrementos del salario mínimo.
Lula anunció también medidas que no suenan bien a los capitales bursátiles, como el reforzamiento del Banco de Desarrollo y el de préstamos personales y a la vivienda (la Caixa). Asimismo, ha frenado varias privatizaciones en carpeta. Estas medidas y la designación de un presidente de Petrobrás que se ha pronunciado en contra de alinear los precios internos del petróleo con los internacionales, explican el derrumbe con que la Bolsa saludó la inauguración del mandato. “Fue un discurso pobre en cuanto al contenido programático, dejando claro que utilizará BNDES, Caixa y autarquías para inducir gasto público sin ingresos”, señaló un directivo de fondos de inversión brasileño. Para el corresponsal de Clarín, es “un cinturón de seguridad para una bomba social que de no haberse garantizado habría condenado al nuevo gobierno a nacer muerto”.
Estas escaramuzas reflejan las contradicciones propias de la burguesía local, no un choque ‘ideológico’ con los nuevos administradores. Desde el fin del segundo mandato de Lula, Brasil se ha desindustrializado relativamente, por la tenaza de las exportaciones agroindustriales a China y las importaciones de manufacturas de China. Durante los últimos años “la industria perdió protagonismo, se 'primarizó', y el lobby de la agroindustria alcanzó un poder de propuesta y de veto insoslayable” (Clarín). Lula plantea una reindustrialización de la burguesía paulista, por medio de financiamiento público y medidas de protección. Para esto cuenta con el apoyo de EEUU y la UE, que la ven como un freno relativo a la penetración China, quien se ha convertido en la primera potencia inversora y comercial en América Latina. Lula ha insinuado, en sus discursos, esta crisis, haciendo referencia a la necesidad de recuperar presencia internacional, reactivar Mercosur y Unasur, y avanzar en el retrasado acuerdo comercial con la Unión Europea.
Bolsonaro abandonó el país antes de terminar su mandato. Al embarcarse a Estados Unidos, donde se juntó con el expresidente Donald Trump, sólo fue despedido por tres ministros de su propio gobierno. Enfrentará una serie de causas judiciales que tiene abiertas en su contra, junto a varios de sus funcionarios y familiares. Entre ellas, se encuentra el mal manejo de la pandemia, con un saldo de 700 mil muertos. Las brigadas bolsonaristas aún mantienen sus acampes en las puertas de los cuarteles, con el aval de las Fuerzas Armadas. Lula no ha contado con el apoyo de las fuerzas armadas para desalojarlas. El retorno de Lula al gobierno no es, de ningún modo, el fin del bolsonarismo, que ha construido tentativamente el escenario para recurrir al golpe de Estado, apenas la gestión actual quede atrapada en sus contradicciones. La Folha de San Pablo reveló a fines de noviembre que los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas habían decidido abandonar sus cargos antes de la asunción de Lula de manera sorpresiva. Dos exministros de Defensa lo calificaron como “un gesto de insubordinación” hacia las nuevas autoridades.
Los Fernández depositan enormes expectativas en la gestión de Lula. Lula le habría dicho a AF que “lo iba a ayudar”. El propósito es crear un entramado internacional, por lo menos latinoamericano, que inyecte aire a la campaña que proyectan Massa y Cristina Kirchner. Hasta nuevo aviso, cuentan con el apoyo del FMI.
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