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La resolución girada por el rectorado de la UBA el viernes 3 de abril a altas horas de la noche donde se establece el corrimiento del calendario académico -desde el 1 de junio al 23 de marzo- ha despertado enormes choques, en primer lugar, entre las propias camarillas universitarias.
Página 12 (7/4) recoge las “sorpresas y críticas” que ha generado la resolución del rector Alberto Barbieri al que acusan de “cortarse solo”. Empezando por el propio CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que ha cuestionado las condiciones de establecer una fecha para el inicio de clases, hasta el conjunto de las Universidades Nacionales han salido a despegarse de la UBA. Con los tapones de punta el rector de la Universidad de Córdoba, Héctor Juri, se preguntaba en ese medio si Barbieri tenía “el oráculo” para saber cuándo se va a resolver la grave pandemia del covid-19. Las universidades del conurbano afirman que la UBA “ha tenido presiones de algunos sectores para definir ese calendario”. La UNLP (La Plata) ha salido también a diferenciarse, argumentando que ellos “van a seguir las directivas del gobierno nacional”. Clarín, por su parte, ha salido de vocero de Barbieri explicando que esta ha sido una decisión consultada con ´infectólogos´ y ´representantes´ de los ministerios de Salud y Educación (4/4). No asistimos, por supuesto, a ningún debate educativo o sanitario. Se anuncia un conflicto político en puertas.
La medida del rectorado deja abierta la posibilidad de que cada facultad continúe con las clases virtuales, colocando al calendario académico solo como ´referencia´, sin especificar cómo se compaginaría luego con el formato que arranca de junio. No todas las facultades, en realidad, han comenzado con esas clases virtuales. Las que pudieron poner en pie esa modalidad, aun de forma parcial (Económicas, Derecho, Medicina) dejan atrás a las que carecen de cualquier mínima estructura (Sociales, Filosofía) o incluso a las que, por su especificidad, el formato virtual es incompatible (FADU). Tampoco queda claro en qué consistiría ese formato de junio. Se sabe que la mayoría de las facultades no tienen ninguna condición edilicia para evitar un rebrote si se establece una vuelta a la modalidad presencial. Las disposiciones mínimas de ´alejamiento´, sin mediar una extraordinaria inyección de presupuesto para remodelar los edificios y abrir nuevas comisiones, puede significar una bomba epidemiológica.
Cabe preguntarse por qué Barbieri ha decidido comprarse todos estos problemas. Es cierto que, de tener éxito, la camarilla del rectorado de la UBA puede picar en punta en la lucha por los recursos del presupuesto educativo y convertirse en la cabeza de un proceso de virtualización/privatización de la educación superior. Pero también podría tratarse de un motivo mucho más inmediato: retomar la recaudación de los “recursos propios”, los cuales multiplican varias veces el presupuesto nacional otorgado a las universidades.
La intención de extender ininterrumpidamente -hasta marzo del 2021- el calendario coloca a los trabajadores del sistema educativo y a los estudiantes al arbitrio total de las autoridades. A pesar de eliminarles la cláusula gatillo y recortarles brutalmente el salario a docentes y no-docentes, se les quiere imponer una gran cantidad de condiciones de trabajo jamás discutida por ellos, comenzando por la ´virtualidad´ forzosa. La guerra entre las camarillas universitarias es un ataque a los estudiantes y trabajadores.
La incapacidad del actual régimen social de sostener una educación general accesible al conjunto de la población se expone como nunca. Las camarillas universitarias han colocado sus propios intereses durante toda la pandemia excluyendo a sus trabajadores de cualquier decisión. El carácter antidemocrático, improvisado y antieducativo del gobierno universitario nunca fue tan claro. Es necesaria una deliberación de fondo del conjunto de los trabajadores del país, la juventud y los partidos y agrupaciones que luchan sobre el presente y el destino de la educación superior argentina.
