Millones de rechazados para el IFE exigimos el pago del subsidio a todos los inscriptos

La masiva inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el que se anotaron 12 millones de personas, demostró la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran más de un tercio de las familias del país ante la pandemia del coronavirus. Trabajadores en negro que no tienen garantizado el cobro de su salario, desocupados que han perdido toda posibilidad de hacer changas, trabajadores autónomos que han perdido todo ingreso, se agolparon en los locutorios de los barrios con la esperanza de poder acceder al magro ingreso de $10.000 prometido. Nos enfrentamos a la necesidad de cuidar nuestra salud y la imposibilidad de hacerlo: ningún trabajador puede permanecer dentro de su casa si no tiene qué comer. A su vez, somos los más expuestos a sufrir las consecuencias de la pandemia: por las condiciones de hacinamiento, humedad de las viviendas, la falta de cloacas y agua potable, la gran mayoría de los habitantes de las villas y asentamientos contamos con antecedentes de enfermedades respiratorias: asma, bronquiolitis y hasta tuberculosis son frecuentes. No contamos con atención en clínicas privadas, y conocemos de primera mano el vaciamiento de los hospitales públicos producido en las últimas décadas. En la actual situación, se nos ha colocado en una encrucijada entre el virus y el hambre.

A una semana de haberse desembolsado US$250 millones a los bonistas tenedores de deuda, se procede a “denegar” el subsidio a un gran porcentaje de los solicitantes. Sabemos que se trata de un intento por reducir la cantidad de subsidios a un número cercano a los 3 millones que inicialmente se habían previsto. De ser así, 9 millones de personas con necesidades reales quedarían sin este ingreso mínimo, que ante los aumentos de precios tampoco es capaz de cubrir las cuestiones más básicas.

Hemos registrado motivos de rechazo a los que nos oponemos, como por ejemplo:

-por compartir la vivienda con un jubilado o pensionado, o alguien que cobre un plan social (como por ejemplo el Programa Hogar, que otorga $183 a familias que no cuentan con gas natural, o los $8500 de los planes a desocupados) o tenga un trabajo en blanco, aunque cobre el salario mínimo ($17.000), aunque ese ingreso no alcance para sostener a toda una familia (incluso a más de una, ya que muchas veces nuestras familias deben compartir el techo ante la imposibilidad de acceder a otra vivienda). Se ha rechazado el subsidio a familias que cobran un plan social municipal, sin atender a los montos de miseria de los mismos, como es por ejemplo el caso del “ticket social” de la Ciudad de Buenos Aires, de $1100.

-a mujeres que sufren violencia de género, cuyos agresores no han modificado su domicilio, se les niega el subsidio argumentando que habría otro ingreso en el hogar, aunque una orden de restricción impida el acercamiento por ser un riesgo para sus vidas y/o las de sus hijos.

-por tener deudas con Afip (en el caso de los monotributistas), planteándose que no podrán cobrar subsidios hasta regularizar la deuda. No se contempla que muchos trabajadores autónomos (microemprendedores, taxistas, pequeños comerciantes) arrastran meses -años ya- de pérdida de ventas y clientes: es la recesión económica, y ahora la crisis sanitaria, lo que impiden a estos trabajadores estar al día con este impuesto.

-por tener un automóvil o vivienda de su propiedad, aún cuando esa propiedad es su herramienta de trabajo o vivienda única. Los trabajadores que perdieron sus empleos durante los últimos años, e invirtieron la indemnización recibida en un auto para trabajar como choferes, hoy no pueden siquiera pagar el mantenimiento de ese vehículo.

-por tener más de 65 años, aunque no cuente con ningún otro ingreso, es decir: una discriminación del sector que se encuentra en mayor riesgo ante la epidemia.

-por errores de la plataforma de ANSES, que para una gran cantidad de personas que no hubieran gestionado antes planes sociales, registra la fecha de nacimiento de las personas como 01/01/1901, siendo este un dato no puede ser modificado por internet.

Al mismo tiempo, se ha demorado la entrega de alimentos comprometida con las organizaciones sociales, incumpliendo los plazos que el propio ministerio había fijado para ello. Asistimos a la tercera semana de cuarentena y regiones enteras aún esperan este paliativo. Los comedores reciben el triple de demanda, pero no reciben siquiera los mismos alimentos del mes anterior. El gobierno, en vez de obligar a las empresas productoras de alimentos a proveerlos a precios acordes a la emergencia que se vive, y disponer un control de las mismas a cargo de los trabajadores, paga sobreprecios, legitimando así la escalada inflacionaria en cada barrio, la cual hará más urgente la necesidad de un ingreso para los precarizados, desocupados y autónomos. Como resultado del escándalo generado por esta situación, encontramos paralizada la entrega de la mercadería, tanto por el recambio de los funcionarios a cargo como por las propias contradicciones de la política de precios que nos pone frente a un probable desabastecimiento de productos esenciales, como el aceite o los fideos. Rechazamos esta salida: debe disponerse la apertura de los libros contables de estas empresas, incautar las existencias e intervenir la producción bajo el control de los trabajadores. Los alimentos deben llegar a los barrios de manera inmediata.

El pueblo lucha por el cumplimiento efectivo de la cuarentena. Los trabajadores de la salud reclaman insumos para la atención y elementos de protección personal para no ser vectores de transmisión del virus. Quienes producen alimentos pelean por protocolos de seguridad en las fábricas y medios de transporte. Y los desocupados y precarizados reclamamos, para poder “quedarnos en casa”, que se asegure el alimento, la limpieza y la higiene de nuestras familias y nuestros hogares. El gobierno debe garantizar las condiciones para que la cuarentena sea posible.

Reclamamos: La continuidad de la cuarentena estricta, sin flexibilización.

El pago de pago del subsidio de $ 10.000 de todos los anotados.

Aumento del monto del subsidio al valor de la canasta familiar.

Pago proporcional por el medio mes de marzo y pago completo por el mes de abril. Continuidad del subsidio en los meses próximos.

Entrega de alimentos, productos de limpieza e higiene (guantes, barbijos, alcohol en gel, lavandina, repelentes para mosquitos, etc) para todos los vecinos de los barrios más pobres del país, supervisada por comités de trabajadores, vecinos y organizaciones barriales. Refuerzo de la asistencia a través de comedores con viandas, con todas las medidas de protección.

Campaña masiva de vacunación gratuita en los barrios contra la gripe y neumonía, y operativo sanitario de fumigación y descacharrización en las zonas afectadas por el brote de dengue.