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La sentencia dictada en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, suscitó una ola de pronunciamientos de los sectores políticos, aun mayor que la que se difundieron por los medios y las redes durante el desarrollo del proceso. Los posicionamientos se centraron en la cuestión de la condena a perpetua. En el caso del FIT-U los pronunciamientos fueron diversos.
Izquierda Socialista (IS) se anticipó a la sentencia con el reclamo de “¡Perpetua para la asesina patota de los rugbiers!”. Para las otras corrientes del FIT-U, ese planteo era “derechista” o “híperpunitivista”. IS remarcaba el contraste social entre la víctima, “único hijo de un matrimonio humilde de trabajadores paraguayos”, y los victimarios, “estos jóvenes 'de buena familia' y 'buena' educación”. Sin atender a esta ‘ventaja’ educativa, IS se preguntaba: “¿Los padres [de los rugbiers] hicieron algo para corregir semejante conducta? Nada”. A diferencia del trabajo de la fiscalía, la querella y la defensa, IS no ha presentado pruebas de esta imputación.
Establecida su posición ‘clasista’, IS descarrilaba hacia la cuestión de género: “este hecho salvaje ha dejado en evidencia una vez más el brutal machismo y el uso de la violencia como forma de legitimar una supuesta posición de dominación, con la aniquilación del otro como moneda corriente en esta sociedad patriarcal”. Como la “sociedad patriarcal” ha condicionado, a su propia manera, a los victimarios y a las víctimas, no se entiende cómo sirve para explicar el crimen, ni qué decir que quiera inculpar también a Fernando por la pelea ‘machista’ que desató la tragedia final. Que una corriente socialista evapore, mediante el recurso a la ‘otredad’, el antagonismo irreconciliable entre las clases, es un verdadero fiasco ideológico. IS husmea en los lugares comunes del progresismo barato para coincidir con Burlando en el reclamo de cadena perpetua. La condena a vegetar de por vida en una cárcel promiscua, con una fuerte población lumpenizada, es peor que la pena de muerte.
Antes del fallo, el Partido Obrero oficial, en el apuro por ‘fijar posición’, aseguró que “la condena ejemplar de los imputados es necesaria para disuadir la sensación de impunidad con que operan esta clase de bandas y los verdugos de la juventud trabajadora”. La “ejemplaridad” de las sentencias judiciales viola los principios elementales de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos. La obligación del Poder Judicial es juzgar de acuerdo a las pruebas, no para aleccionar a la sociedad. Ese artículo del PO oficial añade a la arbitrariedad de clase de la Justicia, la arbitrariedad de su aparato judicial para decidir sobre la vida de los ciudadanos.
Sin mediar explicación alguna, el PO oficial cambia redondamente de posición: “la derecha de los Milei o Juntos por el Cambio, dice ahora, aprovechó para insistir en la necesidad de una condena ejemplar, no contra la práctica común de dejar impune a los hijos del poder sino como puerta a la vía libre para los atropellos contra la juventud por las fuerzas del Estado”. El PO oficial no elabora una posición propia sobre el proceso judicial y el tema de la perpetua, sino que denuncia el ‘aprovechamiento’ que hace la derecha, o sea la interpretación y la instrumentación que ella hace, en especial Milei, con quien Gabriel Solano continúa una competencia acerca de quién es más liberal. El propagandista del tráfico de órganos le ha quitado al FIT-U el espejismo de la “tercera fuerza". Naturalmente, deja de lado que IS coincide con Milei y con su correligionario Burlando en la condena a perpetua.
“La derecha”, insiste el PO para hablar del juicio en forma oblicua, “carga las tintas en una pena máxima individual como forma de absolver la responsabilidad social y especialmente estatal en estos crímenes, que forman parte de toda una trama de violencias que marca a fuego a las generaciones actuales”. Esta tesis de la violencia generacional es un monumental dislate ante las tragedias pasadas y presentes de las guerras imperialistas. Por otro lado, no explica qué es la “responsabilidad social”, a la que no da importancia de todos modos, porque recalca que es mayor la “responsabilidad” del Estado. Pero el Estado no puede prevenir los delitos cuando se asienta en la defensa de un régimen de propiedad privada. Salvo, claro está, que el PO oficial crea conveniente para ello aplicar un espionaje masivo, con infiltrados y televigilancia, como propugna la “seguridad democrática” de Verbitsky, que aplican todos los Estados del mundo –el espionaje digital.
Todo este desorden conceptual describe a un aparato de izquierda condicionado por el impresionismo, o sea, carente de una concepción de conjunto de la sociedad y la política. El PO entiende que hay una responsabilidad social en este crimen, es decir, del conjunto de la sociedad, equivalente a la responsabilidad del Estado. En el banquillo de los acusados, por lo tanto, no debería estar un individuo en particular, ni un grupo de ‘rugbiers’, sino la sociedad en su conjunto, como partícipe necesaria de “una trama de violencias”. Un dislate sin atenuantes.
El PTS promete “una visión marxista y socialista” sobre el caso, como si esto estuviera en duda. Denuncia que, en la “cosmovisión burguesa”, las “causas sociales de crímenes como éste se esconden tras bambalinas”. El articulista de La Izquierda Diario no se toma el trabajo de sacar a luz esas “causas sociales”.
Para el PTS “el Código Penal no es más que la traducción articulada de aquello que para las minorías poderosas y dominantes es 'delito'”. Incluso si esta simplificación vulgar fuera cierta, la calificación del delito ha tenido una larga trayectoria desde el Código de Hammurabi hasta el presente, e incluso a lo largo de la historia del capitalismo. El desacato, por ejemplo, que pena la descalificación de las autoridades, fue derogado. Lo mismo ha ocurrido con el delito del aborto. La lucha del proletariado por sus derechos ha flexibilizado mucho los códigos judiciales. Una manifestación de esos avances es el juicio oral y público que medió en el caso del crimen contra Fernando; hubo una exposición abierta de pruebas y un debate judicial transmitido por Youtube. La condena de perpetua no significa que se deba tirar al inodoro al bebé con el agua sucia. Las ‘clases dominantes’ no tienen una posición única acerca del delito ni podrían tenerla, porque la sociedad capitalista es un desarrollo de contradicciones. El planteo del PTS es mecanicista y subjetivo; hoy mismo, los voceros de la burguesía, lejos de ‘articular’ el concepto de delito, discrepan públicamente sobre la sentencia en cuestión, y encima hay en marcha un juicio político a la Corte. En treinta años de existencia, el PTS no se ha despojado de su academicismo de origen, ni manifiesta la menor intención en hacerlo.
El PTS, de todos modos, se pronuncia en contra del “castigo ejemplificador”, al que atribuye “provoca(r), garantiza(r) y reproduc(ir) la gran mayoría de los crímenes”. Denuncia que la derecha se ha montado de la “sensibilidad popular” sobre el caso para realizar una “campaña hiperpunitivista”. Pero unos días antes, el mismo PTS afirmaba que, a pesar de “las evidencias que muestran un odio xenófobo y de clase” por parte de los rugbiers, éstas “no han sido contempladas como agravantes en el caso”. Es decir que pedía una pena mayor a la misma perpetua, por el adicional de “agravantes”. Ni la burguesía articula los delitos ni el PTS articula dos ideas juntas.
El PTS se vale del ‘machismo’ y de la ‘masculinidad tóxica’, que articulan el relato de ‘trotskistas’ y kirchneristas; el materialismo histórico brilla por ausencia. El PTS destaca “la prepotencia y el machismo que permean ampliamente el mundo del rugby”. No propone, sin embargo, como ocurre con el fútbol y el box, un rugby femenino. ¿O habría que eliminar el rugby? El deporte moderno es el resultado de un largo recorrido histórico, desde la época en que la actividad lúdica se practicaba sin reglas. El deporte, desde antes de la Grecia antigua, fue apreciado como un factor poderoso de civilización. Desarrolla la disciplina y el trabajo colectivo; ha sido usado por los ejércitos para desarrollar un espíritu común de combate. El gran macaneo identitario hace reposar todas las actitudes humanas en la pertenencia a categorías separadas, sin vocación de universalidad, en una suerte de fundamentalismo generalizado.
Acá ha habido un crimen y se han reunido las pruebas acerca de los responsables. La discusión es sobre la sanción de una perpetua que equivale a una pena de muerte. Sobre un diseño penal de castigos que perpetúa la exclusión y la violencia. Sobre la incapacidad de crear un sistema de recuperación social, que el propio régimen de explotación vigente hace imposible, con el avance de la desocupación, la superexplotación y la pobreza. Afirmar, como lo hace una articulista de Página/12, que repite todos los lugares comunes, que los asesinos de Fernando “forman parte del tejido patriarcal que construye una masculinidad basada en la supremacía y la opresión”, es una justificación de hechos consumados.
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