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Una masiva movilización copó Madrid durante la tarde del domingo 12 de febrero. Las fuentes oficiales hablan de la presencia de 250 000 personas, los organizadores elevan este número a un millón de personas -el equivalente a un tercio de la población madrileña-. Bajo la consigna “Madrid se levanta y exige sanidad pública”, la convocatoria estuvo centrada en el reclamo al gobierno autonómico de Madrid, presidido por la derechista Isabel Díaz Ayuso, de mayor inversión en la salud pública y la contratación de más personal para hacer frente a la demanda creciente de pacientes, tanto de médicos generales como pediatras. Según los propios médicos hay 600 000 madrileños sin un médico asignado y 200 000 chicos sin un pediatra de referencia.
La tensión ha ido en aumento desde finales de noviembre cuando el sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid declaró la huelga general por tiempo indefinido, que ha sido sostenida durante más de 10 semanas y a la cual han adherido 5000 médicos, lo que ha llevado a una casi paralización del sistema sanitario. El apoyo a la medida de los médicos ha aumentado, algo que ha quedado demostrado con el incremento en la participación de manifestantes en las movilizaciones. En noviembre, la policía había calculado 200 000 personas y los organizadores 600 000.
Ayuso denuncia las protestas como acciones de campaña electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición gobernante ante los comicios municipales, autonómicos y generales de este año.
La secretaría general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, Angela Hernández, declaró en la propia movilización: “el protagonismo es de los vecinos, que son los que convocan”, apartándose de toda iniciativa ante la movilización.
La multitudinaria convocatoria no ha dependido ni de los sindicatos, como reconoce la propia Hernández, ni del gobierno nacional que en sus gobiernos regionales aplica la misma política de ajuste y privatización que la derecha del Partido Popular y Vox. Madrid se destaca por su baja inversión en salud pública -menos de 1500 euros por habitante al año-, que la coloca por debajo de la media nacional (1850 euros) y, aún más lejos, de los gobiernos autonómicos de Euskadi o Asturias que superan los 2000 euros por habitante.
Las huelgas médicas se extienden a lo largo del país; el caso madrileño se ha destacado por la profundidad de sus medidas y por la masividad de las movilizaciones que han convertido a una disputa sindical en una cuestión política central. El reguero de huelgas europeo golpea con mayor fuerza a todos los países, principalmente a los socios de la OTAN, ante la crisis humanitaria que ha desatado tras los tarifazos y la desindexación del salario frente a la inflación galopante.
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