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Todos los días es noticia en Rosario la cantidad de homicidios que se cometen en la ciudad y alrededores y su vínculo más o menos manifiesto con la actividad delictiva del narcotráfico. En las primeras dos semanas de febrero la cantidad de crímenes sobrepasó el promedio, alcanzando los 17. Mientras se caracteriza, de parte de todos los partidos y el gobierno, como una crisis histórica en tema “seguridad”, las contradicciones entre estos sobre el asunto vienen implosionando día a día. La orientación en que se desenvuelve la famosa “lucha contra el narcotráfico” se basa en la “prevención del delito”, que poca y casi nula efectividad tiene.
Guerra de camarillas
Ante la creciente ola de crímenes perpetrados por el narcotráfico en Rosario, los funcionarios provinciales y nacionales iniciaron una riña mediática para inculparse mutuamente de las responsabilidades por la situación. Perotti acusó a Aníbal Fernandez, hoy ministro de seguridad, por el incumplimiento del envío de 3 600 efectivos federales a la provincia. Aníbal Fernández retrucó lanzando un spot publicitario (pago) en las redes sociales, donde se reproducen detenciones y diversos procedimientos que se supone que realizaron desde la competencia federal.
El cruce prosiguió con chicanas y vulgaridades de todo tipo. El ministro de seguridad dijo que ninguno de los otros 22 gobernadores tiene los problemas que sufre Santa Fe y le “sugirió” a Perotti que les consulte a estos mandatarios cómo hacen para dirigir una policía provincial que “controla” la situación. Del lado opuesto, se lo acusó a Fernández de su responsabilidad en el ingreso y transporte de drogas, ya que el control sobre las fronteras, rutas nacionales y espacio aéreo es de su competencia.
Entre todos estos roces, una última opinión fue deslizada por la ex ministra de seguridad nacional, Sabina Frederic, quien relativizó la causalidad entre el narcotráfico y la ola de violencia que se vive en Rosario, aduciendo que, en la provincia de Buenos Aires, el mercado y la circulación de estupefacientes es sumamente mayor que la que se registra en Rosario y no existe tamaño nivel de violencia. La ex ministra sugiere que entre los implicados existe una suerte de sentimiento de “venganza” y de “construcción de identidades” que vincula al “machismo” y al uso de la fuerza física, llegando al punto de asimilarlo con los “rugbiers” del caso Baez Sosa.
Luego de toda esta diatriba, Frederic termina formulando la necesidad de una total militarización de las ciudades, con agentes federales, bajo la excusa de que es por “corto plazo”. Hasta allí llega la doctrina de seguridad democrática.
Toda la trenza culminó en una reunión entre el rafaelino y Alberto Fernández, intentando poner paños fríos a una situación caldeada y a un concreto distanciamiento entre el Frente de Todos nacional y Perotti.
La organización del crimen
Perotti asumió la gobernación bajo el slogan de “paz y orden”. El gobernador asume la idea de que el problema del narcotráfico parte del hecho de que la “autonomía” de las fuerzas de seguridad, que el poder político no podría controlar, es la base que permite que se desarrolle el crimen organizado alrededor de este negocio. Desde entonces, conocimos la salida de tres ministros de seguridad y una decena de descabezamientos de jefes policiales bajo la etiqueta de imponer un “control político” a la fuerza de seguridad provincial. Los resultados están a la vista: un crecimiento descomunal del narcotráfico y de crímenes vinculados con este. El Estado es incapaz de enfrentar al narcotráfico, porque debería perseguirse a sí mismo.
Informes de periodistas especializados datan que en el Servicio Penitenciario se encuentran aproximadamente 1 550 detenidos por homicidios dolosos o tentativas de ellos (21/01, Aire de Santa Fe), los cuales son conexos al narcotráfico como figura propiamente dicha. Los distintos juzgados federales aseguran que, ante el volumen de causas y expedientes que hay en trámite buscando el castigo de los responsables, no hay recursos humanos para dar una mayor celeridad a los procedimientos (por una escasez de designación de nuevos jueces, empleados y fiscales que se desempeñen en la jurisdicción).
Pero el encierro de los condenados por el tráfico de estupefacientes no ha impedido su accionar, sino que, por el contrario, ha exacerbado la crítica situación que es de público conocimiento mediante el direccionamiento de nuevos hechos desde las cárceles. No podrían hacerlo sin la complicidad tanto de funcionarios penitenciarios y guardacárceles, como de fiscales y jueces, así como del poder político más alto.
La situación social es acuciante, donde las bandas narcos aprovechan la miseria y la desocupación para reclutar a jóvenes que no encuentran un horizonte para su vida. Plantear este argumento es ir al otro nudo de la cuestión: la pobreza en la provincia alcanza niveles históricos y existe una contrarrevolución social en términos de derechos laborales. Por lo tanto, la lucha contra el crimen organizado debe ser una lucha contra el narco-Estado y debe tomarse en conjunto con el combate por mejores condiciones de vida y la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases.
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