Tiempo de lectura: 4 minutos
El día martes 28/2, finalizó la etapa de alegatos en el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. La semana pasada, el fiscal Leandro Arévalo acusó a Matías Farías y Juan Pablo Offdani por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”, y solicitó la perpetua para Farías y 20 años para Offdani. Por su parte, las abogadas de la familia, Florencia Piermarini y Verónica Heredia, coincidieron en la carátula, pero solicitaron prisión perpetua para ambos. Este martes 28, María Laura Solari y César Sivo, abogados defensores de Farías y Offdani respectivamente, solicitaron la absolución de los imputados, sosteniendo los argumentos expuestos en el juicio de primera instancia, anulados por el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. El fallo de los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone se dará a conocer el 17 de marzo.
Uno de los datos de las jornadas fue el señalamiento en ambos alegatos sobre el accionar de la Fiscalía a cargo de María Isabel Sánchez. El fiscal Arévalo pidió disculpas en nombre del Ministerio Público Fiscal por las “falencias” en el accionar de la fiscal Sánchez en la primera instancia de la investigación, y señaló que “La Procuración y la fiscalía general tampoco dijeron nada. Ni siquiera le hicieron alguna observación a Sánchez” (La Capital de Mar del Plata, 24/2/23). Por esta razón, el fiscal general Fabián Fernández Garello, titular del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, emitió un comunicado donde anunció que inició un proceso administrativo que evalúa sancionar a Arévalo por considerar que esa disculpa incumple las normas de “decoro” y “objetividad”. Si bien se realizó una denuncia contra la fiscal Sánchez, lo cierto es que fue archivada y cerrada en 2021, y mantiene aún su cargo en funciones. También en los alegatos de la defensa, la abogada Solari señaló que “la única persona que debería estar aquí sentada en el banquillo es la fiscal María Isabel Sánchez”, pero aduciendo solamente esto por los dichos públicos de Sánchez sobre la causa de muerte de Lucía, que sostuvieron generó una imagen pública negativa contra los acusados que presionó socialmente para ser “tildados” de violadores y asesinos. También señalando que esta condena social había sido promovida desde el Poder Ejecutivo, con la presencia y las declaraciones de miembros de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Así mismo, este 14 de marzo comienza el jury contra los jueces de la primera instancia, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, por su destitución. La crisis política entre los poderes Ejecutivo y Judicial se han puesto de manifiesto en este juicio, donde cada funcionario le tira la pelota al otro para no hacerse cargo de la responsabilidad del Estado en los crecientes casos de femicidio que se suceden diariamente y que garantizan la impunidad para los femicidas y abusadores.
Lo cierto es que los dichos públicos de la fiscal Sánchez no fueron lo más relevante de las “falencias” expuestas en los alegatos. No hay pedido de informe ni documentación del centro de salud donde Farías y Offdani dejaron el cuerpo sin vida de Lucía, no hubo tampoco un análisis toxicológico para los acusados, tampoco se le secuestraron los celulares y se le permitió a Farías volver a su casa, la escena del crimen, el mismo día sin previo peritaje de la Policía Científica. Los largos años de los procesos judiciales juegan en contra de las víctimas, dado que luego de siete años del femicidio, conseguir pruebas fehacientes se torna una dificultad absoluta. Es por esto, que el argumento de la defensa de que no hay pruebas fehacientes sobre el abuso sexual y la entrega de estupefacientes, a pesar de que tanto Farías como Offdani se encuentran en prisión bajo la condena por venta de drogas, es de un cinismo escandaloso. Tan escandaloso como los argumentos acerca del consentimiento de Lucía tanto para el consumo de drogas como para el abuso sexual, donde Solari sostuvo que con Farías "pasaron un buen momento juntos" (El Cronista, 28/2/23). Al parecer, para los abogados defensores, una adolescente agonizando por asfixia tóxica y edema pulmonar puede consentir y disfrutar de un acto sexual. Tanto Farías como Offdani iban a vender drogas a menores a las puertas de colegios de Mar del Plata, el creciente aumento de adicciones en jóvenes tiene su correlato en las zonas liberadas a los narcos y en el creciente aumento de la pobreza en niños y adolescentes (casi el 60 % del total de esa población en el país), muy alejado de cualquier consentimiento.
Por último, el abogado defensor Sivo, ha manifestado un argumento importante de señalar, dado que planteó al Tribunal que “(...) la justicia es avasallada por un clamor popular…” y sostuvo que “no estamos defendiendo a femicidas ni somos unos canallas, estamos defendiendo el estado de derecho”. El “estado de derecho” que defiende Sivo es el que permite que una mujer sea asesinada cada 28 horas y que la mayoría de los femicidas se encuentren en libertad, es el que permite que solamente el 1 % de los abusadores tenga condena mientras que se realizan 79 denuncias diarias por abuso sexual, de la cuales el 58,7 % es a niñas, niños y adolescentes (Clarín, 19/11/22). Lo que le molesta a Sivo, y a todos los funcionarios de aquel Estado, es que las familias se organicen y salgan a las calles a reclamar justicia. Sabe que la conquista de justicia no va a ser otorgada por el “estado de derecho” sino por la movilización popular. No es la primera vez que apuntan contra las movilizaciones y las familias. El año pasado el juez Alejandro Lago, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, denunció por supuestas amenazas a la familia de Luna Ortiz y solicitó custodia policial, luego de que se movilizaran ante la excarcelación del femicida Isaías Villarreal (Política Obrera, 19/7/22).
Por todo esto, tenemos que redoblar la lucha por justicia por Lucía Pérez y por todas las víctimas de femicidio. El 8 de marzo, hay que levantar la bandera de justicia por Lucía en las tribunas de todo el país. Este 14 de marzo, tenemos que movilizarnos a La Plata, en el comienzo del jury contra los jueces de la primera instancia, del TOC N°1 de Mar del Plata, exigiendo su destitución. El 17 de marzo, cuando se realice el fallo de los jueces en esta segunda instancia del juicio, nos tiene que encontrar nuevamente en las calles. Solo la organización y la movilización popular independiente del Estado responsable es la que puede poner freno a la impunidad reinante que fomenta la violencia contra mujeres y niñas.