El gobierno kirchnerista confisca 35 mil millones de dólares de fondos estatales para rescatar la deuda pública

Como las reservas líquidas en dólares del Banco Central han quedado reducidas a algo así como 1.500 millones, el trío oficial -los Fernández y Massa- ha decidido intervenir las reservas internacionales de unos cien organismos estatales, en especial Anses, que tienen una caja de 35 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública.

Esta montaña de dólares en títulos públicos fueron acumulados a través del pago de la deuda externa por parte del Tesoro nacional con los dólares en efectivo de esos organismos. Se produjo un cambio de acreedores: de los privados a entidades del Estado. El kirchnerismo difundió esta operación como un “des-endeudamiento”, porque convertía en interestatal a una parte elevada de la deuda pública externa. Los ‘des-endeudadores’ recorren ahora el camino inverso: despojan a los organismos públicos de esos activos interestatales para vender los títulos en dólares a los privados. A cambio recibirán de nuevo títulos del Estado, pero en pesos.

La perspectiva de una inundación de títulos públicos en dólares produjo una caída mayor de su cotización, que ya rondaba los 35 centavos de dólar; como consecuencia de ello subió el “riesgo-país”, que mide la tasa de interés que debe pagarse por un endeudamiento en moneda extranjera –un 45 % anual. El gobierno prometió, para evitar el derrumbe, que el remate de esos títulos sería efectuado en forma ordenada, por medio de licitaciones. Las pérdidas potenciales de la operación son inmensas, porque esos títulos serán vendidos a un precio de mercado 70 % inferior al que lo tienen registrado en sus libros los organismos públicos correspondientes.

El canje de títulos en dólares por títulos en pesos se producirá, en principio, sin perjuicio para las entidades estatales. Se harán a la par entre unos y otros, incluso con el beneficio de un descuento del 40 % para las compras de una parte de los títulos en pesos por parte de Anses. Las pérdidas, que serán enormes, serán sufridas por el Tesoro, que venderá a 30 lo que canjeó a 100. Ese perjuicio será convertido en deuda en pesos, que será comprada por las instituciones públicas mencionadas. De modo que junto al aumento condicionado de la deuda en dólares con el sector privado se producirá un aumento forzado de la deuda en pesos con el sector público. Como el monto de una y la otra, así como los vencimientos a corto plazo, hacen inverosímil su pago, Argentina deberá ir a un default o a una reestructuración de deuda. La desvalorización de las tenencias de títulos en manos de los organismos del Estado será pagada por jubilados, ahorristas y usuarios.

Los bonos en dólares que pasarán a poder del Tesoro permitirán que intervenga con mayor fluidez en los mercados paralelos de divisas y contener la suba del dólar. Esta operación de neto corte macrista abaratará la salida de dinero al exterior. Los mercados paralelos de divisas competirán con ventaja con la deuda en pesos, afectada por una inflación fuera de control.

Todos aquellos que operan con el mercado oficial de divisas han sido autorizados a hacerlo en los mercados paralelos, algo que tenían vedado. Se trata de importadores y de empresas que giran dividendos o pagan intereses al exterior. Con el incremento de los participantes, el propósito de generar liquidez en los mercados paralelos de divisas, rápidamente podría convertirse en lo contrario, desatando nuevas subas en la cotización del dólar. El kirchnerismo quiere liberarse del condicionamiento de una deuda pública insostenible por medio de operaciones que no cambian el tablero en su conjunto, sino que lo agravan. Ayer mismo volvieron a aumentar las tasas de interés de la deuda en pesos y de la deuda del Banco Central con los bancos (Leliq). El kirchnerismo se encuentra empeñado en convertir al derrumbe de 2001/2 en un recuerdo apacible. Hace dos décadas la deuda pública era de 200 mil millones de dólares –sólo la mitad con acreedores privados. La actual, del Estado nacional en su totalidad y el sector privado, se aproxima a los 600 mil millones de dólares.

Asistimos a una confiscación económica que hace empalidecer a la que siguió al derrumbe de la convertibilidad. Un Estado quebrado atiborra con papeles en pesos a las entidades del Estado que deben atender intereses públicos –Anses con los jubilados, bancos estatales con sus depositantes, fideicomisos con inversiones en infraestructura. Lo hace por medio de decretos, sin aval parlamentario, en asuntos que requieren legislación. En esta confiscación, el FdT se ha mostrado más unido que nunca, pues el decreto ha sido firmado por la totalidad del gabinete y saludado por los jefes y jefas de los organismos estatales y paraestatales. La operación de Massa y colegas guarda similitud con los rescates de bancos que ocurren en estos días en diversos países, con la enorme diferencia de que la magnitud relativa del rescate nacional y popular en considerablemente mayor, y los recursos disponibles absolutamente menores.