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El gobierno prorrogó la cuarentena hasta el 26 de abril, empujado por la catástrofe sanitaria y social en el mundo entero.
Pero lo hizo sin la orientación social -ni, por lo tanto, la convicción- de defender lo que verdaderamente importa –la vida y la salud del mundo del trabajo.
En cambio, la “cuarentena administrada” del gobierno FF es un régimen de concesiones negociadas con los capitalistas.
Cuando todos los datos indican que el progreso de la pandemia en Argentina se juega en las próximas semanas, el gobierno decide “flexibilizarla”.
Es evidente, en estas condiciones, que la salud y la vida de todos depende -más que nunca- de un programa y una organización propios de los trabajadores.
Es necesario asegurar la vida de los trabajadores de la salud con los implementos sanitarios correspondientes; con turnos de 6 horas y la incorporación al trabajo de médicos, paramédicos y enfermeras, con salario convenio.
La salud pública y privada debe ser centralizada bajo un comando único, en manos de trabajadores y especialistas del sistema de salud.
El COVID 19 debe ser declarado de inmediato enfermedad profesional, contra la negativa de las ART y sus bancos.
El decreto oficial prohibiendo los despidos ha mostrado su completa impotencia.
La defensa del derecho al trabajo depende de la organización obrera, incluyendo la ocupación de fábricas que despidan o suspendan con salarios de hambre. Por el reconocimiento del 100% del salario.
Es necesario organizar un gran reclamo colectivo por un aumento salarial de emergencia, la jornada reducida y la entrega de todos los kits sanitarios.
La ampliación de actividades exceptuadas colocará a miles de trabajadores volviendo a fábricas inseguras y sin garantías sanitarias.
Es la hora de imponer protocolos sanitarios redactados por los propios trabajadores.
Los barrios tienen que discutir los términos de su propia cuarentena, a través de la formación de comités que organicen el reclamo por: espacios públicos limpios y seguros para los comedores, el reparto de alimentos a todas las familias que lo necesitan y el resguardo sanitario de los adultos mayores. El cobro del “ingreso de emergencia” debe ser inmediato, y extenderse a todos los compañeros desocupados que lo han solicitado.
Es necesario interrumpir y desconocer la deuda usuraria con los fondos internacionales y el FMI, para destinar al conjunto del ahorro nacional a un enérgico plan de rescate sanitario y social de la mayoría trabajadora.
Una reconversión industrial, dirigida por los trabajadores, debe asegurar las necesidades de respiradores mecánicos, de insumos sanitarios, de hospitales y de camas que exige y exigirá –cada vez con más fuerza- esta emergencia.
Los recursos monetarios del Estado no pueden seguir alimentando al capital financiero, de un lado, y a los monopolios alimentarios y de productos de primera necesidad, del otro.
En el primer caso, el conjunto de la banca privada debe operar como sucursales del Banco Central, bajo un plan único de centralización del crédito bajo control de trabajadores bancarios electos.
Luego, la gran industria alimentaria debe abrir sus libros al control de trabajadores, para terminar con los sobreprecios y la carestía generalizada.
Los capitalistas quieren servirse del derrumbe económico y el colapso sanitario para imponerle a los trabajadores un retroceso de fondo en sus conquistas laborales, sociales y previsionales.
El gobierno discursea, pero ha dejado correr las cesantías, la inflación desenfrenada y las aspiraciones de los pulpos sanitarios privados.
Es necesario, por lo tanto, que los trabajadores impongamos nuestra salida a esta catástrofe sanitaria y social.
