La despedida de Larreta: negociado con IRSA sobre los humedales de la Costanera Sur

Finalmente, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires revocó un fallo de primera instancia que anulaba el convenio entre el gobierno porteño y el holding capitalista IRSA para la construcción de mega torres de lujo en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Estas tierras fueron compradas por IRSA en 1997.

El proyecto, llamado Costa Urbana Sur, involucra un total de 72 hectáreas ubicadas al lado de la Reserva Ecológica y de la villa Rodrigo Bueno. Según indica la constructora IRSA en su página web, el proyecto incluye viviendas, oficinas, comercios, servicios, espacios públicos, educación y entretenimiento, distribuidos en aproximadamente 895.000 m².

El convenio con el gobierno de la ciudad le permite la construcción de 30 torres de hasta 145 mts de altura, violando la ley de Código Urbano de la Ciudad. La “condición” para la excepción es el destino del 71% de la superficie total del predio, es decir 50,8 hectáreas, y un capital de hasta USD 40 millones, al desarrollo de espacios verdes de uso público. Se responsabilizará del mantenimiento de estos espacios durante diez años o hasta completar el gasto de USD 10 millones. Además, IRSA destinaría dos parcelas para el Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (FODUS) y una para el Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual también aportará la suma de USD 2 millones en efectivo y la cantidad de 3.000.000 de bonos soberanos (AL35).

El proyecto estaba parado desde 2021 por un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas y vecinos, que denuncian la destrucción de los humedales donde se piensa construir las torres. Ese año, antes del recambio de bancadas, la legislatura había aprobado la reforma del convenio urbanístico para darles más facilidades a los especuladores inmobiliarios. La costa de la Ciudad se ha convertido en el “bocado de Cardenal” de los especuladores. Simultáneamente marcha la rezonificación de Costa Salguero, en la zona norte, también cruzado por presentaciones judiciales y protestas de vecinos, para otro negocio de torres de lujo. El gobierno porteño también ha puesto el ojo en tierras cedidas a la UBA en la zona de Ciudad Universitaria, también sobre la Costa del Rio de la Plata, que actualmente son usufructuadas por Prefectura y la Armada.

El convenio urbanístico es una figura legal que permite la presentación de proyectos “excepcionales” que requieren de la aprobación del Jefe de Gobierno y de la doble votación de la cámara de legisladores, audiencia pública mediante, procedimiento que se conoce como “doble lectura”. Para la aprobación de estos proyectos se requiere una mayoría especial de 40 votos, a diferencia de los tratamientos normales que requieren una simple de 31. La contraprestación privada del convenio es el desembolso de capital a las arcas del estado y el destino de parte de las tierras para espacios verdes. Una suerte de asistencialismo ambiental para disimular lo que se trata de la entrega de terrenos valiosísimos desde el punto de vista urbanístico y ambiental. En el caso del proyecto Costa Urbana Sur, el proyecto avanzó sin ningún estudio de impacto ambiental.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad a través de las juezas Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, hizo caso a la apelación de la sociedad Larreta-IRSA. En su fallo, las juezas plantearon: "no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera las modificaciones normativas pueden por sí mismas implicar un daño al ambiente" (Página 12, 10/3).

Impacto ambiental

La ciudad está sujeta al cambio climático de proyecciones de extrema gravedad; es una olla de calor, como se ha visto en esta ola de fin del verano, por la impermeabilización del suelo urbano y la reducción de espacios verdes. La construcción de mega torres en el humedal requerirá de una enorme cantidad de cemento para elevar el terreno, lo que bloqueara la evacuación del agua hacia el Rio de la Plata abriendo paso a inundaciones en la Ciudad y acentuando las altas temperaturas por venir.

Los humedales son ecosistemas de una gran diversidad biológica que generan recursos hídricos y regulan el ciclo del agua y el clima. Purifican el agua ya que absorben materia orgánica, metales y otros contaminantes como los de la oscura franja de hasta mil metros que bordea la costanera porteña. En un informe de la Comisión Ramsar del año 2021, sobre la situación de los humedales a nivel mundial -1.550 millones de hectáreas- se declara como alarmante la disminución de estas superficies. Denuncia como principal promotor de esta pérdida a la actividad industrial en la agricultura, mega minería y, en los ámbitos urbanos, el desarrollo inmobiliario (Astelarra et al, 2017; Pintos, 2020; Svampa y Viale, 2017).

Crisis de la vivienda

Este proyecto como la mayoría de los que avanzan a través del convenio urbano y el fraude legislativo son terreno de inversiones capitalistas sobre el mercado inmobiliario bajo la utilización de terrenos públicos.

Promueven el aumento del valor del metro cuadrado en la ciudad expulsando a los trabajadores que no pueden ya no adquirir una vivienda, sino costear un alquiler. Transforman la propiedad ociosa, como se ve en las miles de viviendas inhabitadas de Puerto Madero o de los terrenos ferroviarios de Barracas, en reserva de valor para la clase capitalista.

En su discurso de apertura legislativa Larreta había prometido “recuperar la costanera sur y el acceso al río”. Así lo hace, pero para los capitalistas amigos del negociado inmobiliario contra las necesidades de la población trabajadora. La Ciudad, de la mano de los Larreta, “avanza” contra el derecho a la vivienda, contra el derecho a la salud y la precarización laboral que se ve afectada por el recorte presupuestario; contra el acceso a espacios verdes para la población, escaso para los más de tres millones de trabajadores que habitan la ciudad. La lucha por la defensa del humedal y contra la especulación inmobiliaria ha llegado a un límite en materia de medidas cautelares, en un distrito donde la Justicia ha sido copada por el macrismo con la complicidad de los K, y exige de una movilización política.