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Luego de la huelga decretada por las líneas Nueva Ideal y Almafuerte, alrededor de las 22 horas del jueves 6, fueron liberados los dos choferes detenidos en un operativo conjunto de la policía de la Ciudad y la Bonaerense por la golpiza a Sergio Berni.
La excarcelación ocurrió mientras más de 16 líneas de colectivos se encontraban en una huelga indeterminada y se realizaba una concentración en la empresa. La medida de fuerza no fue impulsada por la UTA, sino por las propias bases. Los delegados que responden a Roberto Fernandez (su secretario general) se opusieron al paro con el argumento de "no responder las provocaciones” ni “echar más leña al fuego”, cuando el país entero observó cómo la policía detenía a dos colectiveros por haber participado de una protesta que exigía justicia por el compañero Daniel Barrientos y por medidas de protección para los trabajadores. Si el gobierno no liberaba rápidamente a los choferes, el paro corría riesgo de extenderse a otras líneas de la zona oeste y el conurbano. La UTA sacó un comunicado pidiendo la libertad inmediata pero no declaró ningún tipo de medida de fuerza a nivel nacional.
El video del operativo –absolutamente desmedido- deteniendo a los compañeros causó una enorme conmoción popular y repudio. Acorralado por la opinión pública, el ministro Berni declaró en TN que “si alguien creyó que hubo excesos, pido disculpas”, aunque luego justificó el accionar policial porque “deben cumplir un protocolo”. Cristina Kirchner utilizó Twitter para condenar a los choferes por la agresión “salvaje” al ministro de seguridad. La causa, que pesa sobre ellos, es la de atentado contra la autoridad agravada, delito para el cuál se prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión (artículo 238 del Código Penal).
En el allanamiento que se produjo en la empresa Almafuerte, los trabajadores denunciaron que efectivos porteños rompieron las ventanas y entraron por la fuerza a la terminal que está ubicada en Lomas del Mirador. La policía secuestró el legajo de otro compañero, señalado como otro de los supuestos agresores a Berni y la documentación de otras 55 personas más.
Por otro lado, el ministro de justicia bonaerense, Julio Alak, también impulsa otra causa bajo las figuras penales de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública, que quedó radicada en el juzgado criminal y correccional 24 de la Capital Federal a cargo de Alfredo Godoy, con actuación de la fiscal Romina Moneleone.
Estas iniciativas de parte del Estado tienen por fin disciplinar a los colectiveros mediante la criminalización de la protesta social. Utilizarán las causas y las iniciativas judiciales como una amenaza permanente para evitar nuevas huelgas y piquetes.
En relación a los reclamos de los choferes por medidas de seguridad para realizar su trabajo, el ministro de Seguridad se reunió con representantes de la UTA y volvió a realizar las mismas promesas que no se vienen cumpliendo hace años.
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