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El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso ha expuesto con virulencia la crisis política que recorre Ecuador.
Durante las últimas semanas, Lasso ha emprendido una serie de medidas que buscan alejar los fantasmas de su destitución. La medida más reciente ha sido la autorización para la tenencia y porte de armas de uso civil, en medio de una ola de homicidios. En los últimos días, ha resultado asesinado un empresario relacionado con las causas que enfrenta el propio Lasso en el Parlamento por malversación de fondos en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana con Amazonas Tanker para el arrendamiento de buques, que se firmó en el gobierno de Lenín Moreno.
Esta medida está acompañada por un estado de excepción que rige durante 60 días “en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y Samborondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos” dijo el propio Lasso (Clarín, 3/4). A la portación de armas y de gas pimienta se suma un toque de queda entre la 1 y las 5 de la mañana. La última vez que el gobierno había adoptado una medida similar fue durante la rebelión popular de 2022 que puso en vilo al gobierno.
El objetivo del gobierno es combatir el narcotráfico y la suba de homicidios que ha escalado a niveles infernales. Entre 2017 y 2022 las muertes se quintuplicaron en el país, llevando los asesinatos de 5,6 cada 100 mil habitantes a 25 cada 100 mil.
En las cárceles, se vive una constante crisis por las peleas entre los cárteles y las mafias. Se calcula que más de 400 personas han perdido la vida en estos enfrentamientos, solo en los últimos dos años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había alertado sobre esta situación en el 2022 al gobierno, Carolina Andrade, subsecretaria general de Inteligencia de Ecuador, señala en base a dicho informe: “Quienes controlan las cárceles en el Ecuador son los grupos de delincuencia organizada y no hay presencia estatal, se ha evidenciado que no existen ni detectores de metales, ni personal técnico, existen grandes redes de corrupción en diferentes niveles” (El Destape, 8/4).
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