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La derrota aplastante del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en las elecciones provinciales, distritales y municipales del fin de semana pasado profundizó la crisis política del gobierno, al cual tres ministros acaban de presentar sus renuncias y otros cinco fueron removidos. Para la mayoría de los cargos, el oficialismo casi no presentó candidatos propios, sino a través de decenas de alianzas con otras fuerzas políticas. De los 173 candidatos presentados, 136 fueron puestos por alguna de las 33 alianzas que acordó Lasso. El partido del presidente se reveló como un sello de goma.
El correísmo, el gran ganador del domingo, reclama la renuncia del presidente, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas. Los medios ecuatorianos advierten un “escenario peligroso” debido a la amenaza de nuevos levantamientos populares en un cuadro de extrema fragilidad del Ejecutivo. Los ministros caídos han sido piezas claves del gobierno de Lasso y figuras de estrecha colaboración con el presidente desde hace décadas. Estaban encargados de las “mesas de diálogo” con los movimientos indígenas que protagonizaron las protestas que paralizaron el país en junio del año pasado, y de negociar con el Congreso, donde el oficialismo está en minoría.
El gobierno está amenazado de “muerte cruzada” (como se conoce a la facultad constitucional de anticipar elecciones mediante la disolución anticipada de los poderes representativos). Mientras el gobierno se sumía en esa impasse, Ecuador registraba un aumento exponencial del poder del crimen organizado. El 2022 fue el año con mayor cantidad de asesinatos en la historia del Ecuador (4.550 crímenes, una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes). El gobierno buscó superar el bloqueo del Congreso a través de un referéndum de reformas constitucionales, que se votó en paralelo a la elección de cargos subnacionales.
En el referéndum tuvieron lugar 8 consultas referidas a reformas constitucionales del sistema político y judicial. La gestión oficial recibió un contundente rechazo, imponiéndose el NO en todas las consultas. Con respecto a las medidas referidas al crimen organizado, el propio Lasso habló de los “narcopolíticos” haciendo referencia a diferentes candidatos del correísmo. El presidente de la comisión de fiscalización, Fernando Villavicencio, que fue quien investigó la corrupción durante el correísmo, aseguró que varios de los candidatos del partido liderado por Correa aparecen en “los informes presentados en la Fiscalía por tener vínculos con el narcotráfico”. Villavicencio, sin embargo, también denunció públicamente al actual mandatario, asegurando que Lasso pactó con el correísmo y que en los dos últimos años permitió que el correísmo “coadministre las empresas públicas”.
El ex secretario de comunicación del gobierno, Leonardo Laso, aseguró que desde el fin de semana el presidente Lasso se encuentra en una suerte de “coma político”. Luego de su derrota, Lasso llamó a la oposición a formar un gran acuerdo nacional. El primero en responder a esta convocatoria fue el expresidente Rafael Correa, refugiado en Bruselas por las causas judiciales en su contra. Correa, en sus redes sociales, respondió a Lasso que “un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones”. También rechazó este llamado el Partido Social Cristiano, que fue uno de los pilares que llevaron a Lasso al poder. El PSC ha tomado distancia del frágil gobierno. El partido Izquierda Democrática también rechazó el llamado. Entre las fuerzas del Congreso se escuchan cada vez más las voces que proponen votar la “muerte cruzada” en el parlamento, algo que ya se intentó sin éxito en junio del 2022, en medio de las protestas.
Leonidas Iza, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que cobró notoriedad como líder de las masivas protestas del 2022, rechazó la opción de la “muerte cruzada”, que supone una forma de transición ordenada, con un plazo de seis meses, hacia un recambio de gobierno. Iza sostuvo en los medios que el presidente y los legisladores deben renunciar directamente. También rechazó la propuesta de “gran acuerdo nacional” de Lasso, asegurando que “no somos juego ni burla de nadie, hemos dialogado dos veces en las mesas... ¿Creen que vamos a sentarnos frente al presidente que ha mentido mil veces?” El Conaie presentó candidatos y obtuvo las prefecturas de seis provincias.
La derrota de Lasso plantea la vuelta de Correa al país. Sobre el expresidente pesan dos sentencias en vía ejecutoria y dos órdenes de prisión. Los medios ya comenzaron a barajar las variantes judiciales que existen para el posible regreso, con vistas a las elecciones presidenciales de 2025. Una alternativa es que se presenten recursos extraordinarios de revisión de su sentencia ante la Corte Nacional de Justicia. Una segunda opción es que se presente alguna acción de protección para que la Corte Constitucional resuelva si existió una violación al debido proceso. Una tercera variante sería una amnistía que puede conceder el Congreso.
Tras la derrota de Lasso, tanto en el referéndum como en las elecciones subnacionales, “los mercados” dijeron lo suyo. El riesgo país, que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de un Estado, se disparó. Un informe que emitió el banco de inversión estadounidense JP Morgan da cuenta de las amenazas que advierte el capital ante el nuevo escenario político. En su informe “califica como 'muy desafiante' a la situación política y aseguró que el riesgo de que Lasso no concluya su mandato ha aumentado”. (Infobae). El gobierno se encuentra debilitado, además, por los golpes que recibió con el escándalo de corrupción del “caso Encuentro”, que involucran al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, quien ha sido señalado como la cabeza de una estructura de corrupción y gestión de cargos públicos en las empresas públicas del sector eléctrico del país. El gobierno de Lasso asumió con un discurso de “tolerancia cero” a la corrupción, luego de los casos que salpicaran al correísmo. El JP Morgan añade a la situación crítica del gobierno “las persistentes fricciones en la Asamblea Nacional [Congreso], exacerbadas últimamente por denuncias de corrupción en la gestión de empresas públicas”.
JP Morgan también aseguró que la derrota del gobierno abre “la puerta a un escenario político y social más turbulento”. Luego advierten que “el principal riesgo es que nuevos episodios de protesta social se desencadenen en un escenario político desestabilizador si el gobierno no logra contener el descontento social y tender puentes con la oposición y los grupos indígenas”.
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