Prepagas: demora, recorte de planes y éxodo hacia el sector público

Las demoras en el otorgamiento de turnos y el éxodo de especialistas de la cartilla de las prepagas y obras sociales están generando demoras en la atención. Por esto, cada vez más personas se vuelcan al sector público de salud o, directamente, abonan consultas de forma privada.

Según una investigación, 3 de cada 10 personas utilizan los dos sistemas de salud, público y privado, indistintamente (Estudio sobre acceso y percepción de la salud en Argentina, realizada por la fundación Colsecor, 20/03). El 34 % de los encuestados posee obra social/prepaga y usa indistintamente el servicio público o el privado, mientras que el 32 % tiene una obra social/prepaga y usa el sistema de salud privado. El 26 % indicó acceder al servicio de salud de manera gratuita, atendiéndose en instituciones públicas, y solo el 5 % sostuvo que paga las prácticas médicas de forma particular. Por otro lado, el 41 % de los entrevistados que habitan grandes ciudades, incluso teniendo prepaga, usan con más asiduidad el sistema de salud privado pagando una consulta particular, mientras que el 23 % asiste a estos servicios en las localidades pequeñas. En cuanto a las especialidades médicas, se produce una superposición de gastos y de "tránsitos" de esos mismos pacientes del servicio privado al público y del público al privado. Por ejemplo, se atienden en el servicio público, pero si allí no se garantiza una cobertura integral para sus casos, se pasan al privado, muchas veces con los mismos profesionales. Estos mismos pacientes también suelen tener cobertura de obra social y, aun así, terminan pagando un plus (Clarín, 26/03).

La Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a la mayoría de las organizaciones de medicina privada, reconoce que hay una “crisis de especialistas” que se van de la cartilla (Clarín, 26/03). Esto genera demoras en la atención por falta de profesionales: actualmente, para conseguir un turno con una prepaga hay que esperar entre uno y tres meses. Esto sucede sobre todo en las especialidades de baja complejidad. También, hay demoras en conseguir un turno para una tomografía u otro estudio de alta complejidad, por ejemplo. Una encuesta realizada a médicos que trabajan en medicina privada (Clarín, 5/03) arrojó que más del 35 % redujo la cantidad de turnos disponibles para obras sociales y prepagas en el último año. Las razones estarían asociadas con los honorarios que perciben al prestar estos servicios. “Los honorarios por consulta suelen ser bajos, de unos 2.000 pesos y a pagar en 60, 90 o hasta 120 días”, advierte Antonio Di Nanno, psiquiatra y secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), (Clarín, 5/03). Muchos especialistas deciden quedarse solo en la cartilla que les pague mejor por paciente, o pasarse completamente al modo particular.

Un “problema de financiamiento”

La UAS, a su vez, menciona que “el gran problema” responde a la insuficiente financiación que tiene el sistema. Sobre este argumento se paran las prepagas para garantizarse los aumentos de sus cuotas, por 18 meses de acuerdo al decreto 743/22, y los subsidios (como el Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad- FESCAS) y exenciones de cargas patronales. Este argumento también es usado para abonar salarios de miseria a los y las trabajadores de la salud privada y atar las negociaciones paritarias al reclamo de beneficios para las patronales de las empresas de salud privada.

Luchemos contra la privatización del sistema de salud

La proliferación de trabajo precario y el monotributo deprecia los aportes que se derivan a las cargas sociales, obras sociales y prepagas: esta es la raíz del problema. El hospital público, que ve aumentada su demanda producto de la desocupación y de los recortes de los planes de las obras sociales y prepagas, es víctima de los intentos de ajuste y achique con el objetivo de reducir al máximo las prestaciones que se brindan de forma pública y avanzar con la privatización del sistema sanitario. Una salida a este problema partiría de la defensa del hospital público contra todo intento de vaciamiento y achique. Es necesaria la apertura de los libros contables de las empresas de la salud privada, obras sociales y PAMI y rechazar el recorte de las prestaciones. La lucha en defensa de la salud de la población trabajadora tiene que apuntar a la universalización del sistema de salud, partiendo de la centralización del sistema, bajo control de los y las trabajadoras y usuarios/as.