IVC: cuarentena, precarización y exposición de la salud

El aislamiento social preventivo y obligatorio determinado a partir del 19 de marzo mediante el decreto 297/2020, señala como principal objetivo proteger la “salud pública como una obligación inalienable del estado nacional”. Para los trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la excepción es la regla. Lo que abunda son los contratos basura de “prestación” de servicios (monotributistas), que carecen de ART y paritarias que permitan arrimar los ingresos al trote ligero de la inflación. Pero, además, porque las autoridades del gobierno de Rodríguez Larreta adjudican tareas sin otro límite que la discrecionalidad política.

En el IVC, presidido por Juan Maquieyra, y que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, docenas de trabajadores han sido convocados de forma voluntaria, apelando a la solidaridad, para el cuidado y atención de personas en situación de calle y para el armado de bolsones alimentarios. Buenos Aires es una de las ciudades con mayor concentración de barrios vulnerables, hacinamiento crítico y un remoto acceso a la vivienda agravado por “la cuarentena” que limita aún más el acceso a una comida diaria en los comedores barriales. Cuando el llamado a la solidaridad fracasó, los funcionarios pasaron a la amenaza de no renovar los contratos. Existe un listado que distingue quienes son los trabajadores que aceptaron o rechazaron exponerse al "trabajo en territorio".

Las intimaciones se agravan

Todos los trabajadores recibimos un mail que nos proponía “elegir” entre tareas asistenciales sin protección sanitarias o el seguimiento telefónico de vecinos que se han comunicado por fiebre o síntomas que urgen de asistencia médica. Una absoluta irresponsabilidad, que desjerarquiza toda labor de salud y “distribuye” su impacto entre trabajadores precarizados. Sin importar las tareas para las que cada trabajador ha sido contratado, la dirección de Juntos por el Cambio nos pone, sin capacitación alguna, a atender call centers respondiendo a vecinos con potenciales cuadros de COVID-19. La precariedad se viste con ropajes de improvisación.

Denunciamos la extorsión del gobierno que dispone de los recursos del estado para la atención sanitaria. Pretende encubrir con trabajo estatal precarizado el agravamiento de los problemas socio habitacionales, preexistentes y profundizados por la pandemia, que aquejan a las villas y barriadas más golpeadas por la desocupación, la falta de acceso a la vivienda y a un servicio integral de la salud.

Denunciamos el silencio del único sindicato en el IVC, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Ciudad (SUTECBA), que no solo NO reconoce a los miles de trabajadores precarizados bajo monotributo como trabajadores, sino por la pleitesía con la que se colocan al servicio de los funcionarios de Rodríguez Larreta.

Los trabajadores debemos organizarnos y exigir:

Elaboración de un protocolo de seguridad aprobado por los trabajadores, para establecer cómo se efectúan las tareas. Que incorpore criterios de limpieza de los espacios físicos y de los elementos de trabajo. Cantidad máxima de trabajadores en cada lugar. Turnos para el desarrollo de tareas. Transporte hacia los lugares de trabajo en remise o taxis. Contratación de personal especializado para tareas que lo requieran, como por ejemplo las de orientación a personas afectadas por las diversas problemáticas abordadas, etc., Provisión de trajes, barbijos, guantes, alcohol y otros insumos de protección sanitaria que prevengan la exposición y propagación del COVID-19, Contratación de ART para todos los trabajadores monotributistas. Pase a planta permanente ya de todos los trabajadores y trabajadoras. Paritarias libres.