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El retiro de uno de los últimos puestos de control en la Villa 1-11-14 por parte de la gendarmería nacional derivó en un piquete de las familias de Bajo Flores. Gendarmería continúa retirando sus garitas en los barrios, a pesar del elevado movimiento delictivo en los mismos.
Está situación provocó una masiva autoconvocatoria por parte de los vecinos, quienes cortaron las avenidas en la intersección entre Perito Moreno y Fernández de la Cruz con un acampe que continuó durante toda la noche, inclusive bajo la lluvia. Los vecinos intentaron cortar también el sistema eléctrico cercano, como medida extrema para reforzar la concurrencia vecinal en el lugar.
También se montó una olla popular en medio de la protesta como señal de que no levantarán está medida hasta tener una respuesta favorable. Esta medida se tomó primeramente para impedir el paso de la grúa y los camiones que venían a llevarse la última garita de ese sector, y continuará hasta tener alguna respuesta que priorice la seguridad en el barrio.
Mientras tanto la gendarmería permanece en silencio y sin dar ninguna respuesta que calme la situación. Se informó que la gendarmería dejará el barrio para que la Prefectura se haga cargo de de la seguridad en un período de transición entre fines de este año 2023 y principios del 2024. Pero los vecinos alegan que todavía no llegamos ni a medio año y el lugar ya se encuentra desprotegido y abandonado.
Entre los planteos que se escucharon en la movilización está el pedido de que las garitas permanezcan para que los mismos vecinos hagan uso de ellas y se hagan cargo de la seguridad, organizando cuadrillas de vigilancia vecinal. Naturalmente, carecen de cualquier condición para impedir un hecho delictivo –esa responsabilidad le cabe al Estado. La salida de las garitas de seguridad en el barrio profundiza la intranquilidad entre las familias de la 1-11-14, ya que la situación recrudece de manera similar a años anteriores donde los robos y tiroteos eran constantes.
Recordemos que en este mismo sector del barrio, incluso con la presencia de la gendarmería, apuñalaron de muerte al joven estudiante Nahuel Eguino, de 16 años de edad, para robarle el celular mientras retornaba de la escuela rumbo a su hogar. En este mismo barrio, la pequeña Noelia Torrilla de 4 años de edad perdió la vida en medio de un tiroteo narco.
Son múltiples las situaciones de inseguridad que muchas veces terminan en la muerte de algún vecino, sobre todo en los robos y asaltos que sufren las familias y los adolescentes que transitan por el barrio. Esto sin mencionar el incremento masivo de la drogadicción y el narcotráfico que atentan con la vida de los adolescentes e incrementan en gran medida esta situación.
Desde Política Obrera nos acercamos en solidaridad a la protesta en el lugar, porque sabemos las dificultades que está situación implica y las consecuencias a corto tiempo que ponen en riesgo la estabilidad de los trabajadores y sus familias. Al mismo tiempo, luchamos por un programa de carácter integral frente a la crisis social y de inseguridad que atraviesa el barrio. Es muy claro que ni la propia Gendarmería ni ninguna fuerza de seguridad han impedido la proliferación del narco y de los delitos. Planteamos, en primer lugar, colocar a la actividad de la Gendarmería bajo control de vecinos electos; en segundo lugar, el reclamo de la urgente urbanización del barrio, que termine con los pasillos y asegure el trazado de calles y viviendas en regla para todos los vecinos, así como servicios e iluminación adecuada en todo el barrio. Esas obras urgentes podrían ser realizadas por los vecinos desocupados, a partir de un padrón. En tercer lugar, una campaña coordinada entre las organizaciones del barrio, docentes y trabajadores de la salud, para combatir la droga y sumar a la juventud a la lucha por transformar a la villa en un verdadero barrio. La inseguridad es la consecuencia final de la degradación que sufrimos en todos los planos –habitacional, sanitario, laboral. Vamos por una lucha de conjunto.
