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El amague del gobierno nacional de expropiar Vicentin, tras la quiebra presentada por la empresa en 2019, entusiasmó a varios gremios que señalaron la medida como una salida “nacional y popular”.
En un comunicado emitido el 11 de junio de 2020, la comisión directiva de la Federación Aceitera y la comisión interna y los delegados de base de la planta Vicentin de Avellaneda, manifestaron su apoyo a “la intervención del Estado para la defensa de los puestos de trabajo en Vicentin". Expresaban su confianza en que “esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. La expropiación ha quedado en la nada. El gobierno estableció una intervención que también quedó en la nada y el gobierno nacional ya no habla más de Vicentin. Tres años más tarde, ha comenzado a efectivizarse la demolición definitiva de la histórica firma aceitera de Santa Fe.
La AFIP y el propio Banco Nación impugnaron la propuesta formulada por Vicentin a sus acreedores por considerarla una estafa. El sindicato de trabajadores aceiteros del dpto. Gral. Obligado y San Javier advirtió al juez de la quiebra que, si se homologa el acuerdo, en los próximos 18 meses, la empresa desaparecerá en Avellaneda y sus empleados “quedarán sin su fuente laboral” (reconquistasf.com.ar, 3/5).
En la propuesta a “homologar” por el juez la empresa desaparece como tal, convirtiendo sus activos en una actividad de fazón a favor de sus compradores al costo. Con el trabajo a fazón también desaparecerán con ella los puestos de trabajo efectivo.
La empresa, además, propone que los activos del norte de Santa Fe queden excluidos y se estime su valuación para la venta. Junto a esto propone que los 80 trabajadores administrativos que hay actualmente sean despedidos en su totalidad, ya que por la propuesta de modalidad de fazón la administración quedaría reducida al mínimo.
Además, propone que los demás trabajadores de la planta queden en la actual situación de transición por 18 meses, sin ninguna seguridad ni expectativa sobre el futuro de sus puestos de trabajo. En una palabra, plantean la fecha del desguace definitivo de la planta del norte.
La respuesta del gremio aceitero de Reconquista y de la Federación Aceitera hasta ahora es extremadamente débil Se ha limitado a presentar una carta al juez de la causa -muy cuestionado por su concomitancia con la patronal de Vicentin- para que no acepte la demolición final, pidiendo por los trabajadores administrativos, cuando lo que plantea esta grave situación es la realización de asambleas en todas las grandes aceiteras, una movilización nacional de la Federación y un paro general para impedir que se pierdan los puestos de trabajo, porque primero serán los de Reconquista y Avellaneda y después los del cordón de San Lorenzo.
Vicentin es el caso extremo de una patronal amparada por los distintos gobiernos de turno, que le han permitido todo tipo de maniobra fraudulenta. Vicentin sigue el mismo camino de las grandes patronales hoy que despiden, reducen salarios y sobreviven por el rescate del Estado.
Basta de subsidiar a las patronales: apertura de los libros de las grandes aceiteras, estatización bajo control obrero de los puertos. Ni un aceitero en la calle.
