Escribe Mariano Hermida
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Las trabajadoras de la educación de la Educación Inicial han dicho “BASTA”, como reza una de las principales banderas de las marchas. Cansadas de soportar acusaciones sobre supuestos casos de abusos, de sufrir situaciones de violencia en los jardines, de ataques mediáticos, de la desprotección del gobierno provincial y la inacción de los sindicatos provinciales, se ha puesto en marcha un movimiento autoconvocado que reclama medidas de protección y resguardo en toda la provincia de Buenos Aires.
Se desarrollaron movilizaciones de 700 maestras en La Matanza exigiendo ser atendidas por las autoridades distritales. El pasado lunes 8, en Capital Federal se realizó un paro y una gigantesca manifestación para repudiar hechos de violencia en un jardín de Palermo. Ante nuevos casos que se produjeron en los distritos de José C. Paz y Merlo, se han producido paros distritales que incluyó manifestaciones numerosas. En una movilización a la Dirección general de Escuelas, maestras del nivel Inicial llevaron su reclamo ante las autoridades provinciales. El viernes 19/5 habrá una marcha de antorchas en el distrito de Esteban Echeverría.
Lo que reclama la docencia del nivel Inicial es la implementación de un protocolo de resguardo y medidas para proteger a la docencia que está siendo víctima de un conjunto de denuncias sobre supuestos casos abusos que se darían al interior de los jardines, y también en otros niveles. En los casos que se han registrado hubo golpizas hacia docentes y auxiliares. Compañeros se han tenido que mudar por la cercanía de su domicilio con el jardín para evitar linchamientos. El marco de esta situación es la descomposición del régimen social vigente y el derrumbe del sistema educativo. En un contexto de un 40% de pobreza, con seis de cada 10 niños pobres, con familias que se ven desintegradas por el impacto de la crisis económica y social, con situaciones de violencia, que crecen al interior de las familias, que no tienen ningún tipo de acompañamiento de parte del Estado, la “bomba” termina explotando las escuelas, y en el nivel Inicial en particular, que es el primer contacto que tienen las familias con la educación pública. Se está produciendo una estigmatización del trabajador de la educación, que tiene como principal impulsor al Estado.
Las maestras, entre su pliego de reclamos, también exigen protección para esas infancias que han sido expuestas por las denuncias para que (en los casos dónde exista) se llegue a los verdaderos abusadores. Según las estadísticas disponibles en una abrumadora mayoría los casos se producen al interior de las familias.
En los casos de ataque que se han producido el gobierno provincial deja desprotegidas a las compañeras y compañeros. La ART se niega a cubrir los casos que han ocurrido dentro del ámbito laboral. Los inspectores (que aprietan a las docentes para que no “digan nada”), rápidamente aplican el artículo 139 para separar transitoriamente a las docentes del cargo, para luego enviarlas a otro jardín. No se brinda ningún tipo de asistencia psicológica y legal. Los medios rápidamente instalan en las noticias que los abusos son reales sin tener la mínima prueba de ello y agitan a las comunidades contra la docencia. Se están extendiendo los casos de docentes que prefieren directamente no tomar horas en el nivel Inicial o maestras que ante el temor deciden renunciar a su cargo y buscarse otro trabajo. Este desamparo por parte del Estado no es casual, sino que forma parte de una política de ataque a la escuela pública y a los trabajadores de la educación. Los sueldos de pobreza que cobra un docente, las pésimas condiciones de infraestructura escolar, la sobrecarga laboral que sufren las maestras, la falta de cargos necesarios, sin preceptoras por sala, la falta de construcciones de jardines, forman parte de las pésimas condiciones laborales a la que están expuestas las docentes del nivel, pero que llega al extremo cuando ante una denuncia, empieza a correr riesgo su integridad física, psíquica y hasta su propia vida. Se trata de la forma más extrema de precarización que puede sufrir un trabajador.
La irrupción de las maestras ha obligado al gobierno y a la burocracia sindical a intervenir sobre el tema. Están discutiendo en reuniones paritarias medidas de “resguardo y reparación”, que, sin embargo, no fueron debatidas por ninguna maestra de base. Un verdadero protocolo debería ser elaborado por las propias involucradas.
Por el lado del movimiento docente autoconvocado que está en marcha en Buenos Aires, se discute por estas horas, la convocatoria a una reunión provincial para acordar medidas de conjunto.