Massa negocia su candidatura con los Kirchner y el FMI

El “plan aguante” ha llegado a su fin. La batería de anuncios del domingo y lunes recientes han logrado lo contrario de lo que se proponían. En las horas siguientes, el dólar paralelo se fue empinando de nuevo a los 500 pesos. Si, como se dice, el 8,4% de inflación minorista de abril obedeció a la “corrida cambiaria” de finales de mes, esta nueva “corrida” augura un piso del 10% para mayo. Las bisagras del “cepo” se han oxidado.

Massa necesita, como recurso último, un adelanto de los fondos comprometidos por el FMI para julio. Las cifras que se barajan van de cinco mil a diez mil millones de dólares. La condición para esta operación es que el gobierno devalúe el tipo de cambio oficial entre un 30 y un 50%, o sea de 300 a 350 pesos por dólar. De otro modo, el dinero se disiparía en un abrir y cerrar de ojos en el financiamiento subsidiado de importaciones, pagos de intereses en moneda extranjera y giro de dividendos al exterior. Esa devaluación no sería acompañada, sin embargo, por un levantamiento del “cepo”, por el temor a que dispare una devaluación aún mayor. El intento de controlar el mercado paralelo mediante la venta de bonos en dólares, sea de jurisdicción nacional como extranjera, tampoco ha tenido éxito. Esa operación constituye una defraudación histórica del patrimonio público, porque los bonos fueron comprados a valor 100, en la operación “desendeudamiento” y ahora se venden a 25. Por medio del “desendeudamiento”, el kirchnerismo pagó la deuda externa con dólares de Anses y el Banco Central, a los cuales entregó los títulos que habían llegado a su vencimiento. Un desfalco del 75% produciría una condena penal en cualquier tribunal de justicia.

Inflación: hija putativa de una deuda impagable

El ‘replay’ de las “corridas” sufridas por Martín Guzmán y Sergio Massa han sido atribuidas a la persistencia del déficit fiscal no financiero y a la emisión de moneda para financiar el Tesoro. La misma razón se ofrece para explicar la inflación. La realidad desmiente esta caracterización, porque tanto los ‘ajustes’ de Guzmán y Massa han producido una poda furiosa del gasto público, fundamentalmente el social. La mayor emisión del Banco Central no obedece a la financiación del Tesoro sino a la recompra de títulos de la deuda en pesos del Tesoro y al crecimiento fenomenal de la tasa de interés que pagan las Leliq –que es una deuda del Banco Central. La deuda en pesos representa el 34% del total de la deuda pública del Tesoro, o sea el equivalente a 130 mil millones de dólares. Es, además, una deuda indexada, sea por inflación o dólar; la mitad se encuentra en poder de tenedores privados, como compañías, fondos comunes y compañías de seguros. La imposibilidad de hacer frente al pago de la deuda pública nacional (gobierno, provincias, municipios, empresas estatales y Banco Central, por un monto de 550 mil millones de dólares) afecta la solvencia de la moneda nacional, el peso. La desvalorización internacional del peso, es decir frente al dólar y monedas extranjeras, es el factor más poderoso de inflación y, a término, de una hiper inflación. Si, como reclama el FMI, el dólar oficial se devaluara entre un 30 y un 50%, las consultoras estiman que la inflación mensual saltaría a un promedio del 15% en los próximos meses.

No obstante, la sequía, sin embargo, los términos del intercambio con el exterior siguen favoreciendo a Argentina, de modo que no se justificaría una devaluación que no fuera marginal. El propósito de una devaluación mayor es financiero: ciertamente reducir las importaciones, pero por sobre todo producir una desvalorización de patrimonios, ingresos y salarios para atraer divisas y capitales del exterior. Producir, asimismo, una desvalorización de las Leliqs, medidas en dólares, que recaerá sobre los depósitos bancarios. La devaluación no sería funcional a un equilibrio comercial sino a mejorar los flujos para pagar los intereses de la deuda pública. La bancarrota del Estado es el núcleo de la crisis económica de Argentina.

Candidatura de Massa abre una crisis política

El intento de atravesar esta bancarrota sin un estallido financiero hasta las elecciones generales, ha convertido al derrumbe financiero en una crisis política. La designación de Massa para el ministerio de Economía fue el resultado de un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos y del FMI. Hace menos de dos semanas, Massa fue la estrella de una “cumbre” de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde recibió un apoyo generalizado para esta transición –lo mismo hizo la muy ‘neoliberal’ Asociación de Empresarios Argentinos. En la “cumbre” no hubo ninguna duda de que Massa lograría el adelanto financiero del FMI, lo que significa la devaluación del peso. Una devaluación del peso, sin embargo, que llevara la inflación mensual a los dos dígitos, podría producir la caída anticipada del gobierno.

Esta encrucijada ha colocado a las PASO del oficialismo en un lugar central. Massa planteó, en la misma AmCham, que la condición para su candidatura a la presidencia -y, por lo tanto- para su continuidad en el gobierno, dependía de que fuera proclamado candidato indisputable del FdT en las Paso. La continuidad del apoyo del FMI está condicionada a que Massa reúna el poder político necesario para llevar adelante la devaluación, o sea que CFK abdique de cualquier opción fuera de Massa. La dilatación de la negociación con el FMI obedece a la necesidad de cumplir con este requisito político. Massa se convertiría, en esta línea, en árbitro de las designaciones en el Frente de Todos. El programa del Fondo ha quedado condicionado al desenlace de la crisis política en el kirchnerismo. El FMI y Massa deben tener la expectativa que el impacto inflacionario de una devaluación dure menos de “los 115 días” que, según relata Remes Lenicov, ex ministro de Duhalde, le llevó dominar la hiperinflación desatada por la devaluación que siguió al abandono de la convertibilidad.

Las medidas adoptadas desde el domingo no son incompatibles con la devaluación que se negocia con el FMI. Esta devaluación será acompañada con aumentos en las tasas de interés y serviría como protección a la industria nacional que enfrenta competencia extranjera. Lo fundamental, sin embargo, es que la cuestión económica ha adoptado un carácter decididamente político, y que el programa del FMI se ha convertido en una injerencia política en el proceso electoral y en el peronismo. La candidatura de Massa refuerza el propósito de convertir a las elecciones en dos opciones favorables a la “unidad nacional” –con Rodríguez Larreta del otro lado del mostrador. La llamada “salida política” a la crisis no queda para diciembre sino que se dirime hoy mismo, bajo la presión del derrumbe financiero.