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Tomó estado público el despido de 90 obreros de la construcción de un plantel de 180 que estaban contratados por la empresa Dycasa. Esta constructora estaba abocada a la construcción de la red cloacal en varias localidades del Este tucumano. Las obras estaban financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se habían iniciado en octubre de 2021 y debían concluirse en 36 meses. Hasta el momento las obras habían completado el 40 % de los trabajos. Esta obra era señalada como una muestra de gestión por parte del gobierno provincial y por el intendente Monteros, de la ciudad de la Banda del Rio Salí, la segunda ciudad más poblada de la provincia, superando los 100.000 habitantes. Desde la sede central de la constructora, ubicada en Buenos Aires, informaron que iban a concluir las obras abiertas en la localidad de Lastenia, en la ciudad de Alderetes, en la comuna de San Andrés y en la ciudad de la Banda del Rio Salí y que luego se retirarían, lo que implicaría el despido del resto de los trabajadores.
Dycasa es una constructora que integra el grupo ACSA, una multinacional que opera en México, Uruguay, España y la Argentina. La constructora alegó problemas económicos y financieros.
Gerónimo Vargas Aignasse, jefe Regional del NOA y NEA del Ente de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), encargado de auditar las obras, señaló su “extrañeza” por la decisión de la constructora pues tenía los fondos asegurados en dólares. El funcionario realizó esta aclaración en momentos en que distintos sectores de la construcción de Tucumán advirtieron que vienen sobrellevando una demora de los fondos nacionales y de los intereses por redeterminación (indexación) de precios.
Por su parte el presidente de la filial provincial de la Cámara Argentina de la Construcción, Mario Nahas, dio a conocer la paralización de, por lo menos, una quincena de obras ejecutadas a través del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, la ralentización de trabajos vinculados con nuevos establecimientos escolares y refacción de otros edificios, financiados por la Nación, y hasta en el programa de viviendas, destacando que “algunas empresas tratan de evitar asumir compromisos que luego no se pueden cumplir, debido a la redeterminación constante de los precios que el Estado demora en reconocer, lo que atenta con los presupuestos, o directamente no logra conseguir los fondos federales para cubrir ese mayor costo” (La Gaceta, 23/05). El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, por su parte subrayó que “la inflación no es previsible para el sistema de redeterminación de la mayoría de las obras públicas" (ídem).
Las constructoras están presionando por la indexación presupuestaria de los costos de las obras en función del proceso inflacionario, procurando salvar sus ganancias. Mientras tanto, no vacilan en cargar sobre los trabajadores con suspensiones y despidos el costo de la crisis.
