Escriben Amanda Arce y Pablo Alejandro
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Frente a la escalada inflacionaria y el feroz ajuste que sufren los trabajadores en general, docentes jubilados revisaron sus haberes y se sorprendieron al descubrir que no se les estaba abonando el 82% móvil. Una vez más, los docentes de la escuela Lucio Lucero, quienes ya están jubilados, se convirtieron en protagonistas de varias luchas en defensa de la educación pública. Inmediatamente convocaron a una asamblea junto con otros jubilados en la misma situación, donde se realizó un control de los haberes jubilatorios y se determinó que no se estaba cumpliendo con el pago del 82% móvil que les correspondía por ley. Esto se debe a que el descuento que sufrieron en sus haberes mientras estaban en actividad era superior al que sufren los trabajadores de otros gremios. La promesa fue precisamente el pago del 82% móvil, por lo que se aplicó un mayor descuento.
En la asamblea convocada, los docentes jubilados, que asistieron en gran número, decidieron presentar directamente sus reclamos ante ANSES y no buscar abogados. Tras consultar a ANSES sobre la documentación requerida, se llevaron a cabo los trámites correspondientes. El 30 de mayo, durante una movilización acordada en la asamblea, se recopilaron los datos por parte del grupo organizador, quienes luego presentaron la documentación a Ángela Gutiérrez de Gatto, delegada de ANSES en San Luis. La funcionaria recibió a la comisión nombrada y reconoció plenamente la vigencia del 82% móvil, aceptando la documentación presentada sin necesidad de cita previa. Alrededor de 400 jubilados docentes presentaron su reclamo por esta vía y entregaron la documentación correspondiente, que fue recibida por el personal de la entidad.
Esta situación fue determinada en una segunda asamblea, aún más numerosa que la primera, donde se resolvieron los pasos a seguir. Queda pendiente una segunda presentación, ya que los docentes jubilados del interior de la provincia se están sumando día a día para reclamar sus haberes. Se dejó en claro que las presentaciones se realizarán por vía administrativa, a pesar de las indicaciones de las autoridades de ANSES que sugieren recurrir a la vía judicial, la cual llevaría años para tramitar y resolver el caso de manera positiva o negativa. Hasta la fecha, los juicios iniciados han resultado favorables, pero duran entre 5 y 10 años, y los jubilados no pueden esperar tanto tiempo. Por lo tanto, se ha manifestado que esto constituye una gran estafa a este sector y se cuestionan los obstáculos que la delegación de ANSES en San Luis está poniendo. Cada vez que se realizó un reclamo de manera individual, este fue inmediatamente delegado. Por lo tanto, consideramos que los frenos que están imponiendo en la provincia buscan ahorrarle al Estado una suma considerable, quitándosela a los jubilados que han aportado durante toda su vida. Estas sumas, que luego son administradas por los gobiernos de turno, terminan en manos de organismos internacionales como el pago al FMI.
Se acordó que la segunda entrega se realizará con una movilización el 23 de junio, con la presencia de aquellos que presenten el reclamo, además de los jubilados que ya lo han hecho, ya que los representantes de ANSES deberán dar respuestas a estos reclamos y actualizar automáticamente los haberes, otro de los pedidos que se está haciendo: la automatización de los haberes jubilatorios, sin necesidad de tener que reclamar cada vez que se otorgue un aumento al sector activo. El otro reclamo consiste en el pago retroactivo de lo adeudado, que en algunos casos supera la década. Durante las asambleas, nos encontramos con casos de personas que actualmente están cobrando sumas de $20.000, $50.000 y $90.000. Esto demuestra que la correspondiente actualización no se ha pagado durante varias décadas. Es importante destacar que estas personas son jubilados que ya tienen 80 años o más, lo que significa que la deuda con ellos se remonta a mucho tiempo atrás. La desactualización de sus haberes ha sido tenida en cuenta por los gobiernos que han actuado de esta manera.