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El gobierno viene ampliando las facilidades para el acceso al “cannabis medicinal”, al mismo tiempo en el que se desarrolla un negocio fenomenal detrás de la confección de recetas médicas, posgrados y diversos proyectos industriales en todo el país.
Actualmente, los médicos cobran hasta 20 mil pesos por recetar cannabis de forma legal (Clarín 28/05). A su vez, el 20 de abril, el Ministerio de Salud extendió a tres años el período de vigencia del certificado de aprobación para el cultivo de cannabis y facilitó que ONGS puedan inscribirse en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (REPROCANN). El REPROCANN es el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis creado a través del decreto 883/20, que regula la ley 27350, de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. (Ministerio de Salud, 20/04). Alcanza con presentar la receta para obtener el permiso. Médicos que realizan este tipo de órdenes, cobran $ 15.000 o hasta $ 20.000 para colaborar con la inscripción al registro. Es una legalización de hecho.
Los médicos especialistas en cannabis se promocionan en sitios 420 (o sea sitios afines al consumo de cannabis) entre las redes sociales de activistas y mucho por el boca en boca. También es frecuente que los pacientes lleguen por derivación de otro médico (Clarin, 28/05) Al momento, existen cinco maneras de inscribirse al REPROCANN, según el tipo de perfil que se desee generar: 1. Paciente-persona en tratamiento. 2. Responsable de la persona en tratamiento. 3. Cultivador solidario o tenencia de plantas o derivados del cannabis para uso medicinal. 4. Profesional de la salud que prescribe cannabis con fines medicinales. 5. ONG (Organizaciones No Gubernamentales) vinculadas a la salud. Durante los últimos años, se abrieron cursos de posgrado en cannabis terapéutico en al menos diez universidades. Estos posgrados son arancelados. En cannabis es un gran negocio.
La demanda de registro es alta. Actualmente suman 200.000 los inscriptos en el registro del Reprocann (Clarín, 20/04). En respuesta al fuerte crecimiento de las solicitudes de inscripción al programa que hubo en los últimos meses, se realizó una revisión del procedimiento de evaluación de trámites que permitió acelerar los tiempos de resolución e implicó bajar la espera promedio a menos de 10 días hábiles. De este modo, mientras que en febrero había más de 33 mil trámites a evaluar, en la actualidad el stock es de 1.600 trámites (https://www.argentina.gob.ar/, 20/04). Diversos testimonios levantados (Clarín, 28/05) dan cuenta de que la confección de ordenes médicas para el registro del REPROCAN apunta a la necesidad de quien paga. De esta forma, se receta cannabis para trastornos de sueño o de ansiedad, por médicos que no son especialistas en dichos trastornos, apuntando al uso “recreativo”. “Fue inmediato, no me preguntó nada. Solo me explicó cómo hacer la inscripción. Fueron $ 8.500 por el trámite”, refiere uno de los entrevistados.
Negocio a costa de la salud
Se prevé que el mercado mundial de cannabis experimente una tasa de crecimiento compuesto (CAGR) del 14,5 % hasta 2027 (El Cronista, 24/05). La empresa estatal jujeña que el represor Gerardo Morales puso en funcionamiento en 2018 para dedicarla a la producción de cannabis medicinal de grado farmacéutico (Cannava) es actualmente la compañía líder en la industria argentina. El gobernador de Jujuy, además, anunció que construirá un parque de incubación de unidades productivas privadas que, a modo de franquicias biotecnológicas, producirán cannabis medicinal de alta calidad para cubrir la mayor demanda productiva de la sociedad estatal (Infobae, 14/04). Dentro de esa superficie, el diseño contempla la instalación de 66 unidades productivas, de las cuales se estima que al menos 40 se pongan en marcha este mismo año y calculan que la capacidad de facturación anual de este sistema de unidades productivas privadas rondará los 20 millones de dólares anuales (idem).
Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela está llevando adelante las inversiones públicas que generen las condiciones para la instalación de empresas privadas en la provincia, y poner a la industria del cannabis como política de Estado (El Cronista, 24/05). El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, otorgó una licencia nacional a favor de Agrogenética Riojana SAPEM, para realizar investigaciones conjuntas con emprendedores privados que pudieran aportar conocimiento y experiencia y se brindó una superficie cultivable para investigación dividida en 16 partes para compañías privadas.
Lo desarrollado previamente demuestra el verdadero interés del sistema capitalista detrás dela legalización del uso de Cannabis con supuestos fines medicinales: un negocio fenomenal en donde no existen los límites entre fines medicinales y el consumo con fines “recreativos”. Además, deja al desnudo una orientación hacia la salud donde lo que importa no es la prevención sino generar un paciente. Los problemas de raíz no son atendidos, ya que plantean el problema social de fondo que es la sociedad capitalista. Por el contrario la descomposicion social, la miseria, la angustia que ello genera es la plataforma para negociados con la salud de las masas. La legalización del consumo del cannabis en el marco de una crisis capitalista sin precedentes, no tiene nada bueno que ofrecernos a la población trabajadora.
