Qué situación política tenemos en vísperas de la campaña de las PASO

La situación política se ha modificado considerablemente como consecuencia de las crisis políticas en Jujuy y en Chaco. En esta última provincia, el régimen plebiscitario de Capitanich ha recibido un golpe de magnitud como efecto de su inmovilismo, cuando no de su complicidad, para responder al crimen de Cecilia Strzyzowski, seguida del eventual descuartizamiento de su cuerpo, por parte de la familia Sena. Los Sena forman parte del piqueterismo oficialista que recibe subsidios por arriba y por abajo de la mesa, desde el Ministerio de Desarrollo Social y los gobiernos de provincias. El inmovilismo político alcanzó a la cúpula del poder nacional, pero especialmente al sector kirchnerista, que ha dedicado la mejor parte de su tiempo a embarrar las PASO para neutralizar a Scioli-Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. Desde 2003, el kirchnerismo ha mostrado una falta consecuente de empatía con las víctimas de su aparato nacional, sean las burocracias estatales y/o sindicales. El domingo 18, Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y candidato "in pectore" a la Presidencia para las elecciones 2023, recibió un rotundo revés electoral. La muletilla de “los oficialismos ganan en las provincias” sufrió una fuerte desmentida. El Frente oficial obtuvo menos votos que JxC, además del repudio de una elevada abstención, seguramente de electores del peronismo. Como el macrismo procura ubicarse en la vereda de enfrente de estos acontecimientos, es oportuno recordar que Capitanich llegó a la Gobernación, en 2007, de la mano de una colectora -Frente Chaco Merece Más- que integraban Recrear para el Crecimiento, de López Mutphy; el Partido Popular de Reconstrucción, de Federico Pinedo; el Movimiento Nacional Constitucionalista, de Alberto Assef; todos ilustres integrantes de Juntos por el Cambio.

En Jujuy, por su lado, ha irrumpido un levantamiento popular contra la Constitución aprobada por la UCR y la oposición peronista, que apunta a consagrar formalmente un Estado policial. El adefesio de Morales y sus asociados justicialistas prohíbe las manifestaciones que no se atengan a la reglamentación policial y toda forma de acción directa de los trabajadores. Tuvo que retroceder, por consejo de los abogados, al propósito de eliminar la renovación parlamentaria cada dos años, pero sólo para dar un salto mayor: poner en reserva las tierras de las poblaciones aborígenes, para poder confiscarlas en beneficio de los inversores en la explotación del litio. Los pueblos originarios reaccionaron como un poderoso resorte mediante el corte de rutas, expresamente interditado por el adefesio constitucional. El nuevo gobernador de Morales ordenó la represión de Gendarmería y Policía, que se ha extendido a los cortes de solidaridad en el resto del territorio. La “victoria de los oficialismos provinciales” se transformó, como ha ocurrido en Salta, en un levantamiento contra los ‘victoriosos’, apenas se cerraron las urnas. Gustavo Saénz, el salteño reelecto, un hombre de Sergio Massa, había repetido el libreto de Morales, ordenando a la Legislatura la aprobación de una ley que reprime la “protesta social”, para la cual obtuvo el quórum de kirchneristas y macristas. Los ‘ganadores’ del Norte enfrentan, inmediatamente después de las elecciones, un movimiento popular contra el establecimiento de un estado de excepción permanente en sus provincias.

Esta conmoción política se desarrolla, como es obvio, cuando se agrava la situación material de los trabajadores en todo el país. La nueva ‘aspiración’ de las autoridades es ‘estabilizar’ la inflación en el 7-8 por ciento mensual. Para ese propósito ‘nacional y popular’ la Unión por la Patria necesita que el FMI le adelante los dólares que permitan contrarrestar una “corrida cambiaria”. El lunes 19, Clarín advierte lo que desde estas páginas hemos caracterizado hace largo tiempo: que “la candidatura de Massa está atada a que el FMI anticipe fondos”. También es cierto esto otro: que el FMI anticiparía los fondos sólo si Massa es candidato. Cristina Kirchner se apresuró a denunciar todo esto como una extorsión –”negociar con una pistola en la cabeza”-. Una situación similar -habría dicho- “a la crisis de 2001”. Pero difíclmente quiera desarmar al pistolero. En cualquier caso, el FMI reclama, a cambio del adelanto, una devaluación del dólar oficial, aunque no se lo anuncie como tal. Una devaluación, sin embargo, mandaría al diablo la “estabilidad” del 7-8 por ciento.

La interna de la Unión Patriótica está enteramente cruzada por la crisis financiera. El manejo de esta crisis ha entrado, hace mucho, en una fase inmovilista. Mientras el déficit primario mensual se ha reducido al 6,2 % de la recaudación total, el déficit financiero (pago de intereses de la deuda pública) ha alcanzado al 22,1 % de los ingresos totales. “La Patria” aprieta la clavija contra el gasto social y los salarios y tira manteca al techo cuando se trata del capital financiero. Las grandes compañías han triplicado su endeudamiento en pesos (211 %), mediante títulos ajustados al dólar, a una tasa de interés baja (6,2 %), si se la compara con un endeudamiento en dólares, del orden del 25 % anual. El ‘cepo’, que critica todo el mundo patronal, es aprovechado por las grandes patronales para desarrollar un negocio fenomenal, en momentos en que sus ganancias, gracias a la inflación, baten récords. Esto contribuye a desenvolver el cuadro hiperinflacionario de la deuda pública.

La campaña de las PASO, desde fines de junio a mediados de agosto, aumentará las divergencias e incluso escisiones en todos los bloques participantes, mientras la tendencia a luchas de mayor amplitud no hace más que reforzarse, tanto en el plano de las reivindicaciones inmediatas como en el político. Esta crisis ha reservado un capítulo especial a Javier Milei, que se desbarranca a mayor velocidad que los dos bloques ‘tradicionales’. Han quedado definitivamente en el ridículo los intentos de algunos partidos que se declaran de izquierda a pugnar con Milei por quién era más libertario o enemigo del Estado.

La continuidad del gobierno de los Fernández, en estas condiciones, sigue sin estar asegurada. Los planteos políticos de la campaña se van enriqueciendo: a la denuncia de la política fondomonetarista del gobierno y el macrismo; a la denuncia de la confiscación cada vez más aguda que representa la hipoteca de la deuda pública; al combate contra la desvalorización monumental de salarios y jubilaciones; a todo esto, se suma la lucha por la derogación de la Constitución de Jujuy y de las leyes represivas en esta provincia y en Salta; se suma la movilización contra el encubrimiento político-judicial del crimen contra Cecilia y se suma el desarrollo de las autoconvocatorias y las huelgas generales en ámbitos laborales y sociales. Llamamos a convertir las movilizaciones en Chaco, Jujuy y Salta en una marcha nacional para imponer los reclamos.