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En menos de lo que canta un gallo, los sindicatos provinciales han aceptado la oferta salarial que realizó el gobierno bonaerense.
Según difundió el SUTEBA Provincial se trata de un aumento nuevamente en cómodas cuotas, a cobrarse en el mes de agosto (30%) y otro tramo que se percibirá en Octubre (15%), que no serán acumulativos, porque toma de referencia para realizarse el salario del mes de febrero. Pero ya la burocracia sindical arranca con una mentira grande como una casa, porque tomando de referencia el último salario percibido, el aumento de la primera cuota será del 22%, no del 30% que se difunde. Como los aumentos vienen en cuotas y la inflación corre mes a mes, continuará la pérdida de poder adquisitivo que viene siendo sistemático hace nueve años.
Los porcentajes esconden que la mayoría de las actualizaciones se harán por fuera del salario básico, es decir sobre cifras en negro. Debido a una política de destrucción del salario, en la composición actual del salario de bolsillo, una mayoría se trata de cifras en negro. Es una forma también de seguir achatando la pirámide salarial hacia abajo y atacando la carrera docente porque la diferencia entre los que recién se inician y los que acumulan años de antigüedad es cada vez menor. En concreto, en agosto una maestra de grado que recién se inicia cobrará de salario de bolsillo $200.000, y para el nivel secundario, que se toma de referencia el cargo de preceptor, cobrará $173.348, cuando una canasta familiar supera los $350.000. Con estos salarios la docencia está obligada a súperexplotarse en dos y hasta tres cargos para llegar a fin de mes, y no caer por debajo de la línea de la pobreza. En el acuerdo paritario las direcciones de los sindicatos no pusieron sobre la mesa la devolución de los días descontados por huelga que se produjeron en el último cobro.
El SUTEBA Provincial, apenas recibió la oferta, convocó a asambleas para las horas posteriores, con lo cual no existió el tiempo para que la propuesta se ponga a debate en las escuelas y se realicen mandatos. El fruto de esta política fue que las reuniones convocadas fueron raquíticas, sin la participación de las bases, por lo que se trató de un trámite express la aprobación de la oferta. En la asamblea de SUTEBA Matanza, dieron dos minutos para expresarse y los dirigentes celestes cortaban el micrófono a los compañeros que criticaban el acuerdo. Por otro lado, la burocracia difundió en las reuniones que está debatiendo un nuevo “convenio colectivo” sin nunca mencionar el contenido del mismo.
Nuestra corriente (Tendencia Docente clasista) intervino en las asambleas de los distritos planteando el rechazo a la oferta salarial mediante la huelga y colocamos que el salario mínimo por cargo debe cubrir el costo de la canasta familiar, indexado por inflación. Algo que tienen garantizado por ejemplo los bonistas de la deuda. Tanto en la asamblea de SUTEBA Matanza, como en Bahía Blanca (en acuerdo con la conducción de Gandolfo), la burocracia no puso a votación las mociones por paro, sino que las redujo a "aceptación o rechazo".
Denunciamos que con una inflación mensual del 8%, los aumentos en cuotas son una política de confiscación salarial y reivindicamos las huelgas generales autoconvocadas de Salta, los paros en Santa Cruz, la extraordinaria pueblada jujeña contra la reforma constitucional que votaron los radicales con el peronismo y las huelgas en Buenos Aires que se realizaron desconociendo a la dirección provincial. Denunciamos que los descuentos realizados por Kicillof constituyen un ataque al derecho a huelga de los trabajadores, como también lo realizó Larreta en CABA. Explicamos que los sindicatos oficiales se encuentran integrados al Estado –ahora apoyando la candidatura de Massa presidente- y que se han convertido en una cáscara vacía que no representan el interés general de la docencia. El camino para defender el salario y las condiciones de trabajo (como lo demuestra la rebelión jujeña) son las autoconvocatorias, los plenarios de delegados con mandato de escuela y la huelga general.
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