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El escenario tucumano de las PASO nacionales reúne manifiestas tensiones políticas y sociales.
El gobernador electo Osvaldo Jaldo afirmó que las PASO de Unión por la Patria no van a reeditar los porcentajes “obtenidos”por el Frente de Todos en la elección provincial (el 55% de la votación). Estima que perderían alrededor de 100 mil votos como resultado de la supresión fraudulenta del sistema de acople, por el cual se presentaron más de 3 mil candidatos enganchados a la fórmula ganadora. Por su parte, luego de su vertiginoso ascenso y caída, Juan Manzur asiste a un drenaje de su influencia.
En el caso de Juntos por el Cambio, se reproducen agravadas las disputas en interna nacional. Alfaro, actual intendente de la capital, que encabeza la formula alineada con la Larreta, ha perdido la intendencia a manos del Frente de Todos. El otro sector, encabezado por Campero, el actual intendente de Yerba Buena, Campero, alineado con Patricia Bullrich, despliega toda una serie de iniciativas derechistas, como la compra de pistolas Taser para los vigías municipales. En la celebración del 9 de Julio desfilaron los veteranos del operativo Independencia, que hundió a la provincia, a partir de 1975, en un reguero de masacres de militantes y ciudadanos.
El tercero, ‘en concordia’, es Ricardo Bussi, alineado con Milei, a pesar que en la elección provincial sus resultados fueron insignificantes. Bussi apuesta a que, en la interna de Junto por el Cambio, el monopolio de los planteos de ultraderecha los pueda canalizar Milei a nivel nacional y él mismo en la provincia.
Libres del Sur han tenido una votación muy por debajo de los esperado y han iniciado una caza de bruja interna para separar a aquellos “que no respondieron”. El FITU se encuentra enfrascado en su interna.
Una provincia en crisis
Recientemente el gobierno pudo refinanciar su deuda en pesos por 22 mil millones con el Estado nacional. En paralelo, salvo la construcción de una nueva cárcel, diversas obras están completamente paralizadas o directamente no se han iniciado. El cierre de empresas (ingenio San Juan), la emigración de otras (citrícola San Miguel, la constructora Dycasa), la situación de quebranto del ingenio Santa Bárbara), la crisis del transporte (las empresas concesionadas no garantizan el funcionamiento del servicio y el pago de los salarios); todo esto da cuenta de un creciente derrumbe económico, de precarización y hundimiento de los salarios, que promedia uno de los más bajos a nivel nacional.
El gobierno es consciente del carácter explosivo de la situación. Echa lastre, otorgando bonos miserables, pero por el otro ha avanzado con un boletazo y el aumento de las tarifas de la luz en un 60%. Ahora está usando la zanahoria de la paritaria pública para el segundo semestre para paralizar los reclamos antes de las PASO. El recurso político central del gobierno es la burocracia sindical, jugada a fondos a la defensa del ajuste contra los salarios y las condiciones laborales. En los principales sindicatos y grandes empresas han emergido movimientos autoconvocados: en el Ingenio Concepción, entre los cosecheros del citrus; en Alpargatas, entre los trabajadores de la salud y la docencia, entre los estatales dirigidos por ATE, en el movimiento de la juventud secundaria e inclusive universitaria, entre los familiares que se autoorganizan para lucha contra la impunidad. La universidad se ha transformado en un polvorín que va a explotar en el segundo cuatrimestre, antes de las PASO.
Los salarios, las condiciones de trabajo, la salud y educación y las libertades democráticas son las reivindicaciones motrices de los procesos de lucha incesantes, pero descoordinados.
Política Obrera se presenta con una lista a diputados nacionales encabezada por Raquel Grassino, referente de la docencia acompañada por Daniel Blanco. La lista se completa con Alejandra del Castillo, referente del movimiento de la mujer, Ariel Osatinsky secretario general de la Adiunt (sindicato de la docencia universitaria) y Marcela López referente de los trabajadores desocupados y precarizados. Su intervención en los procesos en curso y en la propia agitación en el proceso electoral promueve que la vanguardia luchadora tome conciencia de la necesidad de la independencia política de los trabajadores.
