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Se cumplen cinco años de la muerte de Sandra y Rubén, quienes el 2 de agosto de 2018 perdieron la vida tras la explosión, por fuga de gas, de la Escuela Primaria Nro. 49 de Moreno.
Lo ocurrido fue un crimen laboral. Sandra y Rubén trabajaban, como tantos docentes del distrito y del país, en escuelas en pésimas condiciones, con peligro de derrumbe, fugas de gas, falta de agua, mobiliario,etc. Sus muertes pusieron de manifiesto las terribles condiciones de las escuelas y su potencialidad como trampas mortales. Gracias a la lucha de los sectores combativos de la comunidad educativa se logró arrebatarle al Estado el arreglo de los problemas edilicios más apremiantes.
La movilización popular también logró que este 28 de agosto comience el juicio oral, que se llevará adelante en los tribunales de Mercedes. Tendrá como imputados a Sebastián Nasif (ex interventor), Monica Berzoni (ex presidenta del Consejo Escolar), Jorge Galian (ex consejero del área de Infraestructura) y Cristian Ricobene (gasista que trabajó en la escuela). El último enfrenta los cargos de "homicidio culposo en concurso real con defraudación en perjuicio a la administración pública”, mientras que el resto será juzgado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En este juicio hay grandes ausentes. Por un lado, Maria Eugenia Vidal, entonces gobernadora, una de las responsables del estado deplorable de las escuelas del distrito, junto a Gabriel Sanchez Zinny, director de Cultura y Educación y de provincia y Marcelo Di Mario, director de Consejos Escolares en 2018. Estos últimos ordenaron la intervención del Consejo Escolar y colocaron a dedo a Sebastián Nasif como interventor. Son los responsables políticos de este crimen laboral.
Pero el abandono de las escuelas de la provincia tiene más responsables. Los gobiernos peronistas anteriores, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, son responsables de este estado de cosas. Sin ir más lejos, en 2018 fue tristemente famoso el caso de corrupción de consejeros del PJ- kirchnerismo y Juntos por el Cambio que tenían acuerdos de doble facturación con empresas privadas que se contrataban a nivel municipal, razón que motivó la intervención.
A cinco años del crimen laboral de Sandra y Rubén, las condiciones de los edificios escolares para docentes, auxiliares y estudiantes en Moreno siguen siendo paupérrimas. El gobierno nacional sigue desconociendo los 12 puntos de habitabilidad en función de garantizar el ajuste para pagarle al FMI.
En este sentido, la dirección burocrática de SUTEBA, la lista Celeste de Baradel, lejos de convocar a un plan de lucha por los reclamos, está comprometida a fondo, junto al gobierno, en hacer pasar el ajuste.
