Escribe Silvia Jayo
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La crisis política española no puede separarse de la guerra internacional y, en particular, de la transformación de las economías europeas en economías de guerra. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez reivindica su papel dentro de la Unión Europea y de la OTAN, sobre los trabajadores recaen las consecuencias de una política que destina recursos crecientes al aparato militar mientras deteriora el salario, la jubilación, la salud pública, la educación, el transporte y las condiciones de vida.
El compromiso español de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, presentado como una exigencia de la alianza atlántica, expresa una orientación de fondo: adaptar el Estado y sus recursos a las necesidades estratégicas de la OTAN. La llegada de Trump modificó la escala de esa exigencia hasta el 5% del PIB para 2035, multiplicando los recursos destinados al rearme y abriendo un enorme mercado para la industria militar principalmente de Estados Unidos. Sánchez sostuvo que España podría cumplir sus compromisos con un gasto cercano al 2,1% del PIB. La disputa entre ambos no fue, por lo tanto, entre el rearme y la paz: España terminó aumentando fuertemente su gasto militar.
El presupuesto de guerra no es una cuestión exterior a la vida cotidiana. Es una disputa concreta por los recursos públicos en un momento en que los servicios esenciales sufren falta de personal, sobrecarga y deterioro.
La guerra se expresa también en la dimensión territorial y fronteriza de España.
A finales de julio, ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el Gobierno español fue responsable de una política fronteriza que provocó un elevado número de muertes. Pocas semanas antes, el Tribunal Supremo había establecido que las llamadas “devoluciones en caliente” —o rechazos en frontera— no podían aplicarse a las personas interceptadas en el mar que intentaran alcanzar Ceuta o Melilla a nado, ya que no habían atravesado un elemento físico de contención fronteriza y, por tanto, debían someterse al procedimiento ordinario de devolución. Ante esta situación y para frenar el ingreso, Sánchez respondió con un mayor despliegue policial y militar y con nuevas vallas marinas que provocaron muertes, incluso de niños.
España es el único Estado de la UE que posee fronteras terrestres con África, a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, que limitan con Marruecos. El enfrentamiento de Italia y otros países de la OTAN con Sánchez es porque le exigen un mayor endurecimiento, mientras Sánchez reclama a sus aliados mayores recursos para reforzar el aparato represivo fronterizo.
La cuestión no es simplemente migratoria. La frontera de Ceuta es una expresión concentrada de la política europea que levanta barreras contra quienes huyen de la miseria, la persecución o las guerras que atraviesan África y Medio Oriente. Es decir, una política cada vez más subordinada a la lógica de la guerra, en el marco del enfrentamiento entre Estados Unidos, China y Rusia.
Gibraltar agrega otro elemento a esta disputa por el control territorial. Es un territorio británico situado en el sur de la península ibérica, cuya soberanía reclama España. Tras el Brexit, quedó fuera de la Unión Europea y la frontera con España se convirtió en un problema central porque miles de trabajadores la atraviesan diariamente para trabajar en Gibraltar. Después de años de negociaciones entre España, Reino Unido y la Unión Europea, el 14 de julio de 2026 se firmó un tratado que facilita la circulación de personas y mercancías y evita que el Brexit convierta la frontera en un obstáculo para la actividad económica.
El acuerdo también regula cuestiones fiscales, aduaneras y financieras fundamentales para una economía de Gibraltar basada en los servicios internacionales y las finanzas. Los acuerdos entre Madrid, Londres y Bruselas responden a los intereses económicos y financieros que rodean al enclave, mientras los trabajadores transfronterizos padecen precarización y pérdida de ingresos. El contraste es evidente: el capital necesita fronteras flexibles para circular; para los trabajadores, las fronteras se convierten en una fuente permanente de restricciones y muerte.
España no ocupa solamente una posición subordinada dentro de la estructura económica europea. También forma parte de su arquitectura militar. En su territorio funcionan instalaciones estratégicas como las bases de Rota y Morón, utilizadas por las fuerzas estadounidenses, mientras Torrejón alberga estructuras de mando y coordinación de la Alianza. En Rota están desplegados destructores estadounidenses AEGIS y Morón cumple funciones de apoyo al despliegue y respuesta de crisis de Estados Unidos. España aporta además tropas y medios a distintas operaciones de la OTAN en Europa y mantiene unos 3.000 militares desplegados en misiones exteriores durante 2026. El territorio español constituye así una pieza del dispositivo militar con el que las potencias de la OTAN proyectan su fuerza sobre Europa, el Mediterráneo y África.
La integración militar no es un aspecto separado de la estructura económica. El mismo Estado que participa de las cadenas de producción y financiación europeas adapta ahora una parte creciente de sus recursos, de su industria y de sus infraestructuras a las necesidades estratégicas de la guerra.
La política de economía de guerra del gobierno del PSOE necesariamente empeora las condiciones de vida de los trabajadores, por lo tanto, se desarrolla junto con una creciente conflictividad obrera.
Las negociaciones colectivas permanecen bloqueadas en numerosos sectores mientras la inflación erosiona los salarios reales. El resultado es una multiplicación de huelgas y conflictos que alcanzó particular intensidad durante el verano europeo. Las huelgas se triplicaron y cuadruplicaron en 2026 respecto del mismo período del año anterior.
El transporte ferroviario quedó paralizado por jornadas nacionales de 24 horas convocadas por el Sindicato Ferroviario, entre otras razones por la falta estructural de personal y por las deficientes condiciones de climatización durante las olas de calor. También hubo conflictos en los servicios aeroportuarios durante julio: los paros de trabajadores de asistencia en tierra afectaron a varios aeropuertos; se produjeron además paros en los servicios de control de torres y otros servicios aeroportuarios en plena temporada turística.
En la sanidad pública, los trabajadores reclamaron mejoras salariales, más personal y condiciones que permitieran hacer frente a la sobrecarga de los servicios. En las escuelas, los reclamos no se limitaron al salario: los docentes denunciaron en grandes movilizaciones, la sobrepoblación de las aulas, la sobrecarga burocrática y el deterioro general de las condiciones de trabajo.
En la industria, distintos comités de base cuestionaron los límites salariales impuestos por las patronales. En la industria metalúrgica, los paros estuvieron vinculados principalmente a la negociación de convenios colectivos, salarios y condiciones de trabajo. El más importante fue el del convenio del Metal de Albacete, que involucró a 8.000 trabajadores.
Se pretende que la clase trabajadora acepte restricciones presupuestarias y salariales mientras se amplían los recursos destinados a la guerra. La respuesta que aparece desde abajo es la huelga.
El crecimiento de la conflictividad no significa, sin embargo, que exista una respuesta unificada. La capacidad de la clase trabajadora para ganar los conflictos y transformarlos en huelga general se encuentra limitada por la política de las direcciones sindicales.
Las dos centrales obreras, CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores ligados al PSOE), sostienen la política de guerra del Gobierno y la patronal a través del mecanismo de la “paz social institucionalizada”.
La consecuencia concreta es que, mientras la conflictividad crece, las direcciones sindicales la mantienen sectorizada.
Por abajo aparece, sin embargo, otra dinámica. Asambleas y comités de huelga cuestionan los acuerdos alcanzados por las direcciones sindicales y, en determinados conflictos, prolongan las medidas de fuerza más allá de los calendarios oficiales.
La cuestión, por lo tanto, no es la ausencia de disposición para luchar. Es el choque entre la lucha obrera creciente y una dirección sindical que procura mantenerla dentro de los límites del pacto social. Allí se encuentra uno de los problemas políticos centrales de la clase obrera: cómo transformar las luchas en una fuerza capaz de intervenir colocando los intereses de las mayorías frente al gobierno de la guerra imperialista.
La contención de la lucha no se limita al aparato sindical. Existe una izquierda que cumple también ese papel.
Por un lado, están los partidos que integran directamente el Gobierno de Sánchez a través de Sumar e Izquierda Unida. Se presentan como la garantía de que las políticas gubernamentales tendrán un contenido social y progresista. Totalmente falso; son responsables de las decisiones del Gobierno, entre ellas las vinculadas al aumento del gasto militar y a la integración de España en la estrategia de la OTAN y la Unión Europea.
Esto va también para Podemos que ya no forma parte del Gobierno, luego de integrarlo y por lo tanto ser coautor de las medidas anti obreras y confiscatorias del PSOE, como la prioridad absoluta del pago de la deuda pública, la reforma laboral o la reforma jubilatoria, que dejó avanzar sin una oposición efectiva. En julio, denunció los aumentos del gasto militar, pero si la oposición al rearme queda encerrada en el Congreso, la clase trabajadora permanece como espectadora de una disputa institucional mientras continúa pagando la factura del ajuste.
Podemos no tiene ni tuvo, como planteo la construcción de una alternativa independiente, sino que solo disputa la representación electoral de la izquierda que “viste” al gobierno de la OTAN. . Sobre el problema de la inmigración, la izquierda se limita a la cuestión humanitaria y de fronteras. La defensa de los migrantes debe estar ligada a la defensa del salario, del trabajo, de la vivienda y de los servicios públicos para toda la clase obrera, porque la misma economía que necesita trabajadores migrantes precarizados puede presentarlos después como responsables de la precarización. La misma crisis de vivienda que expulsa a trabajadores sobre todo de las zonas turísticas puede ser utilizada para enfrentar a trabajadores nativos e inmigrantes.
Frente a esta operación fascista, la clase trabajadora necesita unificar las luchas dispersas y darle un eje independiente. La defensa del salario, la jubilación de la educación y la sanidad públicas, de los puestos de trabajo, de la vivienda y de los derechos de los trabajadores migrantes forma parte de una misma lucha contra el ajuste y la política de guerra.
No hay defensa consecuente de los servicios públicos mientras se acepta el rearme. No hay defensa de los trabajadores mientras se acepta que los migrantes sean utilizados primero como fuerza de trabajo precarizada y al mismo tiempo como enemigo interno y objeto de violencia fascista.
La cuestión fundamental es desenvolver las tendencias a la huelga general y construir una alternativa política socialista proletaria revolucionaria.
Frente a la economía de guerra, la militarización, el fascismo y la carestía de la vida, la clase trabajadora necesita romper la contención de la burocracia sindical y desenvolver la tendencia a la huelga general. Necesita construir su propio partido, independiente de la burguesía y del Estado. Frente a la competencia entre capitales y las fronteras militarizadas, planteamos la unificación política y económica del continente bajo un Gobierno de los Trabajadores Socialista, para reorganizar la producción, los servicios públicos y los recursos en función de las necesidades sociales.
● ¡Ni un euro para la guerra: salario, jubilación, trabajo, vivienda y servicios públicos!
● ¡Abajo la militarización de las fronteras! Unidad de la clase trabajadora nativa e inmigrante.
● ¡No al genocidio palestino! ¡Fuera el imperialismo de Medio Oriente!
● ¡Abajo la OTAN y la Unión Europea imperialista!
● Por los Estados Unidos Socialistas de Europa.
● Por la derrota de los gobiernos de la guerra.
