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A seis años del asesinato de Rafael Nahuel, empieza el juicio contra cinco efectivos del grupo Albatros que protagonizaron el supuesto “enfrentamiento” que acabó con el joven mapuche fusilado por la espalda. La actuación de los prefectos fue respaldada en aquel tiempo por Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.
El juicio se desarrolla a 600 kilómetros de Bariloche, en el Tribunal Oral Federal de General Roca, lejos de la comunidad Lafken Winkul Mapu a la que pertenecía Rafael Nahuel. Se espera el testimonio de un centenar de testigos. El principal imputado es el prefecto Sergio Santiago Cavia, sindicado por la Fiscalía de Bariloche como el autor del disparo que mató a Rafita Nahuel. Los otros cuatro prefectos serán juzgados por considerárselos partícipes necesarios. Los cinco están en libertad y se encuentran en Buenos Aires. Participan del juicio por Zoom, desde sus hogares.
El 25 de noviembre de 2017, la Prefectura patrullaba la región de Villa Mascardi donde la comunidad Lafken Winkul Mapu había ocupado el territorio del predio de Parques Nacionales -10 hectáreas de las 710.000 que tiene el Parque Nacional-, cuando un tiro por la espalda mató al joven Rafita de 22 años. También fueron heridos Johana Coluan y Gonzalo Coña. Dos jóvenes, Fausto Jones Huala y Lautaro González, bajaron el cuerpo herido de Rafita hasta la ruta en busca de auxilio. Ambos fueron detenidos y procesados. Días antes habían desalojado y detenido a cinco mujeres de la comunidad.
Se quiso presentar el hecho como un enfrentamiento, aunque resulta irrefutable que se trató de un crimen de Estado cometido por sus fuerzas de seguridad. La carátula de la causa contra Cavia y los otros cuatro prefectos dice “Homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. Nada de legítima defensa, reclama la querella: es un homicidio calificado.
**Los antecedentes de la escalada represiva contra los pobladores mapuches son numerosos. **
Elías Garay fue fusilado y Gonzalo Cabrera gravemente herido, el 21 de noviembre de 2021, por dos individuos armados con rifles en la Cuesta del Ternero, donde habita la comunidad mapuche Quemquemtrew, cerca de El Bolsón. Los jóvenes mapuches se encontraban custodiando la zona cuando fueron baleados por Diego Ravasio y Martín Feilberg, dos sicarios del empresario forestal Rolando Rocco. La justicia los condenó en una primera instancia, pero en junio de este año anuló la condena, ordenó un nuevo juicio contra Feilberg y mantuvo la condena de Ravasio.
Días atrás, el 11 de agosto, nos enteramos de que la Justicia Federal sobreseyó a los gendarmes acusados del crimen de Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado en Cushamen por la Gendarmería Nacional en agosto del 2017, tres meses antes del asesinato de Rafita. Un guiño a Patricia Bullrich previo a las PASO, responsable de las fuerzas de seguridad en 2017. Es decir, el juicio no es garantía de castigo para los responsables.
El asesinato de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, de Elías Garay, se enmarcan en el ataque permanente a las comunidades originarias a lo largo y ancho de todo el país donde existan recursos para la explotación capitalista, ya sean mineros, petroleros, forestales o turísticos.
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