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En la feroz interna que atraviesa a Juntos por el Cambio, el tema más ruidoso de la disputa probablemente sea el de la cuestión represiva. Los ataques de Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta por la ´permisividad´ frente a las marchas y piquetes en la Ciudad son anteriores incluso al gobierno Macri. El último cruce de esta saga fue el que protagonizaron Florencia Arietto y la ex ministra de Seguridad.
Arietto es abogada. Fue asesora de seguridad en el Club Atlético Independiente durante la gestión de Cantero, se enroló en el Frente Renovador de Massa, luego saltó al macrismo y fue asesora de Bullrich durante sus años de ministra. Su pase más reciente fue al bando del ´larretismo´. Para diferenciarse, atacó a Bullrich por los operativos en Cushamen y en Lago Mascardi, en los que murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, respectivamente. “No podés dejar un muerto en cada operativo”, “Patricia agarra todas las curvas a 180”, fueron algunas de las frases que le dedicó a Bulrich en TN. Le respondieron otros ´halcones´ que reportan a la ex ministra, como el inefable Fernando Iglesias. Finalmente, Arietto se desdijo, pidió disculpas y admitió que “hay una guerra” con el kirchnerismo. Como se sabe, las primeras víctimas de una guerra son la verdad y los escrúpulos. Finalmente, todos los cambiemitas volvieron a coincidir en reflotar las versiones de que Maldonado “se ahogó” y Nahuel “murió en un enfrentamiento”. Pero lo cierto es que uno apareció en el rio, luego de la represión a sangre y fuego de Gendarmería, y el otro cayó alcanzado por las ráfagas de ametralladora de Prefectura.
En su respuesta, Bullrich dobló la apuesta. Habló de sacar al Ejército a la calle, y acusó de timoratos a quienes no se animan “por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica” –eufemismo de la última dictadura militar. Reafirmó su postura de involucrar a las fuerzas armadas en la “lucha contra el narcotráfico”. En México, Colombia y Brasil, los resultados de esta política fueron el reforzamiento del narco, una mayor injerencia de Estados Unidos y la DEA en el aparato represivo y un reguero de muertes.
La cuestión de la política represiva atraviesa a las dos coaliciones de gobierno. El Frente de Todos tuvo su primera escaramuza interna, apenas asumieron los Fernández, cuando chocaron la antropóloga Sabina Frederic y el ex carapintada Sergio Berni. Una se identificaba con la ´seguridad democrática” -la variante ´progre´ de gases lacrimógenos e infiltración que promueven Verbitsky-Garré- y el otro, con la “mano dura”, apegado a la vieja ´bonaerense´. El ganador provisional de la puja fue Aníbal Fernández, veterano socio de la Policía Federal, quien se quedó con la cartera de Seguridad.
El tema es candente, en el marco de un derrumbe económico y político y de todos los indicadores sociales –y de rebeliones y levantamientos populares en el continente.
El resultado de una u otra variante represiva puede terminar arrastrando a cualquier gobierno. La descomposición del aparato de seguridad es manifiesta. La AFI se ha desintegrado en camarillas que conspiran unas contra otras. Numerosas versiones vinculan a esta ´guerra de espías´ la publicidad de los chats entre jueces, fiscales y funcionarios que viajaron a Lago Escondido financiados por el Grupo Clarín. Por los mismos motivos, ningún sector ha reclamado que se investiguen a fondo las conductas de la policía, los servicios de inteligencia y hasta la custodia personal de la Vice, durante el fallido atentado que sufrió en la puerta de su domicilio.
De Stiuso-Milani a Arribas-Bullrich, el resultado inevitable será crítico. Para los trabajadores, la cuestión también ocupa un lugar importante en su agenda. Volverá a plantearse en ocasión del próximo 24 de Marzo, en la lucha por el castigo a todos los culpables.
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