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Más de un centenar de familias que luchan por tierra y vivienda fueron reprimidas y desalojadas este pasado fin de semana del barrio 22 de enero, ubicado en la localidad de Ciudad Evita.
La policía produjo una verdadera cacería -como se puede observar en los videos que circularon por las redes-, realizando 23 detenciones, incluyendo a varios menores de edad. Un vecino fue brutalmente golpeado en la cabeza y tuvo que ser asistido. Por suerte se encuentra fuera de peligro. Cuando un grupo de mujeres reclamaba en la puerta de la Comisaría 3 por la liberación de sus compañeras, también fueron detenidas. Con el correr de las horas finalmente todos fueron liberados.
El barrio que se encuentra en La Matanza fue fundado en 2008 por un grupo de familias que, ante la necesidad, ocuparon el predio perteneciente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elena, una de las vecinas del barrio, relató a los medios locales: "Somos familias que fuimos desalojadas de estas tierras hace casi 14 años con la excusa de que esto era reserva. Fuimos en dos oportunidades a la Fiscalía Número 3 de Laferrere para hacer denuncias como barrio por las construcciones que se están construyendo en la que decían hace 14 años era reserva. Hoy por hoy, después de ver todo lo que está pasando, los vecinos indignados, enojados y con la necesidad de un pedazo de tierra para vivir, resisten y pelean”. Según pudieron saber los vecinos del barrio, detectaron personas haciéndose pasar por el dueño de las tierras que está vendiendo parcelas a unos 40.000 dólares, una cifra imposible de pagar para cualquier persona que realmente necesita una vivienda.
En el país hay registradas 3,8 millones de familias en situación de emergencia habitacional. En La Matanza, suman más de 200 las villas y asentamientos precarios y la crisis habitacional avanza sin pausa. La intendencia de Fernando Espinoza y la gobernación de Kicillof impulsan proyectos inmobiliarios, alimentando la especulación, mientras son cada vez más las familias que no tienen un lugar para vivir. La única respuesta que dan es la represión.
Está planteada la necesidad de movilizarse por un plan de obras públicas para la construcción de viviendas, por un impuesto progresivo a la tierra y la vivienda ociosa, por un salario que cubra el costo de la canasta familiar para poder afrontar un alquiler y créditos hipotecarios accesibles.
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