Juicio por Rafael Nahuel: perito ratifica que fue un fusilamiento por la espalda

El juicio por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, perpetrado hace seis años en Villa Mascardi, se desarrolla en la ciudad de General Roca, es decir a más de 500 kilómetros del lugar de los hechos, lejos de los padres de Rafael, quienes no pueden asistir a las audiencias por razones económicas, y lejos de su comunidad. En las puertas del Tribunal, martes y miércoles, que son los días de audiencia, hay manifestaciones que exigen justicia frente a este crimen de Estado. El miércoles pasado culminó la cuarta semana desde el inicio del juicio.

Los imputados son cinco suboficiales del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Siguen las alternativas del juicio desde sus casas, por vía virtual. Uno de ellos es señalado como el responsable del disparo mortal mientras que los otros cuatro son acusados como partícipes.

En las semanas anteriores declararon los responsables de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la cacería que terminó con la vida de Rafa y otros dos muchachos heridos. Los superiores, sorprendentemente, declararon que actuaron según informaciones brindadas por los medios de comunicación.

Luego declararon los peritos armeros, forenses y quienes participaron de la investigación en el terreno de los hechos. El perito Leonardo Saccomanno, quien realizó la autopsia, fue contundente en su declaración cuando le preguntaron si el disparo había sido hecho en circunstancias de enfrentamiento o de huida: “Claramente es una huida, sin dudas”. La bala entró por la espalda y de abajo hacia arriba y Rafael murió por desangramiento, especificó.

El hecho de que esté demostrado que Rafa huía de los prefectos es de suma importancia porque desmiente el argumento de un enfrentamiento que plantea la defensa. La causa iniciada por la fiscal Silvia Little de Bariloche, que intervino en noviembre 2017 cuando fueron los hechos, lleva como carátula “Homicidio en exceso de legítima defensa agravado por el uso de armas”, lo que prevé una escala penal de 1 año y 4 meses a 6 años y 6 meses. La querella en cambio plantea homicidio agravado, lo que implica prisión perpetua. Como se ve, la diferencia es inmensa.

Las declaraciones testimoniales de los peritos balísticos indican que las vainas servidas en terreno correspondían todas a las fuerzas de seguridad y que la única lanza encontrada “no daba apariencia de amenaza”. Los investigadores contabilizaron 150 balas faltantes entre las armas de los prefectos. Se encontraron 30 vainas de armas que no son de disuasión, es decir que disparan balas de plomo. Es evidente, como se afirma que hubo muchos disparos.

Hasta ahora declararon veinte testigos. Quedan otros ochenta por declarar. Será un largo juicio. Las comunidades originarias denuncian que es un crimen de Estado y que ningún superior está siendo juzgado. Peor aún, el jefe del operativo Mascardi fue ascendido al segundo lugar de mando de la Prefectura.

La jefa de las fuerzas de seguridad del gobierno macrista en 2017 era Patricia Bullrich, hoy candidata a presidente por Juntos por el Cambio. El 1 de agosto del 2017 desapareció Santiago Maldonado. Sesenta días después, apareció ahogado en el río Chubut. El 25 de noviembre es asesinado Rafa Nahuel. Todo un plan de exterminio contra los pobladores originarios de la Patagonia, al servicio de los pulpos inmobiliarios, turísticos y mineros, que no ha cesado. Por el contrario, es política de Estado.

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