Reducciones masivas de salarios en medio de la inflación, pactados por la burocracias sindical

El diario Clarín (23/4) publicó un informe del Centro de Economía y Política de Argentina (Cepa) según el cual unos 300 mil trabajadores habrían sufrido reducciones salariales como consecuencia del coronavirus.

Se trata de pactos entre la burocracia de los sindicatos y las patronales, que fueron habilitados por el decreto ‘anti-despidos’. El informe de CEPA no dice que los despidos tampoco fueron evitados (Techint, Penta).

Los 300 mil perjudicados no registra los trabajadores en negro -sin duda los principales afectados - ni a los contratados por agencia, que fueron desvinculados de casi todos lados.

En gremios como Construcción y Comercio, las reducciones salariales se cuentan de a cientos de miles. Inclusive en las fábricas que consiguieron la esencialidad, se buscar imponer reducciones salariales. Tal es el caso de Alimentos Modernos (Farm Frites) que pasó de producir bajo la esencialidad a una reducción salarial unilateral al 70% del básico, o Granja Tres Arroyos, que impuso en todas sus plantas -con excepción de la de Entre Ríos-, el pago de solo las 7 horas trabajadas de la jornada habitual de 9.

El salario de los miles de trabajadores considerados por el decreto de la cuarentena como personal de riesgo y los afectados al home office también han sufrido este ataque al salario. En los últimos días, además, comenzó el reintegro a las tareas de los mayores de 60 años, afectados inicialmente a la cuarentena. La parte del decreto al que recurren las patronales es calificarlos como "personal esencial" para la producción.

El decreto del gobierno de estatización de la plantilla salarial -anunció que pagará el 50% del salario de los trabajadores privados- no ha modificado este ataque en regla contra el salario, porque no especifica si el subsidio es para pagar la mitad que el trabajador no cobraba o para que las patronales directamente no pongan un peso. Ya se han anotado para cobrar el beneficio el 80% de los empleadores privados del país, pero ninguno ha retrocedido en el planteo de la reducción salarial.

La línea de las empresas es condicionar el pago de los salarios a la aceptación de las suspensiones con reducción salarial, o las amenazas de despidos. Así lo hicieron con los petroleros, en la UOM, en el Plástico y otros gremios. La burocracia se apresta a firmar la reducción que sea, mientras reclama la liberación de la cuarentena en frente común con la UIA.

La firma del acuerdo de suspensiones al 70% del básico (lo que representa en promedio el 50% del salario real) tuvo que ser retrotraído, en el caso de la UOM, por la rebelión de las seccionales del sindicato, conscientes de que no pasaría entre los trabajadores. La misma secuencia ocurrió en el gremio plástico: un acuerdo que los dirigentes firmaron por el 70% del básico pasó a "quedar sin efecto" en 24 horas, ante el rechazo general de los delegados. El Sutna, en cambio, rechazó de entrada las rebajas salariales y reclama un protocolo propio para producir solo lo que sea esencial.

El informe de CEPA refleja un ataque generalizado contra el salario cuando se deberían estar discutiendo las paritarias de los principales gremios. Sobre esto no se dice nada. La defensa del salario, de los puestos de trabajo y de los protocolos sanitarios para resguardar a los trabajadores son los tres puntos del gran choque entre los intereses de la clase capitalista con los de la clase trabajadora que se desenvuelve en el escenario de la pandemia.