Combustibles, la crisis que anticipa el megatarifazo

La información oficial atribuye el desabastecimiento de combustibles líquidos de los últimos días a “un cúmulo de circunstancias”. Entre ellas, se alude a la ausencia de divisas para pagar la importación de naftas, la elevada demanda y las paradas técnicas de dos refinerías de YPF. Una lectura cuidadosa de estas “circunstancias” revela, sin embargo, un hilo conductor común: la industria de hidrocarburos ha ingresado en un lock out parcial y no declarado hasta conseguir la “normalización” de sus precios, o sea, hasta que un tarifazo en regla aproxime sus precios internos a los valores que logra con la exportación.

El periodismo alude a la “inexplicable” demora en el ingreso de una decena de buques con gasoil y naftas importadas. El retraso en estas operaciones se atribuye a la escasez de dólares en el Banco Central. Pero si sólo se tratara de las divisas, las cifras en juego no justifican cargarse con semejante crisis de abastecimiento en las grandes ciudades y medios rurales. Las razones de fondo son otras: los medios especializados explican que “En un escenario de atraso del precio de combustibles como el actual, es esperable que las refinadoras privadas -Raízen, Axion Energy y Puma- no tengan incentivos económicos para traer combustibles del exterior” (Econojournal, 30/10). El que colocó esta cuestión -la del “atraso” tarifario- sin pelos en la lengua fue el inefable Juan José Aranguren, el ex Shell y ministro de Macri, quien dio su receta para la normalización del mercado: “el litro de nafta debería estar en los 900 pesos” (Infobae, 28/10). Reclamó, en definitiva, un tarifazo del 300 % sobre los valores actuales. Ese precio de Aranguren “internacionaliza” la nafta, pero de acuerdo al valor de los dólares paralelos o financieros. Es el mismo cálculo que hace el periodista Juan Barca en Clarin (30/10), cuando señala que el gas oil, a USD 0,32 “al contado con liquid”, está cuatro veces más barato que en Brasil. Estos cálculos ponen de manifiesto que el mercado petrolero descuenta una devaluación que arrime al actual dólar comercial con los valores de los dólares financieros, o sea, no menor al 100 %, y, en segundo lugar, que espera “alinear” los precios de los combustibles en esa misma proporción.

“Empresa testigo”

Sergio Massa ha amenazado a las petroleras de Vaca Muerta -Chevron, Exxon, PlusPetrol, PAE- en “pararles la exportación” de petróleo crudo si la situación no se normaliza –una amenaza que choca con las necesidades de dólares de su propia administración, por un lado, y con la imposibilidad técnica de almacenar el petróleo que quedaría sin vender, del otro-. Además, la crisis de abastecimiento se relaciona con los combustibles refinados, no con su materia prima. La advertencia de Massa, como la que también largó la burocracia sindical petrolera, es un fuego de artificio.

Massa no dijo una palabra sobre la menor producción de las refinerías locales, cuyas razones superan a un mero “factor técnico”. Después de que las petroleras privadas -Raizen, Axion, Puma- decidieran reducir su producción y en medio de las limitaciones para importar, YPF resolvió una parada de planta en las grandes refinerías de Luján de Cuyo y Ensenada, que llevaron a una caída del 30 % en la producción de combustibles. Por esta razón, Cleri –“un alto funcionario de Massa”- cuestionó a la línea técnica de YPF por concretar esas paradas justo al final de la campaña electoral” (Econojournal, ídem).

La paralización de la producción obedecería a que los directivos de YPF, tributarios de la Cámpora, razonaron del mismo modo que el resto de las petroleras privadas: no quieren cargarle al balance de la “petrolera testigo” la mochila de otro trimestre de ventas internas computadas a pérdida, por el desfasaje entre el precio del crudo -valuado a la paridad de exportación- y las naftas y gas oil con precios regulados. Las petroleras reclaman, en forma inmediata y, para empezar, una “corrección de precios” del 20 % sobre las naftas y el gas oil.

Cambio de régimen económico

La más reciente decisión del gobierno -habilitar a percibir un 30 % de cualquier exportación al dólar financiero- ha agravado la crisis, pues acentuó la brecha entre los precios internos y lo que reciben los grupos petroleros en sus ventas al exterior. La crisis de “surtidores vacíos” es un poderoso síntoma de que el régimen económico que la administración Massa prolonga penosamente se encuentra agotado. En el caso del negocio petrolero, el gobierno habilitó un régimen de beneficios progresivos a los exportadores, entre los dólares “especiales” y la libertad parcial de disposición de divisas. A cambio de ello, reclamó la permanencia de un régimen de combustibles subsidiados en el mercado interior, en beneficio de la burguesía nacional y la patronal agraria. (El subsidio al combustible dirigido al transporte público o particular también hay que cargárselo a la cuenta de la burguesía nacional, porque su dolarización desataría una monumental presión a la suba de los salarios.) El capital petrolero, sin embargo, ya les ha bajado el pulgar a estos arbitrajes y condiciona su desenvolvimiento a una libertad general de cambios, dividendos y movimientos en el comercio exterior. Este “pliego” implica un choque de intereses capitalistas, pero principalmente una conmoción social. El compromiso de massistas y camporistas con el tarifazo en puertas delata los intereses sociales que sirven de basamento al pretendido “gobierno de unidad nacional”.

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