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El pueblo de Panamá se levantó contra la concesión de explotación de la mayor mina de cobre de Centroamérica. Desde hace 10 días, sindicatos y activistas ambientales se movilizan bajo el lema "Panamá no se vende". El nuevo contrato de explotación minera a la empresa canadiense First Quantum Minerals había sido aprobado por el parlamento en tiempo récord. Le concede a la empresa su explotación por los próximos 20 años y con opción a una prórroga por otros 20 más.
Durante todos los días desde el 20 de octubre, hubo piquetes en las calles de la ciudad de Panamá y otras localidades. Para presionar aún más al gobierno, se bloqueó la carretera Interamericana que comunica al país con el resto de Centroamérica.
A la lucha se sumó el gremio de médicos y los educadores públicos, los cuales fueron al paro el jueves y el viernes. También el sindicato de la construcción y un sinfín de activistas.
Debido a los cortes, los medios locales han reportado escasez de productos en supermercados. El martes, en medio de la gran movilización y la crisis que generó en el Gobierno de Laurentino Cortizo, del centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático, se realizó una cadena nacional donde Cortizo buscó cargar contra los manifestantes. “Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, pero los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas y se dificulta la atención de pacientes en riesgo”, señaló.
Días después, en un intento desesperado de contener la movilización, el presidente informó que las nuevas concesiones mineras metálicas quedarían canceladas, pero mantuvo el contrato con First Quantum. Las protestas no cesaron y el domingo Cortizo anunció que pedirá al Tribunal Electoral que convoque a una consulta popular para decidir la derogación o no del contrato-ley el 17 de diciembre.
Desde el oficialismo defienden la medida argumentando que 9.387 empleos directos están en juego. Por la extracción de cobre de esta mina la compañía tendrá que pagar al Estado un aporte mínimo anual por la concesión de 375 millones de dólares. En defensa del contrato, desde el Gobierno aseguran que esta cifra es diez veces mayor que la contemplada en el acuerdo anterior. Por otro lado, Minera Panamá -nombre de la filial panameña del pulpo canadiense- asegura que su actividad aportó el 4,8% del Producto Interno Bruto de Panamá y que la inversión en la mina supera los 10.000 millones de dólares.
Ninguno de los anuncios detuvieron la movilización, por lo que continúan las protestas. Algunos sindicatos advirtieron que hasta que no se derogue la ley no saldrán de la calle.
El gobierno había debido negociar un contrato nuevo debido a que el anterior, registrado en 1997, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema (diciembre de 2017) por considerar que no aseguraba el mayor beneficio para el Estado y qué era “ajeno” al bienestar social e interés público. Sin embargo, no fue hasta el año 2012 que esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial.
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