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Según marcan todas las encuestas, el nuevo proceso constitucional chileno es un fracaso anunciado. El próximo 15 de diciembre se plebiscitará el proyecto que aprobó a fines de octubre el pleno del Consejo Constitucional (la asamblea dominada por la derecha de Chile Vamos y del Partido Republicano). Durante estos días, los partidos se encuentran abocados a la campaña electoral con publicidad callejera y televisiva. A tres semanas de que la población deba votar entre las opciones “A favor” o “En contra” de la propuesta mediante voto obligatorio, los sondeos anticipan un 66% de los votos por el rechazo.
Hasta el final, el oficialismo fue un sostén de todo el proceso reaccionario de la nueva constituyente, prohijado mediante un 'gran acuerdo nacional' con la derecha chilena para salvar la maniobra de la constituyente luego del rechazo del primer borrador constitucional. El acuerdo consistía básicamente en una serie de concesiones a la derecha (que había sido derrotada en las elecciones presidenciales) para sentar las '12 bases' sobre las que se redactaría la nueva Constitución. Finalmente, sin embargo, la votación en el Consejo fue dividida: la derecha (33 votos) se pronunció a favor, mientras que el oficialismo y la centroizquierda (17 votos) lo hizo en contra. El Frente Amplio (FA), la coalición del presidente Gabriel Boric, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Comunista llaman a rechazar la propuesta en el plebiscito de diciembre.
El pacto entre el gobierno y la derecha se basó, fundamentalmente, en el entendimiento común de que había que cerrar el proceso de rebelión popular iniciado con el estallido del 18 de octubre del 2019. El nuevo borrador debía subsanar “la alta fragmentación de partidos representados en el Congreso”, con el objetivo declarado de resolver la “crisis de gobernabilidad”. La abogada Natalia González, que integró el comité de expertos por la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró que “lo que hace este texto es fomentar [un Congreso] de mayorías y evitar la fragmentación”, ya que establece un piso proscriptivo del 5% para obtener un escaño y reduce el número de diputados de 155 a 138. Actualmente, la Cámara de Diputados se compone de 21 partidos políticos.
El intento de resolver la crisis de fragmentación derivó, sin embargo, en una nueva fragmentación. Con una mayoría de la población inclinada por el rechazo del nuevo proyecto, el oficialismo ha decidido soltarle la mano al engendro. También se han pronunciado en contra los exmandatarios Ricardo Lagos y Michele Bachelet. A favor se han declarado los otros dos exmandatarios: Sebastián Piñera y Eduardo Frei. El Partido Demócrata Cristiano, que integra Frei, aseguró que una asamblea interna resolvió rechazar el texto por un 92% de los votos. Dentro del Partido Republicano, sin embargo, algunas voces importantes, como la del senador Rojo Edwards, han dicho que votarán En Contra en el plebiscito.
De cara a la campaña del plebiscito, las fuerzas oficialistas aseguraron que el nuevo proyecto “no promueve en ningún sentido la unidad de nuestro país” y que el texto “impide que nos sintamos interpretados”. El gobierno defiende el proceso constituyente reaccionario que él mismo creó, pero se desliga de sus resultados. Sus críticas se centran en la cuestión del “Estado subsidiario”, en la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la ausencia de normas para mejorar las pensiones y la falta de garantías al derecho a la educación y la salud y la posibilidad de que el texto colisione con la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo (que incluso actualmente ya se encuentra completamente a unas pocas causales). No mencionan que el borrador limita el derecho a huelga y lo restringe a la negociación colectiva (cuyo único representante admitido es la burocracia sindical). Las fuerzas de la derecha, por otro lado, aseguran que el borrador hace foco en cuestiones como la seguridad, la persecución a los corruptos y la economía. La izquierda que se reivindica trotskista, por su parte, centra su campaña de rechazo en que se trata de “la propuesta constitucional de Kast” (“En contra de la Constitución de Kast”, PTR), en una clara concesión al oficialismo. De la misma, dice que llaman a rechazarla porque “contiene ataques inaceptables” (sic).
La derecha, por su parte, ha explotado las contradicciones argumentales del oficialismo y la centroizquierda. Con el proyecto anterior, estos sectores habían defendido su aprobación argumentando que, sin bien no era un buen texto y había grandes concesiones a la derecha, aseguraban la importancia de consagrar una Constitución aprobada en democracia. Isidro Solís, dirigente de la derechista Concertación, aseguró que “será muy difícil para el oficialismo explicar, después que dijeron que cualquier cosa era mejor que la Constitución de cuatro generales (la de Pinochet), que estará en contra de la aprobación de un texto generado en democracia, para justamente mantener esa Constitución de los cuatro generales”. La ministra Camila Vallejo, tratando de matizar su anterior rechazo a la Constitución pinochetista durante las discusiones del primer borrador, afirmó que “sabemos que el origen de la Constitución actual es de la dictadura, pero que hubo reformas”. La propia consejera oficialista María Pardo, de Convergencia Social, aseguró que “nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet”.
El oficialismo y la centroizquierda se han definido por rechazar el borrador de nueva Constitución, pero su campaña representa una gran maniobra de confusión y desmovilización política. Haciendo eje en el cuestionamiento a determinados artículos del nuevo proyecto, legitiman, sin embargo, todo el proceso constituyente reaccionario. Los voceros oficialistas no esconden cuáles son sus intenciones detrás de esta política. Camila Vallejo explicó que “nos guste o no el resultado del plebiscito, se cierra el proceso constitucional y eso fija certezas en Chile”. El Partido Socialista, por su parte, acordó respaldar “la decisión del presidente de no perseverar en un tercer proceso constitucional” en caso de no aprobarse el actual borrador el 17 de diciembre. Del otro lado, el expresidente Frei confesó que “hay disposiciones que son un retroceso respecto a nuestra legislación vigente” pero agregó que su voto por la positiva “es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida”.
“Los que están En Contra –desde la centroizquierda de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista– y los que están por el A Favor –desde nuevas formaciones que se autodefinen de centro hasta el Partido Republicano– han coincidido en un mensaje entregado a la ciudadanía: con su opción se pone fin al proceso constitucional, haciendo eco del hartazgo que ha demostrado la ciudadanía con el tema” (El País, 17/11). La voz disonante fue la del alcalde Daniel Jadue, del Partido Comunista, quien aseguró que “ningún Gobierno, ni este ni el que venga, puede dar por finalizado un proceso constituyente que le pertenece al pueblo, porque no corresponde que los gobiernos que están en entredicho sean los que definan si los procesos constituyentes se hacen o no se hacen”. El Partido Comunista, sin embargo, fue parte del pacto reaccionario con la derecha para el proceso constitucional actual.
El triunfo del rechazo del nuevo proyecto supondrá un golpe para la derecha que lo sostiene. El fascista Kast ha caído en las encuestas en las últimas semanas, al calor del crecimiento del rechazo constitucional. Una analista política asegura que la caída de Kast se debe a que ha tenido que entrar en el ruedo político a partir del proceso constitucional y “no ha podido seguir siendo un outsider cuestionador del sistema”.
Pero con el cierre del proceso constituyente, que duró casi cuatro años desde el primer intento, el gobierno aspira a darse la mano con la derecha para avanzar con la agenda de reformas que tiene estancada en el Congreso. Ante el señalamiento de una periodista de que “ustedes fueron una oposición dura con la Administración anterior (Sebastián Piñera, 2018-2022)”, Camila Vallejo aseguró que “el estallido cambió las perspectivas. A partir del estallido, el centro estuvo en ponernos de acuerdo en temas que antes nos distanciaban profundamente”. Todo esto, aclaró, “sin perjuicio de que la crítica a las violaciones a los derechos humanos no la vamos a dejar de sostener, aunque nos digan que fuimos muy críticos respecto de eso” (sic).
Ya se avisora que si triunfa el rechazo, el oficialismo, al igual que después de las últimas elecciones presidenciales, se apresurará a pactar con la derecha para asegurar la “gobernabilidad”. El gobierno se encuentra golpeado por el ‘caso audios’, la filtración de audios entre abogados y empresarios que urdían un plan para sobornar funcionarios del gobierno, por el que ya ha caído el funcionario del Servicio de Impuestos Internos. La investigación sigue en desarrollo y amenaza con golpear a otros funcionarios públicos. Es la segunda gran crisis de corrupción del gobierno después de la caída de Giorgio Jackson en agosto pasado.
El oficialismo apuesta a cerrar definitivamente la cuestión de la Constituyente el próximo 15 de diciembre y avanzar en nuevas concesiones a la derecha. Por caso, Boric ha abordado la crisis migratoria con la agenda que exigía la oposición derechista, mediante la expulsión de extranjeros. La derecha todavía exige la expulsión de 12 mil inmigrantes y amenaza con buscar la destitución en el Congreso de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Con la perspectiva de que el plebiscito no resolverá la crisis que llevó a Chile al estallido del 2019 y que tampoco traerá remedio a la crisis de “gobernabilidad” y “fragmentación política”, el gobierno deberá hacer frente a las elecciones municipales y de gobernadores en 2024 y 2025, y en 2026 vendrán nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales.
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