La Corte ordena reabrir el caso Mackentor, 46 años después

Escribe Jacyn

Una medida con alcance político.

Tiempo de lectura: 3 minutos

La Corte Suprema rechazó en duros términos el fallo de casación que había convalidado la absolución en primera instancia de Luciano Benjamín Menéndez por la ocupación y vaciamiento de la empresa constructora Mackentor, radicada en Córdoba, durante la dictadura miliar.

La Corte calificó de arbitraria la sentencia que rechazó la apelación de los damnificados y ordenó la redacción de un nuevo fallo acorde al dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afirma que “…el Estado argentino es internacionalmente responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica […], propiedad privada y protección judicial”. Asimismo, la CIDH ordena al Estado argentino “declarar la nulidad de la quiebra y de la sentencia de la mega causa de La Perla en el tramo Mackentor”, investigar a los responsables y reparar a las víctimas.

Desde un sitio inesperado, se ha propinado un golpe a la camarilla negacionista que conduce la vicepresidenta confirmada, Victoria Villarruel, y por supuesto el inminente presidente de Argentina. El pronunciamiento de la Corte lleva la firma de sus cuatro miembros -es unánime-, incluídos sus propios negacionistas agazapados. Los medios de comunicación no han advertido la contribución de la decisión de la Corte al desarrollo de la crisis política. Muestra la falta de maduración de la perspectiva fascistizante en Argentina, desde su tribunal más alto. Horacio Rosatti había bajado línea antes de las elecciones con un llamado a “la unidad nacional”.

La Corte Suprema ha dado por probado que mediante la ocupación de las sedes de Córdoba y Buenos Aires de Mackentor, el secuestro de directivos y empleados y la intervención judicial a cargo del coronel Rodolfo Batistella, dispuesta por el entonces juez federal, Adolfo Zamboni Ledesma, “se concretó la transferencia ilegal de los principales activos de la referida firma” a “empresas amigas del poder militar”, mientras los integrantes y directivos de Mackentor se encontraban privados de su libertad y eran sometidos a torturas. Entre las empresas apuntadas como beneficiadas por la usurpación de Mackentor se encuentra Supercemento, entonces propiedad del fallecido Franco Macri. Villarruel, Mauricio Macri y el designado Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, deben estar tomando nota. Barra pretendió, en los 90, que Carlos Menem impusiera ‘las reformas estructurales’ por medio de decretos de necesidad y urgencia.

Mackentor era una empresa constructora de porte, con intervención en la obra pública. Los genocidas -que repartían su tiempo entre la represión al activismo, los campos de tortura y la delincuencia económica- ocuparon Mackentor bajo el argumento de que la compañía financiaba a Montoneros. Dieron cobertura legal a la maniobra, mientras sus directivos y empleados eran secuestrados y torturados. Cuatro abogados de la empresa permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. Entre los activos que los militares repartieron entre sus cómplices empresarios se encontraban la fábrica de Tubos para Conductos de Alta Presión, la obra del “Segundo Acueducto Villa María-San Francisco” y los campos que Mackentor tenía en Santiago del Estero.

La denuncia de los exdueños de Mackentor se tramitó en la ´mega causa´ La Perla, el mayor campo de concentración que funcionó en Córdoba. El principal accionista de la empresa, Natalio Kejner, declaró en el juicio: “Me negaba a operar con las lógicas corruptas de la Cámara Argentina de la Construcción”, que se repartían las obras públicas. Destacó que en Mackentor “todos eran accionistas, mis empleados y mi personal directivo, por eso nos trataron de subversivos”. El pedido de reparación económica fue rechazado por el tribunal. El encubrimiento judicial se extendió hasta el día de hoy.

Las victimas del Caso Mackentor hace un año que se presentaron al Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Córdoba, le notificaron del Informe de Fondo 293/21 de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y le pidieron que investigue la conducta de la jueza que declaró la quiebra de Mackentor, en los años 90, “en pleno conocimiento de que los créditos con los que se peticionó la quiebra provenían de crímenes de Lesa Humanidad”. Ese reclamo tampoco prosperó. Por el contrario, se puso de relieve una larga cadena de encubrimientos.

Los abogados de Mackentor denunciaron “Legisladores que integran el Jury [tribunal de juicio político] que no cumplen con un mandato de investigar del más alto tribunal de América en DD.HH. [la CIDH], fiscales que se niegan a investigar esas conductas ilegales de los integrantes del Jury. Un fiscal General que se niega a investigar la conducta omisiva de un Fiscal en lo Penal económico. Una vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba que se niega a abrir una investigación sobre la conducta de legisladores que integran el Jury de Enjuiciamiento”.

El caso Mackentor expone la genética corrupta, podrida, de la ´patria contratista´ -la de ´la causa de los cuadernos´- y la completa complicidad jurídica de la ´democracia´ con los jueces y actos de la dictadura.

El fallo de la Corte, a 46 años de los hechos, coloca en el tapete la completa impunidad que gozan los crímenes de los genocidas hasta hoy. La eficacia judicial del pronunciamiento de la Corte es nula; desde el punto de vista político abre un potencial campo de conflicto. Milei tiene la potestad de proponer al quinto miembro del Tribunal, y seguramente intentará ampliar el número de sus miembros. Buscará hacer ‘la gran Trump’: asegurarse una Corte de derecha por varias décadas.

Suscribite a Política Obrera