Juicio ABO: medio siglo después, tres condenas y una absolución

Escribe Jacyn

El secuestro de Pablo Rieznik fue uno de los que llegaron a juicio por primera vez.

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En el quinto juicio de la causa que juzga los crímenes de la dictadura cometidos en el circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Nicolás Toselli, condenó a 25 años de prisión a cuatro de los cinco imputados: el ex subcomisario en la Superintendencia de Seguridad Federal Carlos Infantino, el ex comandante segundo jefe del Destacamento 1 de Gendarmería Hugo Luis Medina, el ex primer alférez Sergio Raúl Nazario y el ex gendarme Miguel Lugo. Asimismo, absolvió al ex sargento Miguel Pepe. También rechazó el pedido de los querellantes de incluir -en base al derecho a la verdad de las víctimas- los hechos que se le imputaban al subcomisario José Ahmed Estrada, fallecido un mes antes del inicio del juicio oral que comenzó en junio del año pasado.

Los acusados enfrentaban un juicio oral y público por primera vez. Resultaron condenados por los cargos de secuestros, tormentos y delitos contra la integridad sexual de 385 víctimas. Fueron absueltos de los cargos de homicidio, lo que evitó que fueran condenados a perpetua. En el caso de Pepe, que salió libre, uno de los testigos lo reconoció como uno de los torturadores, pero el tribunal lo consideró prueba insuficiente. Ahmed, quien se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia y en el Departamento de Situación Subversiva de la fuerza y tenía autoridad sobre los tres centros clandestinos del circuito ABO, murió impune, sin ser juzgado.

Muchos de los casos que se debatieron en este tramo llegaron a juicio por primera vez. Entre ellos, el de nuestro compañero Pablo Rieznik, quien fue testigo, muchos años atrás, pero por el caso de otra víctima, Juan Carlos Higa, a quien conoció durante el cautiverio. El testimonio de Rieznik fue un alegato contra la impunidad y una reivindicación de la generación revolucionaria que la dictadura intentó aniquilar. Muchas otras víctimas, por otra parte, deberán seguir esperando: al cierre de las audiencias testimoniales, la Fiscalía presentó un pedido de ampliación de acusaciones por otras 200 víctimas que quedaron afuera del debate. El tribunal, no obstante, rechazó el pedido. Los casos serán presentados, entonces, ante el Juzgado Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, que es quien lleva la causa. El juicio por el circuito ABO se realizó en 2011. Es de esperar que un nuevo juicio demore al menos otro lustro, si es que alguno de los acusados sigue vivo para entonces. De acuerdo al fallo de este tribunal, en el hipotético caso de que no haya a quién acusar, tampoco se establecería la verdad histórica ni reparación alguna para esos casos. Habrá que ver, por otra parte, como ccntinúan los juicios por los crímenes de la dictadura bajo el gobierno Milei. Hasta ahora, se han desarrollado a cuentagotas, por tramos, con numerosas absoluciones, condenas retaceadas y la abrumadora mayoría de los acusados y condenados -octagenarios o nonagenarios- en sus domicilios. La Corte ha dado señales de que los procesos continuarán, todavía a este ritmo cansino, al rechazar las absoluciones en el caso Mackentor.

El Atlético funcionó en la división Suministros de la Policía Federal Argentina. El Banco se ubicaba en la división Cuatrerismo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. El Olimpo, de la división Mantenimiento de la Policía Federal Argentina. Se comprobó el funcionamiento de este circuito represivo desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979. En el caso de Pablo Rieznik, permaneció secuestrado entre el 25 y el 31 de mayo de 1977. Era ya entonces un reconocido dirigente de la FUBA y de Política Obrera. Durante su cautiverio, fue torturado con saña. Su liberación fue resultado de una enorme campaña internacional, en la que la Unión de Estudiantes de Francia (UNEF) tuvo una destacada intervención, que amenazó con ocupar la embajada argentina si Pablo no aparecía. Su compañera en aquel momento, también militante y con dos pequeños hijos a cuestas, removió cielo y tierra, recorriendo embajadas y despachos. Fue una movilización excepcional. Tras recobrar su libertad, Pablo y su familia se exiliaron en Brasil, donde continuó su actividad revolucionaria.

Los genocidas condenados eran miembros de Gendarmería, la fuerza represiva que, tiempo después, se convertiría en el instrumento predilecto de los gobiernos democráticos contra las luchas obreras y los piquetes.

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