Cromañón: otro 30 de diciembre surcado por la impunidad

El día de ayer, 30 de diciembre, se cumplió un nuevo aniversario de la “Masacre de Cromañón”. En esa fecha, pero de 2004, el boliche “República de Cromañón” ardió en llamas debido a que la media sombra que recubría el techo del local fue alcanzada por una chispa de una bengala. A raíz de este hecho, 194 personas perdieron la vida, la mayoría por asfixia.

El boliche en cuestión era administrado por Omar Chabán, un empresario muy conocido y exitoso en el ambiente del rock. Esa fatídica noche tocaba por tercera y última vez la banda en vertiginoso ascenso “Callejeros”, quienes esa jornada harían sonar "Rocanroles sin Destinos”, su último lanzamiento discográfico hasta ese momento.

La complicidad estatal y empresarial al descubierto

La consumación de Cromañón dejó todo un sistema social al desnudo. En primer lugar, evidenció la complicidad estatal a la hora de los controles de seguridad con los “capitalistas amigos". El local bailable, como otros tantos, no contaba con las más mínimas condiciones de seguridad ni para ir a disfrutar de un show, ni para ir a trabajar: salidas de emergencia, matafuegos, control de la capacidad de personas, falta de material ignífugo sobre los techos, etcétera, fueron algunos de los resultados que dejaron las pericias.

La extensión de estas prácticas lo demuestra el hecho de que, posterior a la masacre, la mayoría de bares, pubs, boliches de la Capital Federal fueron clausurados.

Ante la evidente conmoción que generó la noticia, rápidamente una gran maniobra política apuntalada por los medios de comunicación y la Justicia se impuso sobre la opinión pública. La maniobra consistía en responsabilizar a los músicos y al público presente. A los primeros, los condenaron con penas de 5 años —salvó a Patricio Fontanet quien recibió 7 años por ser líder de la banda. Por su parte, a Chabán, quien dio la órden de cerrar las puertas de emergencia con candados, autorizar la entrada de pirotecnia al recinto —lo que era un hábito en los recitales de rock de la época—, le dieron solamente 8 años.

Un numeroso grupo de sobrevivientes y de familiares se opuso a la condena de la banda. El argumento de la Campaña era clara: Ni las bengalas, ni el Rocanrol, a los pibes los mató la corrupción. Poniendo en el centro de la escena la responsabilidad estatal, política y empresarial.

La impunidad de los responsables políticos

Con esta bandera, los sobrevivientes y familiares de las víctimas iniciaron una inclaudicable lucha por la condena a los responsables políticos y materiales.

Más allá de que varios funcionarios menores quedaron en prisión, nunca se condenó al mayor responsable del hecho: el Jefe de gobierno, Aníbal Ibarra.

Nuestro partido, en un artículo escrito por Luis Oviedo, denunciaba: “La Ciudad de Buenos Aires es gobernada por un verdadero ‘gobierno paralelo’ (en verdad, una asociación ilícita), que viola las normas, no realiza controles, deja pasar las infracciones y encubre a los infractores, y que, además, modificó en el año 2000 el Código de Planeamiento Urbano para facilitar la instalación de discos en zonas anteriormente prohibidas”. Y concluyó: “Ibarra es el responsable. No puede alegar desconocimiento. No sólo porque el funcionamiento de las discotecas era público, sino porque muchas de ellas eran dirigidas por 'amigos del poder' y otras tantas porque se encuentran en zonas concesionadas por el Gobierno de la Ciudad. Por si esto no bastara, 19 informes de la Defensoría del Pueblo entre 1999 y 2003 –es decir, bajo el gobierno aliancista en el cual Ibarra era legislador y luego, bajo su propio gobierno-, denunciaron todas estas violaciones”( Prensa Obrera, 5/1/05).

Finalmente, la movilización popular echaría de su cargo a Ibarra. Esto, pese a la defensa a rajatabla del kirchnerismo y del propio Néstor Kirchner de sostenerlo en el cargo. Sin embargo, la Justicia lo eximió de cargos y responsabilidad por la masacre. El mismo Ibarra, más tarde, sería candidato a Jefe de gobierno por el Frente para la Victoria y con el gobierno de Alberto Fernández se convirtió en asesor jurídico de Miguel Pesce, en el Banco Central.

A 19 años de la “Masacre de Cromañón”, los responsables políticos siguen libres. Cromañón no puso fin a la precariedad del trabajo cultural, sino que la extendió aún más. El golpe será más duro con el brutal ataque que plantea Javier Milei contra la cultura.

Es por todo esto que la lucha sigue. Juicio y castigo a todos los responsables. Abajo la precarización del trabajo cultural. Como dice la canción de Callejeros: No olvidar, siempre resistir.