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El entonces gobernador Omar Perotti, en marzo del 2023, firmó un acuerdo con ATE, UPCN, docentes y profesionales de la salud que estipulaba la incorporación a la planta provincial de personal con distintas situaciones de revista, que estuviese desarrollando tareas desde el 31 de diciembre de 2018.
Ese acuerdo no fue cumplido por Perotti y la gestión actual de Maximiliano Pullaro, a menos de un mes de haber asumido, por medio de un decreto creó una comisión específica para analizar alrededor de 7.300 pases a planta y titularizaciones efectuadas en el último año del gobierno saliente. De esta manera, pone en duda la estabilidad laboral de un tendal de trabajadores de la Educación, de Cultura, Salud y Desarrollo Social, entre otros. Es significativo, porque con la excusa de dejar sin efecto designaciones “a dedo” en las distintas direcciones, se está ejecutando un achicamiento sobre trabajadores que desempeñan tareas desde hace añares bajo las distintas modalidades de contratación fraudulenta en el empleo público. Dicho procedimiento ha comenzado mediante notificaciones totalmente informales y que no revisten seriedad alguna.
En términos generales, esta reestructuración también obedece a la concentración de ministerios que ofició el gobernador, al estilo de Milei. Niñez, Adolescencia y Familia, Adultos Mayores, Consumos Problemáticos, Deportes, junto a Discapacidad y Género, ahora conforman una única repartición.
Miles de trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe “esperaron” cinco, seis o más años en adquirir derechos laborales sin interrumpir su tarea en ningún momento, ni si siquiera con el parate que significó la pandemia, por lo que prolongar estas irregularidades resulta un avasallamiento. El salario de bolsillo apenas permite pagar algo más que un alquiler. Se torna urgente retomar la experiencia de lucha de los últimos años: asambleas autoconvocadas en cada secretaría y ministerios que pongan en marcha la lucha por la vigencia de los puestos de trabajo que el gobierno quiere liquidar.
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