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Como en uno de los capítulos famosos del Martín Fierro, Sergio Massa, emulando al viejo “vizcacha”, escupió el asado y no dio su apoyo al paro programado por la CGT para el 24 de enero.
La posición de Massa respecto al posible paro, sin embargo, era previsible, pues el planteo de “modernizar el derecho laboral”, o sea suprimirlo, ha sido el de todos los candidatos patronales.
Masa hizo de “punta” en la agenda que votó el confederal de la CGT de reuniones con diputados, senadores y gobernadores y un nuevo confederal el 10 de enero para evaluar el resultado de esas reuniones. Los diputados y senadores están negociando la aprobación del DNU y una parte sustancial del proyecto de ley “ómnibus”.
Esa negociación suma adherentes en Cavalieri y en Barrionuevo: aceptar un fondo de cese laboral que suprima la indemnización por despido. También suma apoyos la nueva desregulación de las obras sociales. Un reciente informe de José Luis Lingeri, que está en la consideración de la dirección de la CGT, señala que hay que hacerle “algunas modificaciones” a esa desregulación.
Las nuevas rondas con diputados y senadores ya tienen la referencia de Massa sobre el paro programado y trasladan al frente de Unidos por la Patria el mismo debate que de a poco se está instalando en el propio gobierno: si nos pasamos de rosca y la burocracia no oficia de dique de contención podemos tener un 2001 mucho mayor 23 años después.
La visita de Massa demuestra que, aunque el Congreso y la CGT ha dado todas las señales de que están dispuestos a dar vía libre y hasta apoyar el programa antiobrero, el conflicto entre el intento de instaurar un poder personal y el sistema parlamentario está planteado.
No hay que olvidar, por sobre todo, el párrafo aprobado por el último confederal que “faculta al Concejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiere el actual estado de situación”. O sea, levantar el paro.
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