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Luego de una seguidilla de hechos aberrantes perpetrados por la policía jujeña, trascendió un caso de abuso sexual de tres oficiales a una joven de 19 años en la seccional Nº63 de Alto Comedero.
El pasado domingo 19, la joven víctima se dirigió a la seccional Nº63 con el objetivo de consultar información sobre la circulación permitida dentro del aislamiento social. A través de engaños lograron encerrarla dentro de la misma comisaría y perpetraron el abuso sexual. Como si esto fuera poco, luego del ataque recibido, los efectivos golpearon y amenazaron a la víctima y a su familia para impedir la denuncia.
No fue el único caso. El miércoles 22, trascendió la detención de un sargento de la policía por violar a una colega durante una guardia en el destacamento de Chalicán, de la Seccional 40 de la Ciudad de Fraile Pintado. Días antes, una joven trans quien fue abusada sexualmente y luego amenazada por los mismos efectivos en Libertador General San Martín.
La policía de Gerardo Morales y su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, exhibe un alto estado de descomposición. La impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad es moneda corriente aquí, en Jujuy, ya que solo de los tres casos mencionados, solo dos efectivos se encuentran detenidos; el resto fue trasladado a distintas seccionales, gozando de plena libertad, sin ser suspendidos ni separados de sus cargos, mientras transcurre un proceso judicial muy lento.
Cortina de humo y Ley Micaela
El gobierno intenta defender y maquillar a su policía descompuesta apelando a una “capacitación de género”. Inmediatamente el gobernador Morales, junto a la ex Diputada Nacional Alejandra Martínez (UCR), hoy titular del Consejo de la Mujer de la Provincia; hizo un montaje sobre la aplicación de la Ley Micaela que consistió en una “capacitación virtual” a comisarios y subcomisarios de las fuerzas de seguridad.
Pero el estado nacional y provincial integraron la “perspectiva de género” hace años y sin embargo los casos de feminicidios y abusos perpetrados por integrantes de la policía o funcionarios del Estado no han dejado de crecer, como tampoco el cerco de impunidad que los ampara desde el ejecutivo provincial y la justicia. Todas las oficinas e instituciones creadas desde el estado en nombre de los intereses de la mujer están fuera de cualquier control, elección y deliberación de aquellas a quienes dicen defender y del movimiento de mujeres que defendemos nuestros derechos y de los sectores más vulnerables.
Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero jujeños, nos sumamos al repudio de los abusos y violaciones en manos de oficiales de las fuerzas de la policía jujeña. Exigimos la detención, la suspensión de los agentes y la inmediata investigación. El Estado y el gobierno son responsables.
