Escribe Agustina Martelli
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El pasado miércoles 10, en la Ciudad de Buenos Aires, realizamos una reunión abierta organizada por la Agrupación de Docentes e Investigadores de Política Obrera. Contó con la presencia de una veintena de docentes, investigadores y jubilados de la UBA, la UNTREF y la UNGS, reunidos a partir de la enorme preocupación por la situación nacional y las medidas que está tomando el gobierno de Milei, que sin dudas tendrán un impacto brutal en el ámbito universitario.
Se abordaron distintos temas. Uno es el ajuste brutal a los salarios y jubilaciones producto de la devaluación y la escalada inflacionaria, que en el mes de diciembre alcanzó el 25 %, pero en algunos rubros sensibles como alimentos y medicamentos superó este número. Otro, el congelamiento del presupuesto universitario 2023: mientras las autoridades de las universidades nacionales públicamente piden la triplicación del presupuesto, ya que denuncian que de lo contrario no podrán funcionar más allá del primer semestre, en algunas instituciones esta problemática ya se está traduciendo en recortes sobre los trabajadores más precarizados impulsados por esas mismas autoridades. También, en los meses que se vienen, tendrá un gran impacto el tarifazo en los servicios y en el transporte, que encarecerán enormemente la cursada, sobre todo para aquellos estudiantes y docentes que vengan de provincia a universidades de capital. Además, el destino de la movilidad jubilatoria, que pretenden borrar de un plumazo para suplantarla por aumentos por decreto, asegurando un feroz ajuste del gasto público.
Otro aspecto es el ajuste en el financiamiento para becas e investigación, que se presenta en las becas UBA a través del congelamiento salarial, las restricciones en las condiciones para pedir becas, los recortes concretos en programas de movilidad internacional y una mayor apertura al capital privado a partir de becas cofinanciadas. En Conicet el presupuesto también es el mismo que en 2023 y ya se ha avanzado en los primeros recortes de becas extraordinarias (entre la selección y el alta a la carrera de investigador) y externas. También ha trascendido que en relación a la convocatoria 2023 para becas doctorales (unas 1.300 becas) se publicarían los resultados, pero no se haría efectiva el alta “hasta contar con más presupuesto”.
A todo ello se agregan las graves modificaciones que plantea la ley ómnibus para las universidades nacionales: restricciones de ingreso, arancelamiento para extranjeros no residentes, asignación presupuestaria atada a la matrícula, mayor apertura al financiamiento proveniente del sector privado. El problema de la educación a distancia, que continúa ampliamente en los posgrados y aparece como otra forma de inserción de plataformas y otros organismos privados en la educación. Por último, las restricciones al derecho a la organización obrera asamblearia, el derecho a huelga y los protocolos represivos que impulsa el gobierno.
Del intercambio surgió la necesidad de promover la más amplia deliberación entre los trabajadores y estudiantes universitarios para debatir, coordinar e impulsar medidas de lucha y visibilización.
Se resolvieron las siguientes iniciativas:
La universidad pública, en la mira del gobierno Preparemos la huelga universitaria. Por Docentes universitarios e investigadores de Política Obrera, 08/01/2024.