Tiempo de lectura: 5 minutos
Las últimas noticias aseguran que el gobierno ecuatoriano logró controlar la situación en las calles y cárceles del país. Esto incluye la liberación de 201 funcionarios que se encontraban secuestrados en distintas prisiones y la detención de más de 1.500 personas (178 aprehendidos por “terrorismo”) entre el 9 y el 15 de enero. De los 40 operativos que llevó adelante el Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, resultaron además cinco personas muertas, calificadas todas de “terroristas” por el Estado. El gobierno también anunció que se incautaron 600 armas de fuego, 13.000 municiones y 500 explosivos. Las FFAA indicaron que esta semana continuarán los operativos en todo el territorio nacional. A la par de la declaratoria de conflicto armado interno, en Ecuador aún rige, por 60 días, un estado de excepción que incluye el toque de queda nocturno. En este contexto, el gobierno tiene planteado llevar adelante una profunda reforma que incluye un reforzamiento del aparato represivo y del Ejército, una reforma laboral, tarifazos y tratados de libre comercio internacionales.
Megacárceles y narcoEstado
Frente a los motines que estallaron en las cárceles a partir de la declaración de estado de excepción que el gobierno dictó el pasado martes (luego de la “fuga” del líder narco Adolfo Macías, alias“Fito”), el presidente Daniel Noboa asumió la postura de no negociar con los amotinados. Para destrabar el conflicto, el vocero de la Policía reconoció que se llevó adelante un proceso de diálogo mediado por la Iglesia Católica. Noboa declaró en sus redes que “estamos tomando el control de las cárceles del país”, acompañando la afirmación con un video en el que se ve a cientos de presos sentados en el suelo de una de las prisiones, con las manos esposadas a sus espaldas.
El presidente ecuatoriano ya inició la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, al estilo de las de México y El Salvador, y habilitó tres barcazas adonde se trasladarán transitoriamente a algunos presos. “Estas cárceles flotantes, que se ubicarían a 80 millas de la costa, vendrían de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, tienen capacidad para albergar hasta 400 personas y costarían unos 8 millones de dólares” (El Comercio, 14/01). El objetivo declarado sería aislar a los líderes narcos de las prisiones comunes, las cuales se encuentran en estado de hacinamiento con más de 30.000 reclusos en todo el país. El Ejecutivo también anunció que pedirá el certificado de antecedentes penales a los ciudadanos extranjeros que ingresen a través de las fronteras de Perú y Colombia.
Esta política ha sido criticada en los medios ecuatorianos, debido a que el gobierno no ha anunciado ninguna medida que ataque el profundo entrelazamiento demostrado entre diferentes niveles del Estado con el narcotráfico y sus bandas criminales. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar dirigió en diciembre del año pasado 75 allanamientos simultáneos en siete provincias del país y arrestó a 31 personas claves relacionadas con el crimen organizado, entre las que estaban incluidos jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y políticos que tenían línea directa con capos de alto perfil. En ese entonces, Salazar afirmó que “hoy el término narcopolítica en Ecuador ha quedado en evidencia”.
Reformas y crisis política
El gobierno también puso en marcha la convocatoria a un plebiscito para el mes de marzo, con el cual pretende obtener un respaldo para avanzar con la militarización del país y conseguir un blindaje legal para el accionar represivo. Se trata de una escalada en la intervención de las Fuerzas Armadas, que tiene un alcance regional: el gobierno de Estados Unidos anunció en estos días el envío de una delegación de altos funcionarios hacia Ecuador, entre ellos la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. La Corte Constitucional prepara también en estos días su respuesta a pedidos de constitucionalidad de dos tratados de “apoyo militar” suscritos entre Ecuador y Estados Unidos durante el mandato del expresidente Guillermo Lasso. Noboa adelantó, además, que aceptará el apoyo militar ofrecido por el gobierno de Argentina.
Por otra parte, algunos medios advierten el interés del gobierno ecuatoriano por tecnologías exportadas desde China para establecer un “Estado de vigilancia” (La Nación, 12/01). El diario agrega que “muchos gobiernos latinoamericanos se interesan en estas tecnologías” inteligentes que prometen todo tipo de vigilancia, pero conllevan “muchos riesgos”, como “la falta de respeto por los derechos humanos y libertades civiles” y su posible uso “para espiar de forma furtiva”.
Los analistas han cuestionado la capacidad del gobierno de Noboa de llevar adelante una “bukelización” del Estado. Afirman que Nayib Bukele (presidente de El Salvador) “'tenía mayoría en el Parlamento y, a partir de ello, logró reformas para tener afinidad con la Fiscalía y la Justicia. Además, casi todo su gobierno ha vivido bajo estado de excepción. Eso acá en el Ecuador es imposible', refiere Carrión, quien recuerda que Noboa apenas tiene 18 representantes de los 137 que hay en la Asamblea Nacional” (El Comercio, 14/01). El diario asegura que aunque Noboa “ha conseguido un pacto político importante con el correísmo, eso no es garantía de gobernabilidad”.
El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, había dado muestras de apoyo en sus redes sociales al presidente derechista Noboa y su plan de militarización nacional. Recientemente, incluso, Noboa aplaudió al Parlamento por votar a favor de su Ley Energética, una reforma a medida de las empresas de energía. Pero el diario ecuatoriano Ecuavisa asegura que “la unidad nacional [con el correísmo] solo duró tres días”, debido a que la oposición se opone ahora a la suba de los impuestos que el gobierno quiere establecer para financiar el “conflicto armado interno” (una suba del IVA de un 12% a un 15%). La correista Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Construye y Pachakutik ya adelantaron su negativa a votar una suba del impuesto. El correísmo no se opone al plan de militarización de Noboa, sino que reclaman que lo paguen “los que más tienen”.
Las negociaciones, de todas maneras, están abiertas: “no hay que olvidar que el correísmo está desesperado en busca de que Noboa conceda el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glas (refugiado en la embajada mexicana) si México le diera el asilo. Esa podría ser una ventaja para el gobierno: me das los votos y yo te doy el salvoconducto. Pero todo está muy difícil de prever”, aseguró un analista en La Nación.
En carpeta del gobierno también se encuentra el retiro de los subsidios a los combustibles y un tarifazo generalizado. Leonidas Iza, líder de la organización indigenista CONAIE (cuyo brazo político es Pachakutik), aseguró que “será una chispa para una movilización”. CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), las dos organizaciones sociales más importantes de Ecuador, plantean al gobierno que cobre tributos “a los sectores pudientes de la sociedad”. CONAIE también rechazó el Tratado de Libre Comercio con China que se encuentra en discusión en el Parlamento. Aseguran que “este tratado comercial representa una amenaza para la soberanía nacional, la producción local, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos”. El TLC con China fue firmado en 2023 y la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable sobre el acuerdo. Según Infobae, “ecologistas advierten posible basurero tóxico si Ecuador ratifica el TLC firmado con China” (15/01)
Otro de los ejes del plebiscito será una reforma del Código de Trabajo, para avanzar con una reforma laboral que profundice la flexibilización y la explotación. El gobierno de Noboa, cuyo mandato vence en mayo del año que viene, atraviesa una crisis excepcional, de la que pretende salir a través de una profunda reforma del Estado con el apoyo militar de Estados Unidos y Argentina.
LEER MÁS:
Ecuador: la intervención de las FFAA en toda América Latina Por El Be, 12/01/2024.
Ecuador: el triunfo de Noboa Por El Be, 16/10/2023.
