La burocracia cuelga los botines, la lucha recién empieza

Escribe Comité Editorial

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El gobierno ha enviado la nueva versión de la ley ómnibus, a partir de los acuerdos que logró enlazar con la llamada “oposición dialoguista”. Aunque se suele incluir en ella al PRO, a los radicales y al rejunte de Pichetto-Carrió-López Murphy, el arco es más amplio, pues varios gobernadores pejotistas, “independientes” o provenientes del massismo -como el santacruceño Vidal o el salteño Sáenz- juegan en el campo del gobierno. Milei se ha asegurado un bloque político para sacar adelante al 80% de la ley ómnibus, mientras el el DNU continúa vigente.

La ´nueva´ ley refuerza la confiscación previsional. El proyecto prevé la conversión del Banco Nación y de otras empresas públicas en sociedades anónimas, lo que equivale a una privatización. Además, anula el derecho de protesta y deja vigente el protocolo represivo. El gobierno prometió a los gobernadores la restitución del impuesto a las ganancias a 800.000 asalariados. Pero la clave del proyecto es la cesión casi irrestricta de facultades extraordinarias al Ejecutivo por un año, con prórroga a dos. Entre las materias a delegar, está precisamente la cuestión previsional. Se ha formado un bloque político para proveer de apoyo a un régimen de gobierno personal.

La CGT

La burocracia de la CGT, bajo el paraguas de una huelga parcial y fragmentada, se ha empeñado, durante un mes, en desorganizar aún más al movimiento obrero. Se ha fijado como meta irrealista lograr cambios correctivos en el proyecto de ley ómnibus. Ha fingido ignorar que la destrucción del derecho laboral es el punto de coincidencia estratégica de toda la burguesía –incluidas, por sobre todo, las lacrimógneas Pymes. Ha condicionado cualquier acción ulterior a lo que vote el Congreso. No enfrentó la ley Sturzenegger, ni el DNU ni la devaluación del peso y la libertad de precios. Según la información corriente, en el diseño de la marcha la CGT ha aceptado la vigencia del “protocolo Bullrich”, con un verdadero corralito en torno de la Plaza de los Dos Congresos. Ello no ha impedido que la propia Bullrich organice un vasto dispositivo de intimidación sobre todos los pasos que comunican el conurbano con la Capital. Bajo la forma de un paro ‘temprano’ contra un gobierno con pocos días, la CGT ha capitulado ante las patronales y el Estado. Le queda un improbable consuelo de la Corte Suprema, que podría morigerar tal o cual aspecto de la legislación antiobrera –como que el dinero por la venta de los bonos y acciones del FGS de la Anses se destine al pago de juicios ganados por los jubilados.

El kirchnerismo, por su lado, se ha borrado del mapa; peor aún, ha impuesto aumentos salariales menores a los trabajadores de la gobernación de Buenos Aires y sus municipios. La líder de los descamisados ha hecho mutis por el foro; el sublíder -Sergio Massa- se aseguró que varios de sus funcionarios y de sus propios negocios continúen con el gobierno que los siguió.

Lo que viene

El gobierno quiere la votación de la ley ómnibus como señal de una estabilización económica y política; esta posibilidad ha sido aplaudida con un aumento de la cotización de empresas locales en las Bolsas. Pero la situación objetiva en su conjunto está lejos de consolidarse. Ahora vienen aumentos pesados de tarifas –luz, gas, transporte, y el impacto de las enormes subas en salud, alquileres y combustibles. El gobierno sigue impulsando la desvalorización del peso, con el propósito de obtener un superavit fiscal y abaratar la fuerza de trabajo. Está convirtiendo todas las deudas acumuladas por distintos organismos estatales o paraestatales en bonos del Tesoro, que se ajustan por dólar o inflación. Esto convierte a los ajustes fiscales en una bomba de endeudamiento –los gastos se pagan con nuevos títulos del Estado. La situación ´objetiva´ es que la brecha entre los dólares financieros y oficiales ya supera al 50 por ciento.

Es necesario crear un puente político entre este desgaste de la burocracia sindical, por un lado, y la agudización de la crisis política y social que abre el escenario posvotación de la ley ómnibus, por el otro. En la hipoteca de la burocracia sindical se inscriben los llamados movimientos sociales regenteados por el kirchnerismo, que se han subido a la tarima de la CGT. El kirchnerismo se ha sumado a la lista de cadáveres políticos que deja el peronismo. Los conflictos que no cesarán de agravarse llevarán a los trabajadores a expresarse por sus propios medios, sin la ‘intermediación’ de la burocracia de los diversos pelajes. Es necesario manifestar esta posición en forma abierta, mediante la agitación. Es la forma de ganar el oído y la comprensión de los trabajadores, cada vez más golpeados por el desplome económico y el rodrigazo oficial.

El aparato libertario y sus financistas aseguran lo contrario, a saber, que la ‘apertura’ económica abrirá las puertas para un ascenso económico de dimensiones colosales. “No la ven” –imputan a sus adversarios dentro del propio bloque capitalista. Pero el Banco Mundial, el FMI y la Cepal no adjudican a América Latina una tasa de crecimiento que supere el 1,5 por ciento; hablan abiertamente de una “década despilfarrada”, desde la pandemia a 2030. Esta tendencia se desenvuelve en el marco de una guerra mundial que se extiende desde el Báltico al Mediterráneo; de aquí a todo el Medio Oriente; y,estratégicamente, hacia China y Japón. Las corrientes fascistizantes, como la de Milei, no emergen en los albores de un porvenir venturoso sino en el marco de grandes crisis de conjunto.

Episodios como el que ha protagonizado la CGT en este paro guardan una explosiva analogía con el pasado. El Cordobazo fue precedido por el agotamiento de la CGT de Vandor, que había protagonizado un paro ficticio contra Onganía, en marzo de 1967. La huelga contra el Rodrigazo tuvo lugar luego de un larga colaboración de Lorenzo Miguel con López Rega –y lo mismo el Argentinazo, despues de una década de oficiar de perra faldera del menemismo. En este 24 de enero, la clase obrera ha ido parcialmente a la huelga sin ilusión y mucha desconfianza en todos los aparatos existentes. Es la desconfianza que impulsará las huelgas que merecerán realmente esa calificación.

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