La crisis riojana

El gobernador Quintela se ha puesto a la cabeza de los gobernadores que han salido a cuestionar los perjuicios que provocarían a los intereses locales tanto el DNU como la ley Ómnibus. En este sentido, Quintela tomó la iniciativa en presentar un amparo judicial contra la aplicación del megadecreto, aduciendo perjuicios directos para la provincia.

Su enfrentamiento con el ‘libertario’ ya había empezado desde antes de que Milei fuera electo, cuando durante la campaña anunció, en varias oportunidades que, si LLA llegaba a la presidencia, él renunciaría a la gobernación de la provincia aduciendo que “no estaba dispuesto a aplicar el ajuste que ese gobierno exigiría”.

Esta iniciativa de Quintela, a la par de defender diversos intereses capitalistas instalados en La Rioja, también apunta a un propósito político. El nombre de Quintela ha empezado a barajarse como uno de los posibles dirigentes para una nueva dirección del peronismo a nivel nacional. Quintela está usando su disputa con Milei como campaña para una eventual candidatura a la presidencia del PJ nacional. Durante el gobierno de Fernández, el riojano ya ocupó un lugar importante en las filas peronistas, siendo el que más veces recibió al ahora expresidente y haciendo las veces de vocero de los gobernadores al momento del cierre de listas, cuando impulsó la candidatura unificada de Massa. Por esa labor, La Rioja fue premiada con abultados fondos que la hicieron la provincia más beneficiada por el gobierno de los Fernández en cuanto a transferencias discrecionales (ver https://www.telam.com.ar/notas/202312/649377-transferencias-provincias-reduccion-milei.html).

La reducción de las transferencias discrecionales, anunciada por Milei ni bien asumió pone a La Rioja en una situación crítica en cuanto a su financiamiento, en particular para el pago de los salarios. Debe tenerse en cuenta que La Rioja obtiene el 90% de su presupuesto de fondos de la Nación, de lo cual se asigna más del 70% al pago de salarios. Frente a este panorama, Quintela ha reclamado el pago por parte de Nación de 9.300 millones pesos adeudados de los fondos coparticipables (no discrecionales) del ejercicio 2023. El Gobierno Nacional aduce que La Rioja ya recibió más fondos de los que le corresponden y desconoce la deuda, acusando además a Quintela de malgastar los millones que recibieron durante el anterior gobierno.

Crisis provincial

La brutal inflación y devaluación de diciembre y los primeros días de enero exacerbó la crisis en la provincia, que tiene uno de los salarios estatales más bajos del país. Esto tuvo su primera expresión con la policía, tanto activos como retirados, que se movilizaron el 11 de enero y convocaron a una huelga autoconvocada que tuvo rápida adhesión en todo el territorio provincial, teniendo como epicentro la Plaza 25 de mayo, donde lograron una nutrida convocatoria liderada por su abogado, Sergio Gómez, socio del Senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza. En la movilización, además, algunos policías se jactaron de haber recibido información de que el presidente de Cámara de Diputados, Martín Menem, llevaría adelante una auditoría sobre el manejo de los fondos en La Rioja y que, tras dicho procedimiento, el gobierno nacional podría intervenir la provincia. Estas declaraciones, sumado al fallido y fugaz intento de algunos policías de ingresar a la casa de gobierno, fueron denunciadas por los voceros quintelistas como un intento de “golpe institucional” o incluso “golpe de estado”. Fue un intento fallido, pero para disolverlo el gobierno tuvo que ceder a los reclamos salariales. Un sector más recalcitrante pretendió extender en el tiempo el conflicto argumentando que el aumento era insuficiente, llegando a instalar un acampe que se fue diluyendo con los días.

Tras el acuerdo con los policías, Quintela decidió anticiparse a la previsible movilización del resto de los empleados públicos en busca de aumentos similares y anunció un aumento salarial de suma fija de $80.000 para todos los trabajadores estatales en planta permanente. En el caso de los docentes, la suma se otorgó por persona y no por cargo. En el caso de los empleados precarizados, la suma otorgada fue de $50.000. Junto al anuncio del aumento, el Gobierno anunció que iría a la Corte Suprema en reclamo por los 9.300 millones adeudados, con actualización al ejercicio 2024, que sería de unos 47.000 millones (https://www.pagina12.com.ar/704136-la-rioja-pagara-un-bono-de-80-mil-pesos-para-estatales-y-va-).

Cuasimoneda

En conjunto con las medidas previamente mencionadas, el Gobernador hizo un llamado a sesiones extraordinarias de la legislatura provincial para la aprobación de una ley que permita al gobierno la creación de una cuasimoneda, emitida por la provincia. El proyecto fue rápidamente aprobado, con apoyo de los intendentes y toda la dirigencia oficial y el voto en contra de radicales y ‘libertarios’, que acusaron que es inconstitucional. La ley prevé una emisión de $22.500 millones de un bono de cancelación de deuda, con respaldo en un depósito realizado por el Ejecutivo en el Banco Rioja por el mismo monto en pesos. La ley establece que la moneda puede emitirse de manera física o virtual (se determinará en la reglamentación) y que se puede utilizar para el pago de hasta el 30% de los salarios de los empleados públicos. El bono, que recibe el nombre de “Chacho”, tendrá una cotización oficial de 1 a 1 con el peso y se podrá utilizar para el pago de impuestos provinciales o en empresas de mayoría estatal (SAPEM) como Internet para todos, EDeLaR (energía), Aguas Riojanas o Estacionalo (estacionamiento medido). No se podrá utilizar para transferencias en bancos nacionales o aplicaciones de compra. En cuanto al comercio, el Centro Comercial de la provincia respaldó el lanzamiento, pidiendo que sea digital, que se pueda acceder al cambio por pesos en plazo de 48 hs de realizada la operación y además participar de la comisión legislativa que hará el seguimiento del bono. Sin embargo, la aceptación del bono en comercios individuales y el monto al que se lo reconozca, es aún una incógnita. En los medios locales se cita la experiencia del “Evita”, bono emitido en el marco de la crisis 2001/02 que supo mantenerse a la par del peso en el mercado local pero sí tuvo inconvenientes en las operaciones con otras provincias, en las que en el mejor de los casos se recibía al 60%. En cuanto al pago de salarios, el gobierno aclaró que el aumento de 80 mil anunciado para cobrarse en febrero se cobrará íntegramente en pesos, ya que el bono aún no está reglamentado. Los tiempos de implementación dependerán de si el bono es virtual (en ese caso podría entrar en circulación en febrero o marzo) o físico (tardaría 3 o 4 meses).

Movilizaciones

Tras el anuncio de los aumentos -sin convocatoria a paritarias ni diálogo con ningún gremio- se suscitaron numerosas movilizaciones de trabajadores estatales en reclamo salarial. En primer término, fueron los empleados de vialidad, seguidos por salud y judiciales. Los trabajadores de la salud son los que llevan movilizaciones más sostenidas, denunciando como insuficiente el anuncio del gobierno, que además se trata de sumas no remunerativas y que no tienen impacto en las magras sumas que cobran de básico o en el pago de guardias. Si bien no es una consigna central de las movilizaciones, el rechazo al bono es un reclamo que se cuela fuertemente en las convocatorias. La docencia, por su parte, se movilizó tímidamente junto a salud sumando su propio reclamo, según lo votado en una asamblea virtual de Autoconvocados. En su caso, SAE (uno de los gremios creados por autoconvocados) se pronunció en rechazo al bono, seguido por DUAR (el otro gremio surgido de la división del movimiento, centrado en Chilecito). AMP, por su parte, justificó el anuncio en el ahogo financiero a la provincia y concentró fuerzas en el paro del 24 contra el DNU y la Ley Ómnibus.

Desde el mes de julio del 2023 comenzó a funcionar una asamblea constituyente convocada por el gobierno. Cuenta con una mayoría (27) amplia de convencionales del PJ. La minoría (8) que responde a JxC y 1 a una fuerza local. El objetivo de esta constituyente es reformar parcialmente la constitución de la provincia sancionada en 1986. Entre los propósitos declarados de la Constituyente se plantea ampliar los derechos relativos al agua, la energía y a la conectividad. Es precisamente alrededor de estas cuestiones que por el momento aparecen como telón de fondo de los intereses capitalistas que están en juego en esta crisis, que comienzan a salir a la luz. En relación al agua el gobierno el gobierno firmó un acuerdo para entregar el manejo del agua a la empresa israelí Mekorot, en paralelo puso en pie Kallpa Sapem, una empresa mixta (estatal y privada), para la exploración y explotación del litio riojano.

Son estos grandes intereses a los que se aferra Quintela, que nada tienen de nacionales y populares, y que muestran que tanto la matriz de la política de Milei, como la de todos los opositores, tienen por base los intereses del gran capital. Los choques que se suscitan, responden a las pugnas entre los grandes grupos por el reparto de la torta de los negocios que tantos unos como otros impulsan a costa de una mayor explotación y empobrecimiento generalizados del pueblo trabajador.

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